“No hay razones que justifiquen que los agentes de seguridad del Estado violenten el principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que determine eventuales responsabilidades penales. Después de 30 años de democracia ininterrumpida, llegó la hora de que el Poder Legislativo provincial debata un nuevo marco legal de seguridad ciudadana, buscando alcanzar consensos mínimos que garanticen que la prevención y el legítimo combate del delito no vulneren los derechos básicos de los habitantes de Córdoba.”

(De la declaración del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que expresó su “profunda preocupación” por los siete casos de gatillo fácil registrados en lo que va del año en esa provincia.)