A casi medio año de gestión, el macrismo elabora su primera propuesta para reducir la generación de residuos en la ciudad: la elaboración de una ley de envases mediante el cual se cobre un arancel a las empresas que generan productos con packaging, con un monto proporcional al impacto ambiental de cada embalaje, según revelaron a PáginaI12 fuentes del gobierno porteño. Para lograr ese objetivo, los que impulsan esa propuesta deberán resistir el lobby empresario que viene frenando un proyecto similar en el Congreso nacional. En lo inmediato, podría reducirse en un diez por ciento el volumen de basura que se entierra en los rellenos de la Ceamse (Coordinación Ecológica del Area Metropolitana Sociedad del Estado) mediante la recuperación de los escombros y el producto de la poda: la ciudad paga para su disposición final cuando podría utilizarla para relleno, evalúan en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. A esas propuestas se agrega el nuevo pliego de licitación del servicio, que el Ejecutivo enviará en unos días a la Legislatura, y que contempla dividir el negocio de la basura –hoy dividido en seis zonas– entre solo dos empresas privadas.

Las propuestas se conocieron después de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la ley de Basura Cero, que se llevó a cabo hace una semana, con la participación de representantes de cooperativas de cartoneros, entidades ambientalistas y miembros de las cámaras de empresas productoras de los distintos tipos de envases, con autoridades del ministerio. En ese encuentro, las organizaciones hicieron oír su reclamo por las demoras en la implementación de la ley.

La norma, aprobada por la Legislatura a fines de 2005, contempla un plan de reducción de los residuos destinados a relleno de un 30 por ciento para el año 2010, del 50 por ciento para el 2012 y del 75 por ciento para 2020, tomando como base los valores de 2004: 1.497.000 toneladas. La ley se reglamentó recién en 2007, un año en que la basura destinada a los rellenos de la Ceamse, en lugar de reducirse, creció más de un 10 por ciento: 1.650.000 toneladas.

En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento durante la gestión del macrismo no estuvo ausente la polémica. El jefe de Gabinete de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, les pidió a las organizaciones ambientalistas Greenpeace y Gaia informes sobre el impacto ambiental del enterramiento de basura, tal como lo hace la Ceamse, por un lado, y de la incineración de residuos, por otros, respectivamente. Muchos pusieron el grito en el cielo ante la formulación de esta última propuesta, ya que la incineración está expresamente prohibida por la ley 1854. Desde el ministerio aclararon que “no está en estudio esa posibilidad, pero tenemos ofertas frecuentes de sistemas de combustión y necesitamos una evaluación”. De todas maneras, destacan que el sistema de “combustión con recuperación de energía se emplea en muchos países de Europa, donde están prohibidos los rellenos sanitarios”.

Los contratos de recolección de residuos vencen en febrero de 2009 y las empresas prestatarias están en mora con la construcción de los centros verdes para reciclado. “De los seis centros verdes que exigen los pliegos se han habilitado sólo dos, de los cuales uno sólo tiene las instalaciones correctas, el de Bajo Flores”, advirtió Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace.

El 20 de junio se inaugura el centro verde que la empresa Cliba construyó en un galpón de Retiro para la Cooperativa El Ceibo. “Y en unos días más empieza a funcionar la planta provisoria que la empresa Integra construyó en el Bajo Flores”, dijo a PáginaI12 Alicia Motoya, de la cooperativa de cartoneros El Alamo, que estará a cargo de ese centro verde. Esa planta, en realidad, debía estar ubicada en Saavedra –el área de trabajo de la cooperativa–, pero los vecinos de ese barrio la rechazaron. Por eso, la empresa habilitó una “playa de transferencia” en Roosevelt y Constituyentes, Villa Pueyrrredón, para luego trasladar los materiales al Bajo Flores para su separación.

También despertó polémica entre los miembros de la comisión la intención del gobierno porteño de que la comisión “no discuta las políticas, sino que se limite a monitorear el cumplimiento de la ley” y a poner “reglas de admisión, pidiendo acreditación a cada integrante de la comisión por parte de las organizaciones que representan”. En el Ministerio de Ambiente aseguran que estos criterios son para “poner límites a los lobbies de empresas vinculadas con la generación de residuos”.

La prevención está vinculada con el proyecto de ley de envases, que consistiría en arancelar los productos con packaging que contaminan el medio ambiente, con valores proporcionales al impacto ambiental del envase. Un capítulo especial, según pudo saber PáginaI12, merecerían las bolsas plásticas de supermercado, luego reutilizadas como bolsas de basura, consideradas como uno de los elementos más contaminantes –especialmente las que tienen impreso el logo del comercio–, ya que no se degradan en los rellenos sanitarios. El objetivo sería estimular a las empresas para que reduzcan los envases y que “se hagan cargo del costo ambiental que generan”.

La demorada reducción de la basura que va a los rellenos tendría un primer capítulo en la disposición de los escombros y productos de la poda, que “son reutilizables, pero que hoy se derivan a la planta de transferencia de la Cemase: inexplicablemente, la ciudad paga por algo que podría utilizar”, dijo a este diario una fuente del gobierno porteño.