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Santiago del Estero arde, esta vez por los estragos que está dejando una denuncia por supuesto tráfico de niños, capaz de provocar derrames en todos los sectores del poder. El escándalo en el pueblo de Añatuya, a 200 kilómetros de la capital, incluye a personajes de primera línea de la Iglesia, a funcionarios del Ejecutivo local y judiciales. La causa fue lanzada hace una semana por un legislador del PJ con un procesamiento pendiente: dijo que en el hospital había enterrados cadáveres de niños. En estos días, hubo mujeres que salieron a respaldarlo y otras que ahora lo acusan de haberles pagado para reforzar “su mentira”. En ese marco, el juez Alejandro Chanán encontró enterrados en el patio del hospital del pueblo restos de huesos humanos de adultos, otros supuestamente más pequeños y un frasco con restos de un feto. Entre las hipótesis en danza se encuentran tres: los denunciantes creen que esto es parte del trabajo sucio de la organización clandestina, los denunciados lo niegan y el juez lo pone en duda.
Los huesos de fémur, tibia, peroné y el resto de las pequeñas piezas humanas hallados esta semana en el patio del Hospital Zonal de Añatuya fueron los primeros indicios concretos de la denuncia lanzada hace una semana por Néstor Floridia, un legislador del PJ provincial enfrentado en este momento con todos los sectores políticos de su provincia. Floridia lanzó la denuncia del supuesto tráfico de niños y con ella desató un escándalo contra sus opositores. Denunció a un fiscal y al obispo como capitanes de un escuadrón que se dedicó al menos 15 años a comercializar chicos y bebés recién nacidos a cambio de alimentos o comida.
Esa acusación provocó una reacción en cadena contra el legislador desde todos los frentes. El obispo Antonio Baseotto y el fiscal Carlos García se defendieron de la acusación y recordaron los antecedentes penales de Floridia. El legislador que el 31 de octubre termina su mandato está procesado en su provincia por cuatrerismo. En sus declaraciones públicas, Baseotto negó la acusación y le advirtió a Floridia que “con esto se está cavando su propia fosa”.
Floridia está convencido –y así lo dijo– de que en el patio del hospital de su pueblo se usó como cementerio clandestino para enterrar a los bebés que no podían venderse. Con esa denuncia, el juez Alejandro Chanán trabajó durante toda la semana en algunas zonas de las tres hectáreas del patio. Puso a un equipo de hombres a trabajar con palas y descubrió algunas cosas, al menos, raras. El primer día encontró dos bolsas. Una contenía restos de tibia, peroné y un pie, presuntamente producto de una amputación en un adulto. En la otra bolsa, según Floridia, había restos de huesos más chicos, pero el juez aún no lo sabe: “Mire –explica el juez–, en esa bolsa había algo que estaba en pleno estado de descomposición, yo no tengo elementos aún para decir que sí o que no”. En los días siguientes, se encontraron más fémures, entre otros huesos, todos presuntamente de adultos.
El único hallazgo curioso fue el frasco con restos de un feto. Apareció el jueves a la noche y aún no se sabe qué ni por qué se enterró así en el lugar. Esas mismas dudas las tiene incluso el director del hospital, Daniel López. “En estos pueblos –le dijo a este diario–, como no tenemos hornos incineradores usamos este lugar como enterramiento sanitario, eso explica los restos humanos, pero no el frasco.”
En tanto, las excavaciones no se terminan. Los denunciantes, algunas madres y el propio legislador esperan que aparezca algo en una franja de difícil acceso lindera a la morgue. El juez recién hoy recibirá una retroexcavadora para seguir con el trabajo, pero aun así su sensación es pesimista. “Sinceramente –aseguró una fuente del juzgado–, no creo que aparezca nada.”
El lunes, Floridia presentará una nueva denuncia con más pruebas. Esta vez el testimonio de una vecina, Yolanda Vázquez, otra de las madres supuestamente estafadas por la (también supuesta) organización clandestina. “Me internaron por loca durante una semana –dice la mujer– y ahí aprovecharon para sacarme a mis hijos.” En total, dice, perdió tres de sus seis hijos. Uno tenía siete meses, y los otros 2 y 6 años. Cuando preguntó dónde estaban, se lo explicaron: “En la provincia (sic) de Lomas de Zamora”. Yolanda ahora tiene 40 años, vive en las afueras del pueblo y se mantiene con trabajos de lavandería o de limpieza en algunas casas de los alrededores. Su caso tiene 15 años y es uno de los primeros que habrían aparecido en el pueblo.
–¿Intentó hacer antes la denuncia?
–Apenas salí del hospital fui al hogar a ver a una monja y no sabía nada, después me fui a los tribunales para hablar con García (por entonces defensor de menores). Cuando le pregunté y le pedí verlos no me dejó.
–¿Le dio alguna explicación?
–Que los tenía una familia en la provincia de Lomas de Zamora que no podía tener hijos y necesitaba criaturas. Y después, que me iba a mandar un papel para que lo firme.
Yolanda asegura que nunca firmó los papeles. Y que no tiene documentos de ellos.