El asesinato de Raúl Eduardo Domínguez, un ex empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero que había denunciado hechos de corrupción en ese organismo oficial, sigue sumando incógnitas y oscuras vinculaciones con sectores de poder de la provincia. La novedad es que la Justicia comprobó que un alto funcionario de la División Delitos Económicos de la policía local mantuvo una serie de comunicaciones telefónicas con una de las cuatro personas detenidas por la estafa contra Rentas. Esas llamadas, detectadas mediante la utilización del sistema VAIC, de entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, se produjeron antes de la desaparición de Domínguez, el 13 de mayo pasado, y luego del hallazgo de su cadáver, en el barrio El Vinaral, el 27 del mismo mes. El juez que investiga el crimen, Gustavo Adolfo Herrera, recibió un informe de la Jefatura de Policía, en el que se confirmó que el teléfono celular detectado a través del sistema VAIC pertenece a un miembro de Delitos Económicos, cuyo nombre no fue revelado. Tampoco se sabe la identidad del detenido con el cual el jefe policial mantenía extensas y reiteradas conversaciones telefónicas.

En la causa por defraudación en Rentas, que se inició a partir de las denuncias presentadas por Domínguez, hay doce imputados, cuatro de los cuales siguen detenidos. La sospechosa de mayor jerarquía es la ex directora de Fiscalización de Rentas, María Virginia Cura, quien salió en libertad bajo fianza. Raúl Eduardo Domínguez hizo tres declaraciones ante la División Delitos Económicos. En la tercera ocasión fue acompañado por una de sus hijas, María Marta Domínguez, quien luego declaró que en esa oportunidad su padre mencionó el nombre de un funcionario del gobierno provincial que supuestamente estaba involucrado en las maniobras ilegales. Curiosamente, esa declaración nunca pudo ser encontrada.

Una fuente cercana al juez Gustavo Adolfo Herrera le confirmó a PáginaI12 que están investigando a un alto jefe policial, pero eludió dar precisiones. Lo que se pudo saber es que se ha comprobado que hubo “numerosos contactos” entre un funcionario de Delitos Económicos y al menos uno de los imputados en la causa por la defraudación. Los abogados Bernardo José Herrera y Daniel Escobar Correa, quienes representan a los familiares de Domínguez, precisaron que “es al menos llamativo, por no usar otras palabras, que se registraran 17 llamadas durante los días 12 y 13 de mayo pasados, es decir en el día previo y en la fecha exacta en la que se produjo la desaparición de la víctima”.

Por si fuera poco, las pericias realizadas revelaron, además, que los contactos entre el jefe policial y los imputados se repitieron horas después del hallazgo del cuerpo de Domínguez, quien estuvo desaparecido durante dos semanas. El miércoles pasado, la Jefatura de Policía entregó al juez Herrera el listado con los números de los teléfonos celulares y fijos del personal de la dependencia policial bajo sospecha. Por otra parte, los abogados de la familia Domínguez solicitaron al magistrado que determine si el teléfono celular investigado fue usado también para hacer contacto con otra persona detenida en un asalto millonario a la madre de un abogado del fuero local, Víctor Nazar. Todo indicaría que el mismo policía tiene una extraña vinculación con los dos hechos.

En fuentes judiciales se supo que el número sospechado tiene característica de la ciudad de San Miguel de Tucumán. “El policía está identificado, pero igual se mantiene reserva del nombre”, insistió el vocero judicial consultado por este diario. El juez Herrera anticipó a la prensa de Santiago del Estero que levantará el secreto de sumario una vez que reciba los resultados de la autopsia al cadáver de Domínguez, que fue realizada por el cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los resultados podrían llegar la semana próxima.

Algunas informaciones, no confirmadas por la fuente judicial, indican que el mismo jefe policial sospechado tendría una vinculación cercana con una mujer que es pareja de otro de los imputados en la defraudación contra la Dirección de Rentas. Las sospechas sobre la policía provincial vienen de lejos, ya que algunos testigos dijeron haber visto un Fiat Uno de color blanco horas antes de la desaparición de Domínguez y en los momentos previos a la aparición del cadáver, el 27 de mayo pasado. El mismo auto había sido sorprendido cuando, desde su interior, dos desconocidos tomaban fotografías de la casa de la familia Domínguez.

Un vecino, a su vez, le sacó una fotografía al auto. Esa foto fue llevada a la Justicia por Cristina Torres, esposa de Domínguez, bajo la sospecha de que sería un auto al servicio de la policía provincial, dato que nunca pudo confirmarse. Desde que comenzó el caso, los familiares del empleado provincial asesinado vienen reclamándole al juez que los reciba. Ellos dicen tener información que puede orientar la búsqueda hacia los autores del asesinato.