Todo indica que los sicarios que mataron a Juan Sebastián Galvis Ramírez realmente querían matarlo a él. Pero parece que el mensaje era para el hombre que, en ese grupo, mueve el dinero: el cuñado de la víctima, Jorge Iván González Ramírez. Este ingeniero agrónomo es el que compró el yate que, tal como adelantó Página/12 en exclusiva, está amarrado en San Fernando, el que compró o alquiló el piso 37 de un lujosísimo edificio en Puerto Madero y también compró la camioneta Tuareg de 72.000 dólares. A primera vista, el súper cuñado, que no registra antecedentes en Colombia, estaba refugiado en la Argentina y no se sabe bien por qué los sicarios quisieron dejarle el mensaje. Según los investigadores, los asesinos buscaron dejar en claro que lo pueden matar cuando quieran y, supuestamente, le están reclamando dinero.

Para colmo, hay pasos judiciales que se demoraron: el departamento no fue allanado –recién anoche se pidió el allanamiento al juez Rafael Sal Lari– y parece obvio que ya sacaron de allí todo lo que querían sacar. Tampoco requisaron el yate “Woods”, llamado así en honor al célebre golfista.

La víctima de la ejecución estuvo poco en la Argentina: dos días en 2003, 20 días en julio de 2008, otros 20 días en septiembre, una semana en diciembre y había ingresado por última vez el dos de febrero de 2009. Es decir que no estaba afincado en el país. Su padre tampoco se radicó en estas playas y, según dicen, fue invitado por su súper yerno para impresionarlo y consolidar la pareja con su hija. El tercer colombiano presente, Jesús Ariel Cubillos, parece un guardaespaldas y tiene como antecedente de tres años de prisión por narcotráfico en Colombia. Por último, el grupo se completaba con un argentino, Ricardo Gonsebat, marinero del yate.

Con todos estos elementos a la vista, la hipótesis que más barajan los que investigan el caso es que el protagonista importante de la historia es el cuñado del ejecutado, González Ramírez, de 34 años. El problema es que no están claras sus actividades y las demoras en los allanamientos hacen que no sean muchas las esperanzas de encontrar elementos que expliquen el móvil del crimen. Por de pronto, González Ramírez tenía la Tuareg a nombre de otra persona, un remisero, el yate también lo puso a nombre de un tercero y respecto del departamento en el piso 37 de la torre central del edificio de la calle Azucena Villaflor 550, en Puerto Madero, tampoco hay nada claro. El dice que lo alquila, pero el departamento está a nombre de una sociedad. Sin embargo, lo cierto es que el súper cuñado de la víctima no tiene antecedentes. Tampoco está claro cuál es el origen del dinero que invirtió en el país.

Ante el fiscal Luis Angelini, González Ramírez dijo que estuvo secuestrado seis meses por las FARC, que se dedica a la explotación ganadera y que no tiene nada que ver con actividades ilegales. Aseguró no saber por qué fusilaron a Juan Sebastián de la manera en que lo hicieron. En los tribunales de San Isidro corre la versión de que los colombianos estarían a punto de designar al mismo abogado que defendió a Julio Andrés Jiménez Jaramillo, el sobreviviente del doble crimen del shopping Unicenter. La versión no pudo ser confirmada por este diario.

Las hipótesis que se manejan son varias:

- Que González Ramírez se dedicaba al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en ese marco desconoció alguna deuda.

- Que estaba refugiado aquí debido a una guerra entre narcos.

- Que está en el país en el marco de operaciones de tránsito de cocaína hacia España.

Hay un dato concreto que surge de un informe de la Fuerza Aérea de Colombia. En el texto se señala que un hombre conocido como Jota y llamado Jorge Iván González Ramírez -–el nombre del súper cuñado– fue detenido en el marco de una investigación sobre lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, supuestamente producidas por las FARC, pero utilizando en las operaciones financieras a ex paramilitares. El informe dice que en abril de 2002 se allanó una casa en Bogotá y se descubrieron 1029 millones de pesos colombianos originados en el narcotráfico. “Allí se encontró documentación que probó que dos hombres, Jota y Don Tato, trabajaban para un hombre conocido como el Viejo. En concreto, se pudo establecer que Jota y Don Tato eran Jorge Iván González Ramírez y Jorge Ignacio Quintero Restrepo”. Sin embargo, en el mismo informe se señala que ambos fueron después dejados en libertad a raíz de que dio negativo una rueda de identificación.

Ahora, el fiscal Angelini tendrá que determinar si este González Ramírez es el mismo que aquél y cuál es el origen del dinero del cuñado. Por ese camino se podría establecer el móvil de la ejecución.