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Cuando aún no está formalizada la reestatización de Aerolíneas y Austral, el secretario de Transporte negó que en los planes oficiales incluya la idea de aplicar una política diferenciada para las firmas que quedarán en la órbita del Estado y ratificó la estrategia de mantener las bandas tarifarias para todas las compañías que operan cabotaje. De este modo, Ricardo Jaime desechó el reiterado reclamo de las líneas aéreas que se desempeñan en el mercado doméstico de que se libere el precio de los pasajes para recomponer ingresos.

“Las empresas que quieren liberar las tarifas son las mismas que luego nos piden subsidios a los combustibles”, señaló el funcionario en declaraciones televisivas, aludiendo a la subvención al JP1 que el Gobierno otorga para cubrir parte de su precio cuando éste supera cierto nivel. Aunque no dio ningún nombre, el sayo les cabe a las operadoras como Lan, Sol, Andes y a las propias AA y Austral, cuya conducción privada clamó a coro con el resto que el Gobierno quite los topes sobre el valor de los pasajes aéreos.

El argumento para formular esta exigencia es que sin piso y techo es posible reacomodar la segmentación de los vuelos de modo tal que puedan ofrecerse pasajes más baratos, encareciendo los tickets corporativos, cuya compra afrontan las empresas y no los viajeros en forma individual. Este concepto, fundado en la idea de que el precio promedio bajaría, está también sostenido por algunos estudios académicos, como el que poco tiempo atrás publicó el Instituto Di Tella referido al mercado aéreo: allí descubre cómo en Argentina finalmente el precio máximo y mínimo de los pasajes están muy próximos y cuán grande es la concentración de la oferta en los más caros.

“La política de bandas tiene treinta años y la fijación de un piso tiene que ver con los costos operativos de cubrir esa ruta”, justificó Jaime. El temor oficial es que una posible desregulación de las tarifas facilite maniobras de dumping de parte de las líneas que quieran eliminar a la competencia para luego reacomodar los precios a su arbitrio. “Hay empresas que vuelan a todo el país, mientras que otras sólo van a los diez destinos que son rentables”, defendió el titular de Transporte, aludiendo a la obligación de las firmas reestatizadas de cubrir muchas rutas a pérdida, mientras que las privadas intentan quedarse con la crema del negocio.

Las regulaciones también permitirían controlar ciertos abusos del mercado. Transporte decidió iniciar un sumario para investigar la política comercial de la rosarina Sol, que habría aplicado presuntos sobreprecios en los vuelos entre Rosario y Villa Gesell. La firma de la turística Trasatlántica habría aplicado un plus que casi duplicaba el valor del pasaje, violando la banda y sin que hubiese un justificativo muy preciso en concepto de qué se imponía ese sobreprecio.

“Las empresas quieren volar a dos o tres destinos. Pero no es posible que cubran sólo los grandes centros poblados o turísticos, mientras que hay capitales de provincia que tienen frecuencias insuficientes para sus necesidades”, se quejó. Este criterio no sólo tiene relevancia para definir la estrategia de precios, sino también para la asignación de rutas, competencia de una comisión especial que opera en Planificación y, a juicio de Transporte, “con pautas estrictamente objetivas y técnicas”.

Esta precisión contraría la idea que impera en el mercado, donde está instalada la sospecha de que la asignación de rutas a una línea aérea suele estar contaminada por la arbitrariedad de los funcionarios de turno, que podrían imponer sus ideas aun en las audiencias que se organizan con otras competidoras en las que deben participar las firmas aspirantes a volar nuevas rutas. “La política aerocomercial debe ser para todos y de ningún modo nosotros vamos a hacer una política individual para Aerolíneas y Austral”, defendió el hombre fuerte de Transporte.