“Mis hijas lloraban al ver que me pegaban y me llevaban”, contó a este diario uno de los vecinos que vivían en un edificio de Paseo Colón al 1500 y ayer fueron desalojados por el gobierno de la ciudad. El lanzamiento, sin orden judicial y sin aviso previo, se efectuó a las 5 y media de la mañana bajo la figura del “desalojo administrativo”, que argumenta malas condiciones de habitabilidad del inmueble. Cerca de cien familias vivían en el lugar; el gobierno de Mauricio Macri otorgó a cada una un subsidio total de 7000 pesos y, para quienes no tienen a dónde ir, aceptó guardarles los muebles en depósito por un máximo de 30 días. El miércoles ya se había allanado el lugar “por narcotráfico”. Fueron ocho los vecinos detenidos cuando, abrazados en cordón ante la puerta de entrada, intentaron frenar el desalojo; horas después fueron liberados y están procesados por “resistencia a la autoridad”. Según testigos, la Policía Federal fue acompañada por un grupo de civiles pertenecientes al gobierno de la ciudad, que también habrían actuado con violencia.

“Yo salí a las seis de la mañana con mi nena para ver qué pasaba, y me golpearon en los pies y en los brazos. Están diciendo que somos narcos, pero yo trabajo en un hospital de la ciudad” –contó León, uno de los vecinos detenidos–. Mis hijas se pusieron nerviosas, lloraban al ver que me pegaban y me llevaban.” Las hijas de León tienen 13, 11 y 6 años; la que vio cómo le pegaban a su padre es la mayor.

“Estábamos abrazados haciendo un cordón delante de la puerta cuando los matones de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público, creada en octubre pasado por Mauricio Macri) nos agarraron de a uno para romper el cordón y ayudaron a los policías a llevarnos al patrullero –contó Pablo, de la Agrupación Aukache–. Estuvimos cinco horas en la comisaría.”

“La policía rompió las puertas”, agregó Fernando, también desalojado. Ayer a la tarde, el gran portal de Paseo Colón 1588 había sido tapiado. En la calzada, se amontonaban muebles y cosas de los desalojados. Isabel Cañamero estaba sentada en medio de la avenida, con sus cosas alrededor y aspecto de desconcierto: “Una familia amiga me va a alojar, pero necesito un flete para que me lleven hasta allá. Me lo tienen que dar, ¿no? –ella le pregunta al cronista–. No creo que me permitan estar hasta mañana en la calle, ¿no?”. La señora Cañamero tenía una gran marca cárdena y un apósito bajo el ojo izquierdo, secuela del allanamiento efectuado dos días antes por orden del juez federal Norberto Oyarbide: “Me lo hicieron los policías –explicó–. Yo estaba en la cama y ellos pegaban patadas contra la puerta. Me levanté para abrir y una patada me dio de lleno”.

Junto a ella estaba su sobrina Agustina, de cinco años: “Mi tío Manuel va a vivir conmigo pero está de viaje. ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Vos le vas a decir? –le dijo Agustina al cronista–. Decile que vamos a casa de mi padrino. Manuel va a venir hoy. Ahora no nos va a encontrar”, repetía la nena. La tía, con la mirada perdida, no estaba en condiciones de contestarle y el cronista se reprocharía después no haberle dicho a Agustina que el tío Manuel, seguro, los iba a buscar en lo del padrino.

Otros vecinos, como la señora Dora, decían que “la culpa es del que vendía la porquería –cuatro minoristas de paco fueron detenidos en el allanamiento del miércoles–: vos no podías decir nada porque te ponían la pistola en la cabeza”.

Hernán, con su perfecta dicción boliviana y hablando como quien redacta, manifestó: “Creo que es mejor tener un solo dolor: sufrir unos días y, después, creo que viviremos con felicidad. Ya se han compadecido –dijo–: una amistad nos ha conseguido un lugar para guardar las cosas, pero no para utilizarlas. No queremos incomodar.” ¿Y dónde irán a vivir? “No sabemos todavía. Tenemos que buscar”, contestó Hernán. “Nos han hecho un bien –dijo, con extremada cortesía–, pero no es la forma: sabemos que era un lugar ajeno, que tendríamos que salir, pero pensábamos: que nos den un tiempo, un día para sacar nuestras cositas.”

Dos semirremolques se disponían a trasladar a depósitos, contratados por el gobierno de la ciudad, los bienes de quienes no tenían adónde llevarlos. Entre la humildad de los enseres se destacaban varias heladeras nuevas: hacía poco los vecinos se habían organizado para comprar un medidor y pagar la electricidad compartida. La custodia de los muebles será “por un máximo de 30 días”, según uno de los operadores del gobierno de la ciudad. El cronista pudo escuchar cómo este operador –de remera blanca y anteojos oscuros– les ofrecía a los desalojados “poner unos pesos y llevar las cosas a otro lugar donde van a estar más seguras”.

En el local –cuya propiedad está en litigio judicial entre el gobierno de la ciudad y un particular–, vivían 103 familias con un total de unas 400 personas, más de 200 de las cuales son niños y adolescentes. Muchos de ellos se habían reunido en cooperativa para pedir apoyo al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), lo cual no prosperó. Un día antes del desalojo, Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, había propuesto “una mesa de diálogo entre el gobierno de la ciudad y estos vecinos”.

El procedimiento se vincula con la política, explicitada por el gobierno de la ciudad, de desalojar inmuebles municipales cuyos ocupantes no tengan títulos legales, aunque en este caso no es propiedad comunal. Según la Asamblea del Pueblo de San Telmo, “el mecanismo utilizado, desalojo administrativo, es el mismo que se usó contra los cartoneros de Barrancas de Belgrano el año pasado, con el agravante de que esta vez no se trata de espacios públicos”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de la ciudad, aseguró que “se analiza la situación de cada familia” y dijo que al principio se registró “resistencia, en especial de vendedores de drogas que presionaban a la gente para que no se fuera”, pero que después todo se desarrolló “con normalidad”.