El gobierno porteño efectuó otro desalojo, sin orden judicial y por la fuerza, que afectó en este caso a diez familias. El operativo, al que no se había dado difusión, se produjo el lunes pasado en una construcción de la avenida Paseo Colón, lindante con la que había sido desalojada el viernes de la semana pasada. La metodología fue similar: “Rompieron las puertas, nos dieron una hora para irnos”. Además, en este caso, “quedaron allí máquinas de nuestro trabajo de carpintería que todavía no nos devolvieron”. Según la directora de la Comisión de Ciudadanía Plena de la Legislatura, “el gobierno de la ciudad usa el desalojo administrativo, concebido para situaciones de urgencia, como procedimiento habitual para dejar gente en la calle”. Además, la diputada Liliana Parada denunció ante la Justicia penal la acción violenta, en el desalojo del viernes pasado, de sujetos pertenecientes a la UCEP (Unidad de Control de Espacios Públicos), que acumula denuncias por abusos contra vecinos.

El desalojo se efectuó a la una de la tarde del lunes en Paseo Colón 1574, donde vivían más de 50 personas. “Nos dieron dos horas para irnos –contó Marta, una de las vecinas echadas–. A un señor que tenía un taller y no estaba en ese momento, le rompieron la puerta. A mí me tiraban bolsas para que guardara todas las cosas. Yo estaba sola, me hurgueteaban mis cosas. Todavía estábamos sacando lo nuestro cuando empezaron a demoler la pared. Nos hacían salir con guardias atrás para que no pudiéramos volver.”

Gladys, otra de las vecinas, agregó que “yo pedí la orden de desalojo y me mostraron un papel pero no me dejaron leerlo”. Además, “quedaron allí unas máquinas de carpintería que mi esposo usa para trabajar; todavía no las devolvieron y no sabemos si siguen allá o no”.

Ahora, contó Marta, “estamos en un lugar muy chico y nuestras cosas quedan a la intemperie; las tapamos con nailon pero, como llovió, las cosas se han humedecido”.

La abogada Claudia Neira, directora de la Comisión de Ciudadanía Plena de la Legislatura, había sido llamada por los vecinos y fue testigo presencial del desalojo: “Los primeros que llegaron fueron los del programa Buenos Aires Presente (BAP), del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que se encargan de entregar el subsidio de 7000 pesos para personas en situación de calle. Esperaron a que llegaran los representantes del Ministerio de Justicia de la ciudad, que, acompañados por la Guardia de Infantería policial, dejaron a los vecinos en situación de calle, y entonces ellos les dieron el subsidio”.

Según observó Neira, “para efectuar un desalojo se necesita una orden judicial: como excepción, un municipio puede recurrir al ‘desalojo administrativo’ ante una emergencia, una situación de riesgo, mediando informes técnicos que acrediten la urgencia. Pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo usa sistemáticamente para echar gente”.

El viernes de la semana pasada, la policía y funcionarios del gobierno de la ciudad habían irrumpido en el vecino inmueble de Paseo Colón 1588, a las cinco y media de la mañana, “pese a que la propia orden de desalojo administrativo requería que fuese efectuado en horario diurno”, observó la diputada porteña Liliana Parada (Igualdad Social), que presentó en la Legislatura un pedido de informes al Ejecutivo sobre las presuntas irregularidades en ambos desalojos de Paseo Colón.

La abogada Neira advirtió que “la multiplicación de desalojos hace que la capacidad de los hoteles e inquilinatos tienda a colmarse”. La desalojada vecina Gladys –junto a su nene de cinco años– agregó que “en los hoteles no quieren familias con chicos”.

Neira afirmó que los desalojos se insertan en “la falta de una política de vivienda para estos vecinos que en general trabajan, tienen ingresos y podrían afrontar una cuota razonable: Macri vetó parcialmente la ley de emergencia habitacional, y la Ley 341, de Cooperativas de Vivienda para Autoconstrucción, desde el año pasado ha sido desfinanciada por el gobierno de la ciudad”.

Además, en los últimos desalojos, algunos testigos denunciaron actitudes violentas e intimidatorias de funcionarios del gobierno, que el lunes no se identificaron y en el desalojo del viernes serían integrantes de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), creada para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente”, según el decreto 1232, de octubre de 2008, por el cual Macri dispuso su creación.

En relación con la UCEP, la diputada Parada había formulado a fines del año pasado una denuncia penal por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público y amenazas” contra Mauricio Macri –jefe de Gobierno de la ciudad–, Juan Pablo Piccardo –ministro de Ambiente y Espacio Público– y Fabián Rodríguez Simón –jefe de gabinete de esa cartera–. “Hay distintas denuncias contra la UCEP ante la Defensoría del Pueblo: testigos que vieron cómo les pegaban a personas durmiendo en la calle, cartoneros a quienes les robaron sus carritos”, señaló la legisladora.