La capital pampeana daba anoche un paso significativo para enfrentar a las redes de trata que comercializan cuerpos de mujeres en su territorio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada desde la intendencia que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, nombre con el que se habilitaban locales que en la práctica trabajan como prostíbulos regenteados por proxenetas. Las tres que están habilitadas en la actualidad deberán cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, lo que sucederá a lo largo de este año, explicó a Página/12 la concejal oficialista Alicia Iribarren. La iniciativa –destacó– se empezó a analizar cuando desde el municipio se detectó que Santa Rosa se había constituido en un lugar de destino de mujeres reclutadas, muchas veces con engaño, por mafias de rufianes.

“Santa Rosa le dice NO a la trata de personas por explotación sexual”, decía anoche uno de los carteles colgados en el recinto del Concejo Deliberante por la subsecretaria de la Mujer del gobierno comunal, Mónica Molina, gestora de la sanción de la normativa. “Ninguna mujer nace para puta”, decía otro de los pasacalles. “Esperamos que otras ciudades de otras provincias, donde el tema de trata es un flagelo, puedan replicar estas acciones”, consideró Molina en diálogo con este diario.

El proyecto llegó al recinto después de obtener dictamen favorable el martes en un plenario de dos comisiones. El apoyo fue unánime.

“Dentro de los factores que incidieron para que estemos frente a esta votación fue fundamental el rol que tuvieron los medios de comunicación de contribuir a instalar y denunciar la temática, como puntualmente fue el caso de Página/12, que promovió la investigación de oficio del fiscal Marcelo Colombo”, comentó Molina, en referencia a una serie de notas sobre la situación de la explotación sexual de mujeres en locales de la provincia de La Pampa y, en particular, de la existencia de normativas en Santa Rosa y General Acha por las cuales, en la práctica, se reglamentaba la actividad de las “alternadoras” en las “whisquerías” habilitadas por la comuna, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país.

Colombo es coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación. La semana pasada estuvo en la capital pampeana y se entrevistó con las autoridades municipales y con concejales, expresándole su preocupación por las ordenanzas. “Su visita a Santa Rosa y su preocupación por la concepción reglamentarista de la norma contribuyeron a que hoy (por ayer) estemos modificando esta norma. Lo que sigue es continuar con políticas activas creativas desde el Estado que generen otras oportunidades para nuestras niñas, adolescentes y mujeres y para evitar que sean captadas por redes de trata”, agregó Molina, quien llegó a la función pública con la asunción como intendente de Francisco Torroba, del Frepam, una coalición que se impuso al justicialismo y que agrupa a radicales, socialistas y al Partido del Frente.

Periodista y activa militante por los derechos de las mujeres, Molina venía manifestando su preocupación por el problema de la trata de mujeres desde hacía tiempo en Santa Rosa. Escuchar de primera mano sus voces fue uno de los motivos que la movilizaron para instalar esta problemática en la agenda política de la comuna. “Conocer sus historias, sus dolores, recordar frases de ellas como ‘quería amanecer una mañana con mis hijos, y no sentir el olor a transpiración y alcohol’, o ‘la gente cree que nos ganamos la plata fácil’, son suficientes para sentir un mayor compromiso”, destacó.

Tal como publicó este diario, en la capital pampeana la prostitución estaba reglamentada a través de las ordenanzas municipales Nº 1537/94 de Obligatoriedad de la Libreta Sanitaria y Nº 3218/2004, llamada Código de Espectáculos Públicos y sus locales. Este tipo de normativas, que permiten la habilitación de whisquerías o cabarets, existen en otros municipios del país. Además de prohibir la apertura de locales nocturnos y de establecer que deberán cerrar las que están funcionando una vez que caduquen sus permisos, la nueva ordenanza da al Ejecutivo y al propio Concejo Deliberante un plazo de 60 días a partir de hoy para “proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente” para desterrar la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena en la ciudad. Una de las normas que deberán ser modificadas es la que exige una libreta sanitaria especial para las empleadas de whisquerías y por la cual deben realizarse periódicamente exámenes médicos vaginales para detectar enfermedades de trasmisión sexual. Desde mediados de abril, esa exigencia está suspendida por disposición del intendente.