Para el gobierno porteño, ingresar en el Obelisco para colgar un cartel que acusa al Ejecutivo de ser el principal contaminante del conurbano bonaerense es un hecho tan grave que merece ser juzgado en un proceso oral bajo las figuras de “violación de domicilio” y “daño agravado”. Así procedió al denunciar a ocho activistas de Greenpeace, que llevaron a cabo una protesta en octubre de 2008. El martes próximo serán sometidos a un juicio oral en el que, de ser condenados, podrían recibir una pena de hasta cuatro años de prisión. La organización ambientalista consideró la demanda “un despropósito” ya que “criminalizaron una protesta en la que se estaba denunciando algo que el propio gobierno reconoció de manera oficial”, apuntó el director ejecutivo Martín Prieto.

Los imputados son tres mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años, todos activistas de Greenpeace que fueron procesados por la fiscalía porteña Nº 6, a cargo de Claudia Barcia. El Ministerio Público porteño inició la demanda a partir de la denuncia del Ejecutivo luego de que los activistas ingresaran en el Obelisco y colgaran sobre uno de sus laterales un cartel en el que se visualizaba una cucarda con la que Greenpeace premiaba, de manera irónica, al Ejecutivo porteño con la distinción máxima en la categoría Contaminación.

“Se denunció públicamente al gobierno de Macri como el principal contaminador de la provincia de Buenos Aires. En desmedro de lo que dicta la ley Basura Cero, sigue enterrando volúmenes crecientes de basura en los rellenos sanitarios del conurbano”, apuntó Prieto.

La subida al Obelisco no fue la primera acción con la que los activistas de Greenpeace llamaron la atención pública sobre el “incumplimiento” de esa norma, algo que se vio reflejado después, en el informe de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos presentado por el propio gobierno ante la Legislatura a fines de 2008, en el que figuran las cantidades de basura enterrada en rellenos sanitarios y reciclada durante ese año.

Greenpeace accedió al informe y lo tomó como la confirmación de lo que la organización había denunciado dos meses antes en el Obelisco, ya que las cifras presentes en esa rendición reflejaban “la admisión, por parte del Ejecutivo porteño, de un aumento del 12,07 por ciento de la basura enterrada durante 2008 en relación con el año anterior, y una disminución del 24 por ciento de los residuos reciclados”, apuntaron fuentes de Greenpeace.

¿Por qué los números develan, si no la violación, el no cumplimiento de la ley aprobada por unanimidad en 2005 y puesta en marcha 2007? Porque la ley Basura Cero apunta a “reducir la cantidad de residuos depositados en los rellenos”, concluyó Prieto. La meta inmediata establecida por la norma es reducir los residuos que se envían a rellenos en un 30 por ciento para el año 2010, objetivo que sólo sería alcanzable a través de la implementación de medidas que promuevan la separación en origen, la contenerización diferenciada en la vía pública entre residuos reciclables y destinados a rellenos.

Nada de aquello pareció tener lugar en el razonamiento de las autoridades porteñas, que a través del Ministerio Público radicaron la denuncia por “violación de domicilio” y “daños agravados”, algo que para Prieto, director de Greenpeace, resulta “completamente incomprensible”. “En vez de salir a contestar la denuncia, el gobierno intenta castigar al mensajero iniciando un juicio criminal por llevar a cabo protestas pacíficas y creativas que revelan una falla reconocida luego por ellos mismos.” Además, consideró que las figuras delictivas aplicadas son “un invento” ya que “el Obelisco no es domicilio de nadie, ninguna persona vive ahí, por lo cual no hubo violación de domicilio, y tampoco hubo daño, mucho menos agravado”.

Prieto anunció que a partir de hoy la organización lanzará una campaña vía Internet “para que las personas expresen directamente a (el jefe de gobierno, Mauricio) Macri su repudio a la persecución penal a los activistas”.

“La fiscal les propuso a los chicos que reconozcan públicamente su culpabilidad, para evitar la condena, pero ellos se negaron por no considerarse culpables de nada”, concluyó Prieto. Y se mostró optimista: “Demostraremos hasta la última instancia judicial que se trata de un absurdo”.

Informe: Ailín Bullentini.