Laura había llevado a tres de sus sobrinos a la salita sanitaria. Estaban enfermos y su hermana, la mamá de los niños, le había pedido que la acompañara. Sus otros cuatro sobrinos quedaron solos, durmiendo. Los despertaron las llamas. Uno de ellos llamó a su mamá, asustado: “Se prende todo fuego. Vení rápido”. La casilla en la que vivían todos juntos –los siete chicos, Laura, su hermana y su cuñado– quedó hecha cenizas igual que el resto de las que conformaban un asentamiento ubicado frente al Club Social Deportivo y Cultural Español, en Bajo Flores, que se incendió ayer a la mañana. Son alrededor de 300 familias las que perdieron sus refugios precarios y lo poco que tenían dentro, aunque el número preciso de personas afectadas sólo se sabrá luego del censo que las autoridades del gobierno porteño iniciaron no bien se extinguieron las últimas llamas, pasado el mediodía.

El asentamiento, que surgió hace seis años, “creció muchísimo en los últimos seis meses, cuando (el jefe de Gobierno Mauricio) Macri empezó con los desalojos”, comentó Margarita, que vivió allí “desde el principio”. Y si bien tampoco hay certeza firme sobre el origen del fuego, es “esa nueva oleada” de personas que llegó al barrio en los últimos tiempos los señalados por el resto de los vecinos como los culpables del incendio: “Prendieron fuego porque quieren cobrar subsidios”, resonó fuerte.

Marisa y Romina, jóvenes madres de seis y tres niños respectivamente, coincidieron en que “los primeros gritos de auxilio se sintieron a las 8”, pero que “no hubo tiempo más que para sacar a los nenes. Todo lo demás se quemó”. Ocho dotaciones de bomberos trabajaron hasta pasadas las 13 para apagar las llamas que terminaron con el asentamiento ubicado en Lacarra y Santiago de Compostela, Bajo Flores. No se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero 25 personas fueron asistidas con asfixia y crisis nerviosa.

Si bien los bomberos apuntaban a “un calentador utilizado para combatir el frío”, la versión nunca fue confirmada y entró en juego la hipótesis del “incendio intencional”. Entre los vecinos, la última opción era la que resonaba de manera permanente. “Bañaron con nafta a un eucalipto que está a la entrada del barrio. y prendió enseguida”, denunció una vecina.

–¿Quién pudo haberlo hecho?

–Los que vivían con carpas en las afueras del asentamiento, sobre la calle. Llegaron hace poco. No son de acá. Buscan plata, nada más.

La hipótesis sumó fuerza con las declaraciones del presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo: “De acuerdo con el peritaje de los bomberos, se trató de un incendio intencional, lo cual abre serias sospechas de que se alientan políticas rayanas con lo criminal”, dijo.

Después de los bomberos, la Federal valló la zona para dar comienzo al operativo de censo y entrega de subsidios, a cargo de los ministerios de Justicia y Desarrollo Social porteños. Santiago de Compostela, la calle sobre la que se asienta el barrio, quedó dividida por rejas verdes: desde la puerta del Club Social Español hacia Lacarra, los vecinos del asentamiento, “enjaulados”; del otro, familiares, medios de comunicación, policías, curiosos. Con las horas, a la única valla verde se sumó otra, unos metros hacia adelante, y un cordón policial. Los enjaulados quedaron, así, a unos 30 metros del resto del mundo.

“Sólo pueden pasar los que tengan pulsera roja. Pero yo me fui de casa muy temprano a trabajar y llegué recién. No me la dieron y ahora no me dejan pasar. Mi nene se quedó solo en casa y no me dejan verlo. Ni sé dónde está”, alcanzó a sollozar Sara, buscando con los ojos desorbitados, entre la muchedumbre y a lo lejos. Según un funcionario de Desarrollo Social, la entrega de pulseras “no es sólo para evitar que se meta gente que no vivía en el asentamiento entre los verdaderos damnificados. Sino, además, para poder continuar mañana con el censo”.

De estar apelotonados contra las vallas, los “enjaulados” que vivían en el predio eran dirigidos –por un camino improvisado, también, con vallas– al sector de censos, ubicado en la puerta del club, donde no más de 30 personas llenaban planillas tras planillas con los datos de un representante de cada familia. Cada una era llamada luego por apellido, y se le entregaba un cheque por 8200 pesos. Si bien “todo transcurrió con calma”, como apuntó Matías Molinero, subsecretario de Seguridad del Ministerio de Justicia, el proceso era lento y se estancó aún más cuando los 30 censistas se redujeron a la mitad pasadas las 20. No obstante, nada de eso sobresaltó a los funcionarios: “No se van a producir desmanes porque ellos saben que van a cobrar la plata. Y como hay plata de por medio... lo mismo pasó con Villa Cartón”, apuntó Molinero, que aseguró que “se les va a dar asilo durante esta noche” a los que no llegaron a ser censados, aunque nadie especificó en qué lugar (ver aparte).

Informe: Ailín Bullentini.