María Isabel Molina tiene 20 años. Vivía sola, lejos de sus padres, en una humilde vivienda alquilada de la localidad de Aconquija, en la provincia de Catamarca. Trabajadora golondrina, estaba embarazada de ocho meses y la semana pasada tomó una medicina que suele ser usada en los hospitales para provocar contracciones y ayudar al parto. Nació un bebé al que ella, según lo admitió ante la Justicia, colocó dentro de una bolsa de plástico –no se descarta que pensara que estaba muerto–, y lo dejó dentro de un balde, en el fondo de su casa. El niño murió “de frío y por asfixia”, según dictaminó la autopsia. Sin atencion médica, María Isabel estuvo a punto de morir ella también por una septicemia generalizada, pero sobrevivió luego de varios días en terapia intensiva. Hoy está detenida, en Andalgalá, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”.

“Es cierto, como usted dice, que es una chica pobre que ha vivido situaciones muy difíciles y en soledad. De todos modos, la ley me marca que la tengo que acusar por homicidio calificado por el vínculo.” Con evidente emoción en su voz, la fiscal de Andalgalá Martha Graciela Nieva le confirmó a Página/12 la detención de María Isabel Molina en una sala de la comisaría local, durante el día, y por la noche en una habitación del hospital, con custodia policial. “Acá no tenemos comisaría de la mujer y no podemos ponerla en una celda, junto a presos varones”, explicó Nieva.

“Si el niño hubiera muerto dentro del vientre materno, no habría acusación alguna por homicidio, pero la autopsia determinó que vivió unos minutos y que falleció por frío y por asfixia”, insistió la fiscal, que se entrevistó con la joven, una vez que le dieron el alta en el hospital donde estuvo internada. “La chica, que desde hace cuatro años trabaja como ‘golondrina’ en las épocas de cosecha, alquilaba una vivienda muy humilde donde vivía sola. Mantenía algún contacto con su padre, que vive en Tucumán, y está enemistada con su madre, a la que no ve desde que ella se fue a vivir sola, cuando tenía apenas 16 años”, relató Nieva.

La chica tenía relación con tres amigas suyas a las que, a pesar del vínculo, les negó hasta último momento su embarazo evidente. “Una de esas amigas la visitó en su casa el martes 16 y encontró todo manchado de sangre. La joven estaba muy mal de salud, por lo que su amiga fue a pedir ayuda a los médicos del Hospital de Aconquija”. Una médica fue hasta la vivienda para hacerle un examen clínico a María Isabel Molina, quien fue internada en ese centro de salud. Estuvo varios días en terapia intensiva, porque presentaba un cuadro de “septicemia generalizada”. La fiscal Nieva confirmó que “estuvo en gravísimo estado por una infección muy importante. Eso se debió a que tenía la placenta dentro del cuerpo. Se la extrajeron, la limpiaron y estuvo en terapia intensiva hasta el sábado pasado”.

“Una de las amigas declaró que ella le preguntó ¿qué pasó con tu bebé? y ella le respondió que nunca había estado embarazada. ‘No tuve ningún bebé’, le dijo.” Al chico lo encontraron muerto en la casa. Los médicos encontraron en la casa elementos que demostraban, según la fiscal, que hubo “un aborto inducido”. De todos modos, si el embarazo estaba ya en los ocho meses, no debería hablarse de un aborto sino de un parto inducido. María Isabel le contó a la médica que había tomado una pastilla de Oxtra Prost, una medicación que se indica, en su forma original, para problemas de gastroenterología, sobre todo para pacientes con úlceras.

Sin embargo, desde hace unos años, en más de 80 países del mundo es usado en los hospitales por profesionales de ginecología y obstetricia para ayudar al trabajo de parto. El medicamento tiene una droga que se llama misoprostol y que ayuda a producir contracciones. Los médicos que asistieron a María Isabel dieron aviso a la policía y la joven pasó, de paciente en peligro, a detenida acusada de homicidio. Desde hace unos años, a partir del caso Tejerina, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en coincidencia con un grupo de legisladores nacionales, vienen impulsando que se reincorpore al Código Penal la figura del “infanticidio”, para reemplazar a la del “homicidio agravado por el vínculo”, en los casos de muertes de bebés provocados por sus madres “bajo la influencia del estado puerperal”, antes, durante o inmediatamente después del parto. La condena, en esos casos, sería sólo de seis meses a tres años de prisión.