Un Consejo Nacional de la Juventud donde los jóvenes tengan influencia en la formación de políticas públicas, la creación de un Sistema Nacional de Salud Juvenil y que el Estado asegure el acceso al primer empleo y a una vivienda. Son algunas de las propuestas del proyecto de Ley Nacional de Juventud presentado ayer en el Hotel Bauen, por la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, junto a las organizaciones sociales que aportaron a la redacción del documento. El proyecto también contempla la creación de una Defensoría Juvenil que elaborará informes anuales y velará por sus derechos.

El proyecto, que a partir de hoy puede ser debatido en las comisiones de la Cámara de Diputados, propone una solución integral al déficit en materia de educación, salud, vivienda, empleo y vulneración de derechos de los jóvenes de entre 15 y 30 años. “El nivel de precarización y ausencia de políticas públicas para los jóvenes produjo la exclusión y generó un cóctel de riesgo con jóvenes sin oportunidades, mientras que la única respuesta que da el Estado es la criminalización de la juventud y de la pobreza”, sentenció Donda en diálogo con Página/12.

Por eso, el documento elaborado junto a la Juventud de la CTA, el programa nacional Juana Azurduy, la Red No a la Trata, la Asociación Civil Martín Castelucci, la Fundación SES y el Serpaj, entre otras, que estuvieron en la presentación de ayer en el Hotel Bauen. Según propone el espíritu del documento, serán las organizaciones las fuentes de consulta prioritarias a la hora de diseñar proyectos por parte de los organismos de Estado a nivel nacional, provincial y municipal.

En materia de Educación se plantea que el Congreso nacional destine un porcentaje adicional del presupuesto que sostenga comedores estudiantiles, sistema de becas, boleto estudiantil y la entrega de materiales de estudio y la promoción de la educación y capacitación laboral de jóvenes detenidos o condenados. Además, los estudiantes no tendrán un rol pasivo, sino que el proyecto propone la creación de un Parlamento Anual Juvenil, coordinado por el Ministerio de Educación, que contará con una representación de estudiantes de todo el país, equivalente a la de los diputados nacionales por provincia.

Otro de los puntos sobresalientes del proyecto es la creación de un Sistema de Salud Juvenil que permitirá acceder a una cobertura social mediante un credencial otorgada por el Ministerio de Salud. Además, el sistema deberá generar programas de prevención, atención y rehabilitación destinados a combatir la drogadicción, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Según un estudio del Cippec, en 2008, sólo el 50 por ciento de los adolescentes accedió a información sobre algún tema de salud.

A partir de las vacantes en el sistema público, acuerdos con el sector privado y programas de capacitación, el proyecto también apunta a atacar el desempleo juvenil, que alcanza el 16 por ciento, duplicando el existente entre los adultos, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en mayo. El estudio también indica que de los jóvenes con empleo sólo el 36 por ciento cuenta con derechos laborales plenos. “El Estado debe proteger a los jóvenes de todas las formas de abuso y precarización laboral”, agregó Donda.

Junto a la falta de trabajo, los jóvenes sufren la imposibilidad de acceder a un techo propio, por eso una de las propuestas avanza en la apertura de una línea de créditos económicos que brindaría el Banco Nación. De ser aprobada, la ley también fomentará la creación de un programa nacional contra la trata de personas, la seguridad en los lugares de esparcimiento, asistencia económica y sanitaria para los jóvenes víctimas de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, y la apertura y promoción de espacios culturales y deportivos.

¿Quién velará por el cumplimiento de la futura ley y la promoción de los derechos de los jóvenes? El proyecto propone la creación de una Defensoría Juvenil.

Informe: Nahuel Lag.