Hace seis meses, un centenar de vecinos partió desde la plaza Martín Fierro del barrio de San Cristóbal hasta el CGP Nº 3, con la intención de presentar un petitorio para detener “el encierro” del espacio público. La Martín Fierro entró en el programa de enrejamiento de plazas del gobierno macrista. Entonces, fueron cercados por un operativo de policías uniformados y de civil que reprimieron y detuvieron a tres de los manifestantes. Oscar Furchi y Maximiliano Verón estarán hoy y hasta el miércoles en el banquillo del Juzgado Penal 2 de la ciudad, a cargo del juez Carlos Bentolila, acusados por “realizar pintadas y la rotura parcial de un tacho de basura”, indicó Ramiro Geber, el abogado defensor de Furchi y Verón. El juicio “se circunscribe en el marco de una política del Estado nacional y de la ciudad en la que se utilizan figuras de tipo penal para criminalizar la protesta social”, apuntó el abogado de la Correpi.

“No a las rejas de Macri” se leía en las pancartas de los vecinos de la Asamblea de la plaza Martín Fierro y organizaciones sociales y estudiantiles que marcharon el 13 de marzo por la avenida San Juan –sin cortar el tránsito– hasta el CGP Nº 3. La intención era entregar un petitorio que diera marcha atrás con la colocación de un perímetro de vallado metálico en la plaza, que por estos días continúa, y en un sector del predio ya avanzó el enrejado.

Al llegar a la intersección de la avenida y la Autopista 25 de Mayo para golpear las puertas del CGP, los vecinos se encontraron con policías de civil, patrulleros y un camión hidrante. Sin respuestas del centro gubernamental, los manifestantes no pudieron regresar sobre sus pasos ya que las fuerzas les cortaron el paso. “Ahí comenzó la represión. A mí me tiraron al suelo y me pegaron”, contó Furchi.

Sus palabras pueden corroborarse con el informe del médico de la causa que aseguró que las lesiones fueron “producto de golpes con un objeto de contención dura”, resaltó Geber. Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, pero Furchi y Verón se fueron a sus casas con dos causas judiciales, una por daño de la propiedad pública –que los lleva a juicio hoy– y la otra por “atentado y resistencia a la autoridad”, que fue archivada a consideración del juez a cargo, que vio insuficientes las razones de llamar a los acusados a indagatoria.

Más allá de la causa judicial particular, el abogado de la Correpi resaltó que la utilización de tipos penales como el del daño a la propiedad pública o el que penaliza el corte de la vía pública –por el que la Justicia porteña tiene abiertas cerca de 147 causas–, “desde hace tiempo sirven al Estado nacional y provincial para crimimalizar la fuerza social. No son hechos sueltos, nos encaminamos a tener permanentes causas judiciales de este tipo. El conflicto de los trabajadores de Terrabusi, la política de desalojos y contra los cortes de calles lo demuestran”.

Desde las 9.30, integrantes de organizaciones sociales, centros de estudiantes y asambleas se concentrarán en la puerta del Juzgado Nº 2 –Tacuarí 138– para respaldar a los dos acusados.

Informe: Nahuel Lag.