A fines de diciembre, mediante la aceptación de un recurso de amparo presentado por los vecinos y el dictado de una medida cautelar, el juez porteño Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “en forma inmediata”, en un plazo que “no podrá superar las 48 horas”, se dispusiera a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) el inicio de “las obras de reparación necesarias” en el complejo habitacional Comandante Luis Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano. En la sentencia se dejó sentado que las obras tenían que finalizar en “un plazo perentorio”, dada la necesidad de “neutralizar los riesgos de derrumbe e incendio” que ponen en peligro la vida de las 2114 familias –cerca de 16 mil personas– que viven en el lugar. Santiago Testa, uno de los vecinos que presentaron el recurso de amparo ante el juez Gallardo, le dijo a Página/12 que hasta ahora “sólo vinieron los técnicos de Defensa Civil, para diagramar un plan de evacuación en caso de incendio; es lo único que se hizo hasta ahora”. Los vecinos apelaron a la Justicia, luego de que fracasaran, en su puesta en práctica, dos resoluciones legislativas, una de abril de 2005 y la otra de junio de 2008, por las cuales se declaró la “emergencia habitacional” del barrio. Nunca se hicieron las tareas de reparación aprobadas en la Legislatura.

En su fallo del 23 de diciembre y en la medida cautelar dictada el 29 del mismo mes, Gallardo dispuso que “hasta la finalización” de los trabajos, el gobierno porteño debía proveer a los vecinos del complejo “camiones cisterna con mangueras, matafuegos, y todos los elementos que pudieran resultar necesarios para prevenir y/o actuar en caso de incendio”. Según Testa, “esta medida urgente todavía no ha sido tomada y seguimos sin ningún tipo de seguridad”. Los vecinos vienen denunciando, desde 2004, la falta de gas en el invierno y la de agua en el verano, los derrumbes que se producen en las escaleras y en la mampostería de los edificios, el mal funcionamiento de los ascensores, las rajaduras en la estructura de concreto, las explosiones por escapes de gas y la posibilidad de que se vengan abajo los tanques de agua, en razón del deterioro de las bases que los sostienen.

El barrio comenzó a construirse en 1976, como parte del Plan Alborada, con el propósito –nunca cumplido– de trasladar a los vecinos de Ciudad Oculta. El barrio fue construido por el entonces Instituto Municipal de la Vivienda y comenzó a ser habitado en 1980. Consta de 58 edificios en torre de diez pisos y otras 39 unidades de una o dos plantas. En su fallo, Gallardo citó un informe emitido el 2 de octubre de 2009 por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Allí se advirtió sobre “la necesidad de adopción de medidas preventivas tendientes a resguardar la seguridad de las personas en la totalidad de las torres, frente a las condiciones estructurales y no estructurales (caída de mampostería, desprendimiento de recubrimientos, colapsos), las instalaciones eléctricas, las instalaciones de ascensores y de gas”.

Además de las medidas inmediatas, el juez Gallardo ordenó al gobierno porteño a que presente, el 2 de febrero, “un cronograma de obras que contemple la reparación completa de las viviendas, locales y espacios comunes de los edificios” que integran el complejo. El juez le puso plazos a la tarea: “El inicio de las obras de los dos primeros edificios deberá llevarse a cabo en forma simultánea, comenzando el 1º de marzo de 2010 y finalizando el último día del mes de junio siguiente (...) las obras de los cuatro edificios siguientes deberán llevarse a cabo (desde) el 1º de julio de 2010 (hasta) el 22 de diciembre siguiente (...) los siguientes planes de obras deberán incluir (...) el trabajo simultáneo en seis edificios por semestre, en forma consecutiva e ininterrumpida, hasta finalizar la reparación de la totalidad de los edificios”.

Al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, se les ordenó “la provisión efectiva de fondos suficientes al Instituto de la Vivienda” para que pueda dar cumplimiento a la medida judicial, “bajo apercibimiento de hacerlos responsables civilmente y con su patrimonio personal de la totalidad de los daños que pudieran sufrir los vecinos (...) vinculados a las condiciones de habitabilidad”. Del mismo modo se hizo “responsables solidarios” a todos los miembros del directorio del IVC. Los vecinos Santiago Testa y Stella Maris Sayours le dijeron a este diario que viven en permanente sobresalto porque “el solo hecho de que se caiga uno de los tanques provocaría un desastre, sin hablar de los escapes de gas, del derrumbe de escaleras y los mil problemas que soportamos a diario”.