Luego de treinta años impune y a seis meses de haberse escabullido de las narices de la Policía Federal, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron ayer a Carlos Eduardo Somoza, ex miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, acusado de interrogar a secuestrados en los centros clandestinos Vesubio y Campo de Mayo. La investigación que permitió ubicarlo en una casa de Ituzaingó fue realizada por la SIDE a pedido del juez federal Ariel Lijo, quien pidió la captura del represor por su actuación en el Operativo Murciélago, el secuestro y asesinato de montoneros que ingresaron al país en 1980 en el marco de la “contraofensiva” contra la dictadura. Con la detención de ayer, son 39 los represores que continúan prófugos.

El ex miembro del Batallón 601 tiene apenas 56 años, se formó en Gendarmería y estudió la carrera de Fotointérprete en la Universidad del Salvador. Según declaró ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, que hoy integra la lista de prófugos, Somoza era el apellido real del interrogador que se hacía llamar César Ernesto Segal, con los apodos de Gordo o Fito. Por los mismos alias lo recuerdan sobrevivientes de El Campito, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo. La coincidencia de iniciales entre nombre real y de cobertura es una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de Fuerzas Armadas.

En la causa que instruye Lijo, que en 2007 condenó a Julio Simón y a ocho coroneles del Batallón 601, Segal figura como enviado asiduo a la “base San Pablo”, desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. Segal o Fito también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las cuevas que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo.

En octubre de 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entregó un informe con los antecedentes de Somoza a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. El magistrado renunció catorce meses después sin haber ordenado la detención, que tampoco solicitó su reemplazante Juan Manuel Yalj. El principal testigo del paso de Somoza por Campo de Mayo, donde se especializó en interrogar a militantes de Montoneros, era Juan Carlos Scarpatti, quien lo identificó como El Gordo. Cacho Scarpa-tti murió en agosto de 2008, sin poder ver ni siquiera la primera condena a Riveros, Verplaetsen & Cía.

Somoza vivió hasta el 13 de julio pasado en Concordia 989, en el barrio porteño de Floresta. Tal como informó Página/12, se fugó con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que según el acta policial tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba y pedir instrucciones. Tras el chubasco, Lijo apartó a la Federal y encomendó la investigación a la SIDE. La semana pasada le informaron que el universo de búsqueda se había acotado a dos casas de Ituzaingó: Tabaré al 600 y Ollantay al 4500. Lijo ordenó allanarlas al mismo tiempo. El operativo, a cargo de la PSA, se concretó ayer a las 6.30. Los agentes encontraron a Somoza mientras dormía en la primera dirección, que pertenecería a una amiga de su esposa. Luego se negó a declarar ante Lijo y, por la tarde, fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz.

Por los crímenes del Batallón 601 ya fueron condenados los coroneles Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Santiago Hoya (murió tres días después), Waldo Roldán, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana y Pascual Guerrieri. Todos gozan de arresto domiciliario excepto Fontana, en la Unidad 34 de Campo de Mayo, y Gualco, libre y en gestiones para ser declarado insano. Por la misma causa fueron procesados los civiles Julio Alberto Cirino (alias Jorge Contreras, miembro de la Fundación PensAR que nutrió de cuadros al PRO) y Jorge Oscar Baca (alias Juan Omar Boyé o Negro Boyé, secretario de Arias Duval), el teniente coronel Jorge Horacio Granada (a quien Luis Patti encubrió durante su primera etapa como prófugo) y el sargento Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, que también actuó en la represión en Bahía Blanca. Procesados pero sin prisión preventiva están los militares Julián Marina y José Ramón Pereiro.