La Cámara en lo Contencioso Administrativo comenzó ayer a la tarde a analizar el pedido que le hizo el Gobierno para que intervenga de manera urgente y directa, casi a modo de “per saltum”, en las causas donde la jueza María José Sarmiento dispuso el bloqueo de las reservas destinadas al pago de la deuda y la reincorporación de Martín Redrado a la presidencia del Banco Central. El tribunal, sin embargo, no actuará en pleno ya que uno de sus integrantes, Carlos Grecco, decidió excusarse por razones de “decoro y delicadeza”. Se trata del camarista que durante el fin de semana había habilitado horas para que el Poder Ejecutivo presentara su apelación ante la negativa de Sarmiento a recibirla y que fue blanco de una lluvia de críticas opositoras por eso.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a saltear a la jueza, que hasta ahora no se pronunció sobre las apelaciones. También intenta apurar los tiempos frente a la decisión que tomó Sarmiento el lunes de convertir la acción de amparo sobre el Fondo del Bicentenario en un juicio ordinario, de plazos más largos, y la de la destitución de Redrado en uno “sumarísimo” (ver recuadro). La magistrada aseguró ayer que no habrá demoras en el trámite de los expedientes y que su próximo paso será “conceder la apelación y enviarla a la Cámara”. En el fuero contencioso los cálculos indicaban que podría expedirse hoy. Mientras tanto, Redrado sigue instalado en el sillón mayor del BCRA y las reservas, bloqueadas.

Las presentaciones que hicieron la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia ante le tribunal de alzada cuestionan el cambio repentino de modalidad –que fue la respuesta favorable a un pedido de los abogados de Redrado y de un grupo de legisladores de PRO y la Coalición Cívica– y reclaman por razones de “urgencia y gravedad institucional” que se revoquen las medidas cautelares concedidas por Sarmiento, quien cuestionó y dejó en suspenso los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que utilizó el Gobierno para crear el Fondo del Bicentenario y para desplazar a Redrado.

Una línea argumental de los escritos –según informaron a Página/12 funcionarios con acceso a la causa– señala que la asignación de reservas al pago de la deuda pretendía dar una señal a los mercados, que se debilita frente a la resolución de la jueza y ya se ven algunas consecuencias como la afectación del valor de los bonos argentinos. La idea al verse afectado el funcionamiento del Banco Central, el organismo que hoy regula el valor del dólar, el sistema manda señales confusas. La situación de “bicefalia”, se alega en los documentos, alimenta la incertidumbre y explicaría la urgencia para pedir que la Cámara ejerza sus “facultades de superintendencia”. Otra fundamentación –que sería ampliada hoy– objeta que la jueza haya basado la reposición de Redrado en el cargo en que era la única forma de garantizar el bloqueo de las reservas. “Eso es asunto de otra causa. Una cautelar apunta a garantizar al actor que podrá satisfacer su pretensión (en este caso recuperar el cargo) si gana la demanda”, explicaron. También defienden la validez de los DNU.

El apartamiento de Grecco es una mala noticia para los abogados del Estado que suponían que con él tenían un voto a favor: no tanto por cuestiones políticas, sino porque el camarista tiene trabajos escritos donde sostiene que los decretos de necesidad y urgencia no son revisables por los jueces sino que sólo los puede controlar el Poder Legislativo. Esa opinión fue uno de los argumentos que utilizó el abogado Gregorio Badeni, en nombre de Redrado, para recusarlo. También lo denunció por supuesta parcialidad y por mantener una comunidad de intereses con el Estado al haber recibido la apelación el sábado.

Grecco objetó los términos de la recusación ante sus compañeros del tribunal José Luis López Castiñeira y Néstor Buján. Dijo que una opinión académica sin referencias al caso concreto en discusión no puede ser prejuzgamiento y defendió la habilitación de la feria por razones de extrema urgencia. Sus colegas firmaron ayer a la tarde el rechazo a la recusación, en respaldo a Grecco. A la vez aceptaron su pedido de excusación, donde sostenía que por las repercusiones que había tenido el tema, temía no poder guardar ecuanimidad.

Según los rumores en tribunales no sería raro que los camaristas López Castiñeira y Buján tengan discrepancias de criterio, lo que podría complicar una definición expeditiva. Allegados a la Cámara explicaron que, a priori, el planteo del Gobierno –que no es exactamente una apelación sino una solicitud de “avocación” del tribunal– no cumpliría rigurosamente con los requisitos para que haya una intervención directa de los camaristas: que exista un retardo de justicia o una apelación denegada. Ninguna de esas situaciones se ha dado. Sin embargo, eso no impediría –explicaron– que el tribunal, por ejemplo, le reclame a la jueza que acelere el trámite o cuestione la modificación de la vía del amparo. “Así como no es habitual el tipo de pedido que hace el Gobierno, tampoco es habitual que un juez cambie las reglas del juego”, señalaron. En este contexto, deslizaron, “ante esta situación inédita la solución de la Cámara también podría desbordar al Código”.

Si todo se posterga para la semana próxima, ya no estarán los mismos camaristas, sino Marta Herrera y Clara Do Pico, quienes inspirarían más confianza de Redrado y los diputados encabezados por el macrista Federico Pinedo. En lugar de la jueza Sarmiento, que se va de vacaciones, estará Ernesto Marinelli, quien gozaría de poca simpatía del Gobierno.

“En ningún lugar un juicio ordinario se dispone después de una medida cautelar, no existe esa situación”, advirtió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que seguirá apelando y acusó a la jueza Sarmiento de tener “respuestas políticas cuando en realidad debería tener respuestas judiciales”. Ella optó por no responder a los reproches.