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Después de la brutal represión policial contra vecinos de Andalgalá, Chaquiago y El Potrero, un juez de Minas de Catamarca resolvió “hasta nuevo aviso” la suspensión total de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica, tres veces más grande que la cercana La Alumbrera. Ayer, las agrupaciones No a la Minería catamarqueñas sostuvieron que la interrupción del proyecto es sólo por un tiempo y la única forma de revertir la situación es prohibir a nivel provincial e incluso nacional los megaminería a cielo abierto.

“Hace doce años era La Alumbrera, ahora es Agua Rica y dentro de poco la contaminación va a llegar a Buenos Aires. Es sólo una cuestión de tiempo”, advirtió a Página/12 Daniela Fernández. La mujer tiene 25 años, dos hijos y casi una década de experiencia en la lucha contra la minería a cielo abierto en el departamento catamarqueño de Andalgalá. Y dijo haber visto el lunes pasado, “por primera vez, al pueblo unido y furioso contra una multinacional que no respeta nuestras tierras, nuestra agua, ni nuestras leyes”. Porque ese día y pese a lo que establece el Código de Minería, los camiones con maquinarias para el yacimiento Agua Rica atravesaron caminos comunales en el medio de la noche.

Hacía dos meses que un grupo de vecinos de Chaquiago, El Potrero y Andalgalá mantenían una asamblea permanente cerca de Agua Rica, en unos “terrenos cedidos por un hombre, que también está en contra de este tipo de megaemprendimientos”, contó Fernández, pero aclaró: “No era un corte de ruta, sólo una protesta de algunos antropólogos, arqueólogos, docentes y muchas familias bajo un algarrobo”. Sin embargo, el viernes la policía cercó el lugar y, el lunes a la tarde, el grupo especial Kuntur –fuerza de choque antimotines– y efectivos de Gendarmería, con perros y equipo para reprimir, intentaron disuadir a los manifestantes para que los vehículos mineros de Agua Rica pudieran atravesar un viejo camino vecinal hasta el yacimiento.

La madre de Fernández (Graciela, de 50 años), un anciano de 85 y ocho mujeres más armaron la primera cuadrilla y se sentaron sobre el camino para impedir el ingreso de los camiones. “La idea era no provocar y ser pacíficos, pero cuando la policía agarró de los pelos a mi vieja y la metió a la fuerza en una camioneta, les empecé a gritar que me mostraran la orden de desalojo y, entonces, me golpearon y me llevaron a mí también y a dos chicas que estaban filmando toda la represión”, contó a Página/12 Fernández.

Fernández y otros veinte manifestantes fueron llevados a la comisaría de Andalgalá, mientras que el resto de la familia (la madre, la hermana y el hermano de Fernández) y cincuenta personas más fueron encerradas en la seccional de Chaquiago. Según la asambleísta, “los vecinos empezaron a llegar a la plaza (de Andalgalá, frente a la comisaría) y con cacerolas y botellas pedían que nos liberaran”. “Al ratito empezaron a tirar gases lacrimógenos y balas de goma otra vez, y dentro de la seccional nos tuvimos que tirar al suelo”, contó.

Cerca de las 22.30, la mujer fue liberada y unas 10 mil personas, “la mitad de los habitantes del pueblo, como protesta empezaron a tirar piedras en los negocios proveedores de la minera y en el edificio de la municipalidad”, admitió Fernández. La pueblada concluyó a las 4 y, al mediodía, el juez de Minas Guillermo Raúl Cerda notificó al apoderado de la empresa Agua Rica, el “cese de actividades hasta nuevo aviso”, con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.

Ayer, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, exigió al gobierno de Catamarca “la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá y al gobierno nacional que asuma la decisión política de una ley de minería que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo”.

Informe: Mariana Seghezzo.