El jueves, varios miles de personas –entre 7 mil y 10 mil, según distintos medios– se congregaron en la Plaza de Mayo con el lema “Nos están matando”, y exigieron medidas para luchar contra el delito. Al día siguiente, el reclamo por la “inseguridad” se vio reflejado en la tapa de los principales diarios. Y la noticia se replicó por todo el país. Tres días después, el domingo, unas 30 mil mujeres marcharon en Paraná contra otra inseguridad: la que causa la penalización del aborto. Llegadas a la capital entrerriana desde todos los rincones del país, se unieron en un mismo grito: recorrieron unas 30 cuadras desde la céntrica plaza de los Bomberos, para reclamar por la legalización del aborto. Los pañuelos verdes, símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, flamearon con algarabía. “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, fue uno de los cánticos que entonaron. Sin embargo, la multitudinaria movilización, colorida y energizante, no existió para la mayoría de los medios. Con excepción de Página/12, que destacó en la primera plana el clamor femenino, corolario del XXV Encuentro Nacional de Mujeres, los diarios hegemónicos deslizaron en su edición de ayer en apenas una línea que se realizarían “movilizaciones”, sin explicar demasiado el motivo ni tampoco dar cuenta de su magnitud y potencia. La mención, por otra parte, quedó escondida en los últimos párrafos de una notita pobretona que redujo un evento que reunió a miles de mujeres –de pueblos originarios, campesinas, obreras, académicas, profesionales, comunicadoras, activistas, integrantes de ONG que trabajan contra la violencia machista, amas de casa, docentes– al único incidente, que se registró en uno de los tantísimos talleres que se desarrollaron sobre “anticoncepción y aborto” y que fue provocado por militantes de grupos fundamentalistas, alineados con el discurso retrógrado de la jerarquía católica, para empañar tanta reflexión, tanta fraternidad, en un marco de intercambio horizontal y democrático.

La criminalización del aborto empuja a las mujeres de los sectores más vulnerables a recurrir a métodos precarios para interrumpir un embarazo no deseado. Sin el Estado que garantice una práctica segura, igualitaria para quienes pueden pagar la intervención y quienes no pueden, el aborto se convierte en “inseguro” para las más pobres –la mayoría son jóvenes– y las mata, o las deja con severas mutilaciones (sin útero, sin ovarios). Pero esa “inseguridad” no concita la atención periodística. No conmueve a funcionarios y políticos. Y cuando miles y miles de mujeres se unen para denunciarla y exigir una reforma legal, su voz se ignora y se silencia. Es curioso: con sólo aprobar una ley que meta en la legalidad a las 500 mil mujeres que cada año abortan en la clandestinidad, la “inseguridad” del aborto desaparecería. ¿A quién le interesa acallar las voces de 30 mil mujeres que reclamaron el domingo un cambio en la legislación? El reclamo, por otra parte, ya cruzó las fronteras del movimiento de mujeres y se amplifica desde los consejos superiores de las principales universidades públicas y desde organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Ferviente negadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Iglesia Católica presiente con terror que podría estar cerca la posibilidad de un debate en el Congreso. “El silencio es salud”, rezaba un slogan creado por la última dictadura militar para acallar denuncias sobre desapariciones y torturas.