El debate por el 82 por ciento para las jubilaciones no se da sólo en el Congreso. Mientras oficialismo y oposición debaten por la viabilidad del proyecto del Grupo A, un conjunto de gremios avanza por un canal alternativo. Su objetivo también es mejorar los ingresos de los trabajadores al momento del retiro, pero con una fórmula propia. Están en plena elaboración de cajas previsionales complementarias, administradas por los sindicatos y con aportes de los empleados de la actividad. La iniciativa más avanzada corresponde al gremio de la AFIP, con 18 mil involucrados. Es un caso testigo que genera fuertes controversias en el organismo y cortocircuitos en el Gobierno, entre quienes apoyan la movida y quienes ofrecen resistencia. De acuerdo a cómo resulte, acelerará o frenará otras propuestas similares. La de mayor trascendencia política por la cantidad de trabajadores es la del gremio de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano. Altas fuentes de ese sector confirmaron a Página/12 que están a la expectativa del proceso en la AFIP. La Asociación de Personal Legislativo y sindicatos de petroleros también van dando pasos para constituir sus cajas complementarias.

El punto en común es que se trata de trabajadores con sueldos altos, quienes sufren un violento recorte de ingresos al momento de jubilarse. En la AFIP, por ejemplo, pasan de ganar sueldos que van de 10 mil a 20 mil pesos a recibir jubilaciones de 2500 a 5000 pesos. La tasa de sustitución de los haberes previsionales respecto de los salarios de los activos oscila en el rango de 25 a 30 por ciento. El esquema se repite entre los petroleros, camioneros y personal legislativo nacional, en ese orden. La desaparición de las AFJP dejó un bache entre los empleados de altos ingresos. Sobre ese nicho se vuelcan las compañías de seguros de retiro, con esquemas de capitalización individual como el de las AFJP. Los sindicatos quieren salir a terciar con sus propias ofertas. “Si no lo hacemos nosotros, se los van a llevar los privados”, dijo uno de ellos a este diario.

Las cajas complementarias constituyen un sistema solidario como el de reparto, en el cual todos los trabajadores del sector –no sólo los afiliados al sindicato– hacen un aporte extra de sus salarios a un fondo común, del cual sale el dinero para liquidar los haberes a quienes se vayan jubilando. Como su nombre lo indica, es un régimen complementario al universal de la Anses, con sus respectivos aportes –en promedio, tres puntos porcentuales del sueldo– y pagos adicionales a la jubilación tradicional. El sistema tiene como base legal la ley de Convenios de Corresponsabilidad Gremial, entre sindicatos y Estado. Las cajas son administradas por los gremios, con el control de un síndico del Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Seguridad Social de esa cartera debe aprobar los estudios de factibilidad técnica para darles curso.

Existen dos antecedentes de más de dos décadas en los cuales se apoyan los proyectos de la AFIP, Camioneros, la Asociación de Personal Legislativo (APL) y Petroleros: las cajas de la Aduana y de Obras Sanitarias. Esta última es la más antigua. Empezó a operar en abril de 1987 y logró sobrevivir al proceso de privatización de los ‘90. La de la Aduana es de un año después. El hecho de haber superado dos hiperinflaciones, el torniquete de Domingo Cavallo, cuatro años de recesión, el estallido de 2001, el corralito, el corralón, la devaluación y el default las muestra como experiencias confiables. La Aduana tiene 5550 empleados activos y 1219 jubilados y pensionados por la caja complementaria. Los haberes netos que paga la caja son 3384 pesos en promedio (a mayo pasado), contra la jubilación liquidada por la Anses de 3558 pesos. Con el complemento, la tasa de sustitución trepa al 70 por ciento del salario.

Los aportes son en promedio del 3 por ciento, aunque varían según la edad. Sólo con esa cotización adicional los trabajadores logran duplicar los ingresos que obtienen con 11 puntos de aportes a la Anses. El secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), Jorge Burgos, señaló a Página/12 que el proyecto de caja complementaria en su gremio replica en términos generales la estructura operativa que existe en la Aduana, y que la tasa de sustitución también rondaría el 70 por ciento, sumando el complemento y la jubilación tradicional. Como se indicó más arriba, sería un avance significativo respecto del 25 a 30 por ciento actual.

Una de las características distintivas de estas cajas complementarias es que los aportes son sólo de los trabajadores, sin participación del empleador. Hubo otras experiencias en el pasado, en las cuales el Estado o las empresas también aportaban a la caja, pero en la mayoría de los casos terminaron en la quiebra en la década del ’90, cuando el entonces ministro Cavallo les retiró la contribución patronal. Así fue como quedaron en el camino las cajas del PAMI, el Banco Nación y el Banco Hipotecario. Por otro lado, hay otras cajas complementarias surgidas de estatutos especiales, como el de los docentes o científicos.

Norberto Di Próspero, secretario general de la APL, señaló a este diario que el sindicato encargó un estudio de factibilidad para armar el proyecto de caja complementaria. “La idea es que si los números dan, antes de fin de año presentemos la iniciativa en asamblea a los trabajadores para ver si les interesa”, detalló. El gremialista reconoció que a mediados de los ’90 hubo un intento similar que naufragó ante la resistencia de un nutrido grupo de trabajadores parlamentarios. “Era otra época, ahora creo que hay más predisposición”, indicó. La planta de trabajadores del Congreso nacional es de 9700 personas.

“Sabemos que el 82 por ciento móvil no es viable. Si no hay fuentes de financiamiento adicionales, no se puede llegar a esa cifra. El proyecto de la oposición es político, no real”, sostuvo Burgos para justificar que su gremio impulse la caja complementaria. Según dijo, el 80 por ciento de los empleados de la AFIP apoyan la propuesta. “Sabemos que no tenemos la aprobación absoluta, pero sí que existe consenso”, indicó. Por el contrario, desde la agrupación Autoconvocados por el No, que lidera un grupo de delegados del organismo, afirmaron que las opiniones están divididas casi en partes iguales. “El 50 por ciento quiere la caja y el otro 50 no”, estimaron ante este diario. Quienes se oponen dicen no confiar en la gestión del sindicato, reclaman que sea el Estado quien garantice el 82 por ciento o no quieren hacer más aportes.

El gremio ya tiene un anteproyecto con todos los detalles para implementar la caja. Burgos sostuvo incluso que el sindicato remitió al Ministerio de Trabajo el estudio con los cálculos actuariales para demostrar la viabilidad del proyecto, y aseguró que desde la cartera laboral obtuvo una señal de aprobación. Sin embargo, para que la caja pueda arrancar se necesita que Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, firme el convenio de corresponsabilidad gremial. El funcionario había dicho en un primer momento que daría ese paso, pero luego pisó el freno con el argumento de que no existe el suficiente consenso entre el personal. Si la caja empieza a funcionar, todos los trabajadores deben aportar, de manera obligatoria.

En cambio, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, apoya decididamente la iniciativa. El tema generó chispazos entre ambos funcionarios y se espera una definición en los próximos días. Para el Gobierno, el proyecto de las cajas complementarias gremiales es atractivo, porque le empieza a quitar presión al reclamo del 82 por ciento. Entre tanto, desde la conducción del gremio de camioneros confirmaron a este diario que también proyectan avanzar con la caja luego de que se resuelva la cuestión de la AFIP, aunque antes los Moyano trabajarán en el proyecto de creación de la ART con base sindical.