En los últimos días el clima de discrepancias entre el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y los comunicadores sociales alcanzó uno de sus máximos picos de tensión a raíz de la aprobación de la “ley contra el racismo y toda clase de discriminación” que, según gran parte de las organizaciones gremiales y profesionales que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, contienen artículos que resultan “atentatorios a la libertad de expresión” y representa un retroceso respecto de los avances democráticos producidos durante la actual gestión.

El jueves anterior seis diarios de la capital boliviana aparecieron con sus portadas en blanco reclamando la no aprobación de los artículos 16 y 23 de la norma contra el racismo. La ley, promulgada el viernes por Evo Morales, “tiene por objetivo eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación”.

Según Morales, la aprobación de la norma permitirá eliminar “toda expresión” que melle la dignidad de campesinos, indígenas y pobres, en un país marcado por las desigualdades y con una larga historia de discriminación por razones étnicas y económicas. Quienes han criticado la ley lo hacen en particular por aquellos artículos que, a su juicio, lesionan el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, si bien respaldan el objetivo y el sentido de la norma legal. Sin embargo, sostienen –tal como lo afirmó el secretario general del Ciespal (Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina), el abogado ecuatoriano Romel Jurado Vargas– que “el racismo es indeseable en toda sociedad moderna a partir del principio fundamental de que las personas somos iguales” pero, tomando en cuenta que se trata de un problema de índole cultural, las soluciones son del mismo tipo y no basta con acciones punitivas.

Las protestas de los periodistas, que además de movilizarse realizaron huelgas de hambre para hacer conocer su posición, se fundamentan en la ambigüedad y vaguedad en la definición de las conductas a ser sancionadas, lo cual daría pie a posibles arbitrariedades, y en el hecho de que se constituyen comisiones especiales para evaluar la eventual transgresión. En el artículo 6 de la ley se considera el “racismo” como una “teoría”, con lo cual –afirman los juristas– se estaría condenando a alguien por sus ideas y no por los actos que derivan de la misma. El artículo 16 establece que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”. Los comunicadores argumentan que tal afirmación alienta la censura previa en los medios de comunicación, con la finalidad de evitar consecuencias ulteriores. Morales afirmó que en el caso de que se concreten medidas que lleven a la clausura de medios, el gobierno entregará esas licencias a los trabajadores. El artículo 23 de la ley establece “la pena privativa de la libertad de uno a cinco años” para quienes incurran en las conductas sancionadas.

La Confederación Sindical de Trabajadores de Prensa de Bolivia (Cstpb), la Asociación de Periodistas de La Paz (Aplp) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lanzaron una iniciativa popular para, en el marco de la nueva Constitución del Estado plurinacional, buscar la derogación de los artículos cuestionados. “Hemos comenzado una cruzada bajo el amparo de la iniciativa legislativa ciudadana, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y se trata de una recolección de firmas para presentar un proyecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y derogar estos artículos”, afirmó Pedro Glasinovic, presidente de la APLP.

El actual enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y los periodistas se suma a las controversias ya planteadas con motivo de la aprobación, en junio último, de la Ley del Régimen Electoral. En esa ocasión la fundación UNIR, que reúne a periodistas e investigadores de la comunicación, advirtió que dicha ley “alienta una lamentable forma de centralización estatal de la información y genera una situación potencial de votación sin suficiente información que puede afectar la eficacia y la confiabilidad del voto como institución”. Entre otras medidas, la norma electoral establece que los postulantes no podrán manifestarse libremente y los medios no podrán informar sino aquello que les indique el Tribunal Supremo Electoral y, en consecuencia, los electores sólo podrán acceder a la información previamente procesada por el Estado.

Respecto de la ley contra el racismo, Morales desestimó los reclamos de los periodistas y el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) –que cuenta con mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional– aprobó el proyecto que salió del Ejecutivo sin ningún tipo de modificaciones. Ahora el mandatario hizo un llamado a los periodistas a negociar la reglamentación, mientras las organizaciones representativas del sector estudian la forma de recurrir a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los artículos de la ley que consideran atentatorios del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.