El gobierno argentino presentó una protesta formal ante la Organización de las Naciones Unidas por los ejercicios militares que la marina británica planeaba realizar desde ayer en las islas Malvinas. Lo hizo a través de su representante ante la ONU, Jorge Argüello, encargado de hacerle llegar al secretario general de ese organismo, el surcoreano Ban Ki-moon, una copia de la nota que se entregó hace dos días a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires, para que la difunda entre los 192 Estados miembros. En diálogo con Página/12, Argüello sostuvo que la iniciativa militar de Gran Bretaña es “un hecho más en una cadena” de acciones unilaterales por parte de los ingleses y aseguró, a tono con el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General, hace tres semanas, que el problema permanecerá irresuelto hasta que se logre “democratizar el Consejo de Seguridad” en el que se amparan las grandes potencias para actuar de forma unilateral.

“Naciones Unidas, a través de la resolución 41/39 ha pedido a las dos partes que se abstengan de producir acciones unilaterales en el territorio de las islas, en disputa, mientras no se ponga en marcha la negociación de soberanía entre las partes. El Reino Unido no la cumple”, comienza denunciando la nota que ayer empezó a circular entre los representantes de todos los miembros de la ONU, que luego enumera: “El Reino Unido licita permisos de pesca en las aguas en conflicto por hasta 25 años”; “realiza exploraciones y explotaciones de minerales en territorio en disputa”; “está llevando adelante operaciones de prospección petrolera en el Atlántico Sur”, todas acciones que el gobierno argentino denuncia como ilegales, al igual que las “pruebas misilísticas en un territorio que, para Naciones Unidas y la comunidad internacional, está en disputa”.

Los ejercicios debían comenzar ayer por la tarde, pero ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería podían informar si finalmente se llevaron a cabo: “Nuestra Marina no puede averiguarlo”, explicaron fuentes diplomáticas que agregaron que la información llegará durante el día de hoy “por parte de terceros países”. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico –el Foreign Office– buscó restarle importancia al entredicho al sostener que “son pruebas militares de rutina que se han llevado a cabo cada seis meses durante los últimos 28 años”. Desde el gobierno nacional, en cambio, explicaron a este diario que “es la primera vez que se notifican acciones de este tipo” que incluyen “la utilización de misiles tierra-agua”.

El objetivo de la movida es “insistir en la tarea que ya le encomendó el pleno de la Asamblea General de la ONU” a Ban Ki-moon, “que es que lleve adelante la gestión de buenos oficios orientada a la apertura de la negociación bilateral sobre la soberanía”, explicó Argüello. El diplomático detalló que “hay varias resoluciones que se vienen arrastrando desde hace décadas, año tras año, y que dicen que Gran Bretaña no puede negarse a negociar diplomáticamente la soberanía de las islas”. Además, agregó, “no puede otorgar unilateralmente permisos de pesca en las aguas de conflicto, no puede explorar ni explotar minerales o petróleo en territorio en disputa, ni realizar ejercicios misilísticos en las áreas en conflicto”.

Sin embargo, advierte, el tema de fondo es que “resulta imperioso democratizar la ONU y eliminar el derecho de veto en el marco del Consejo de Seguridad, que permite a cinco países, entre ellos Gran Bretaña, vetar lo que decide el resto de la comunidad internacional”, tal como había señalado la presidenta Cristina Fernández en el discurso que dio ante la Asamblea General hace tres semanas. “Inglaterra, como otros países que tienen sillón en el Consejo de Seguridad, hace uso y abuso de esta posición. Y entonces las resoluciones que dicta esta organización solamente son aplicables a aquellos países que no tienen el poder suficiente o no tienen el derecho a estar sentados en un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Consejo que realmente debe ser reformulado porque no ha podido preservar hasta ahora la paz internacional ni la seguridad internacional”, dijo la mandataria en esa ocasión, frente a jefes de Estado de todo el mundo.

“Es lógico que si hay una base militar haya ejercicios, lo que no es lógico es que haya una base en las islas Malvinas”, intentó graficar la situación un funcionario de Cancillería. Por eso el objetivo a largo plazo del gobierno argentino es cambiar esa lógica. “Sólo entonces podremos discutir en serio la soberanía”, confiesa. En el fondo, se trata de sembrar las bases de un debate que, confían, deberá darse tarde o temprano: un nuevo esquema para la ONU en el siglo XXI, que reemplace al actual, pensado para el mundo bipolar de la Guerra Fría. “Por lo tanto –había manifestado Cristina en su discurso de septiembre ante la Asamblea– ese Consejo de Seguridad ha perdido funcionalidad, porque no se compadece con el escenario, con el mundo, y con los peligros que este mundo encierra. Al contrario, muchas veces el uso y abuso que de esa posición dominante, al ser miembros del Consejo de Seguridad, hacen algunos países, es lo que desencadena conflictos que luego no pueden ser reencauzados por el propio Consejo y mucho menos por este organismo.”