Desde la provincia de Formosa llegó el miércoles pasado a Buenos Aires Valentín Suárez, un delegado del Consejo de Comunidades Originarias (CCO). Es un referente indígena, miembro de la etnia qom, y vino en representación de seis comunidades formoseñas que juntas suman a más de 5000 aborígenes. La visita de Suárez tiene como objeto lograr reunirse con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para expresarles su preocupación por la falta de relevamientos territoriales de los pueblos originarios en su provincia, a la vez que temen por una posible irregular ejecución de los registros catastrales, ya que quedarán principalmente en manos del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa, órgano que, según ellos, estuvo “ausente” ante los conflictos y represiones que padecieron los indígenas en el último tiempo.

“El motivo que me trae es entregar un petitorio al INAI para que la situación de nuestras tierras sea regularizada. A algunas comunidades no les han reconocido a sus representantes legales y otras no tienen título de tierras”, explicó Suárez. El hombre, oriundo de Riacho de Oro, departamento de Patiño, manifestó: “Si bien la Ley 26.160 (de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, prorrogada mediante Ley Nacional 26.554) tiene lindo contenido, el convenio que firmaron los presidentes del ICA y el INAI –en agosto de 2010, para aplicar dicha norma– no lo aceptamos”.

El rechazo al acuerdo entre los entes de Nación y Formosa está dado porque en el CCO apuestan por “la participación activa de las comunidades indígenas y no sólo la de los dirigentes” en la ejecución de las políticas que afectan la vida aborigen. Para conocer la postura del INAI, este diario buscó dialogar con Daniel Fernández, presidente del organismo. Hubo promesas de respuesta desde su secretaría, promesas que en los hechos, al cierre de esta nota, no se habían efectivizado.

El convenio INAI-ICA marca en su segunda cláusula: “Es intención de las partes promover y facilitar la participación protagónica de las autoridades de las comunidades aborígenes de la provincia de Formosa, y de los directores del ICA, en todas las etapas”. El problema que traerá la implementación de este artículo, según Suárez, es que “en algunas comunidades a los representantes los tienen dominados políticamente y entonces hay facilidad de representantes del Estado para hacerles firmar cualquier cosa”. En esas circunstancias, temen que “el relevamiento territorial lo hagan sentados en una oficina”.

En contraposición a lo acordado por los organismos indígenas nacional y formoseño, el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT –abocado a derechos y políticas aborígenes, y de rango supraconstitucional– establece que los “pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. En ese sentido, desde el CCO proponen “hacer consultas y talleres en las comunidades. Y (por ejemplo,) también hay que dar participación a los ancianos, que conocen la tierra”.

Suárez cuestiona la legitimidad de los representantes de los originarios en su provincia. “En Formosa se designa para el Consejo de Participación Indígena (CPI) –órgano que debería asesorar y cooperar en los relevamientos– a personas que no son auténticamente elegidas por las comunidades sino que las pone el Poder Ejecutivo.” En tanto que los directivos del ICA “sí son elegidos, pero de forma fraudulenta”. Para que diera su versión sobre estos supuestos, Página/12 intentó durante tres días comunicarse con el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Desde sus oficinas argumentaron mil y una dificultades, y la entera voluntad de conversar con este diario aunque sin definición de agenda. Igual que con el INAI, al cierre de esta nota no había señales de humo ministerial.

Para contextualizar la relación de las comunidades originarias con el organismo indígena de Formosa, el referente qom expuso que ante distintas represiones padecidas en los últimos años en la provincia, “el ICA nunca se involucró ni se hizo presente” en los lugares de conflicto. El caso de represión estatal más resonante fue el ocurrido el 23 de noviembre pasado en Colonia La Primavera. En su paso por Buenos Aires, Suárez se hizo un tiempo para acercarse a la carpa ubicada en Avenida de Mayo y 9 de Julio y saludar a sus hermanos qom de esa localidad formoseña. En ese lugar de la ciudad, esa comunidad reclama al gobierno nacional que se haga justicia con lo ocurrido hace dos meses y que se mejore la calidad de vida de este pueblo originario. “Nadie nos escucha en la provincia de Formosa. Y si reclamamos nuestros derechos, nos tratan de piqueteros o rebeldes”, concluyó Suárez.

Informe: Leonardo Rossi.