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Tras las objeciones de varios legisladores porteños y también del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ratificó ayer su competencia en la causa por el complejo habitacional en el Bajo Flores. El magistrado señaló que la Corte Suprema de Justicia nacional le encargó intervenir “en todas las cuestiones concernientes a la ejecución del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo”. El lugar tomado está, en parte, destinado a familias que viven a la vera del Riachuelo y depende de Acumar, el ente compartido entre los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Nación. “Con ese criterio mañana una camioneta de Acumar choca en Jujuy y tiene que extenderse la mano del juez, no tiene sentido”, dijo Fernández.

Los dichos de Armella, contenidos en una resolución, apuntan al pedido de los legisladores de Proyecto Sur, Laura García Tuñón y Rafael Gentili, quienes solicitaron el apartamiento de este juez porque, según ellos, “por tratarse de una cuestión penal”, el caso debe ser tramitado en la Justicia porteña. El juez federal de Quilmes calificó las iniciativas de los legisladores como “infructuosas, incoherentes y alejadas de la realidad jurisdiccional que ha motivado el aludido desalojo”.

Según explicó el magistrado, el pasado 10 de marzo él se declaró incompetente en la causa penal por usurpación y “ese mismo día quedaron radicadas las actuaciones penales por el desalojo en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Primera Instancia Nro. 21”. Sin embargo, según explicaron fuentes del tribunal de Armella, eso no quita que se pueda pedir el desalojo porque la Corte Suprema le dio jurisdicción y competencia amplias al juez para ejecutar la condena que obliga a los tres gobiernos comprometidos a sanear la cuenca del Riachuelo.

“Al verse comprometida la ejecución del fallo, el juez Armella dispuso el desalojo del predio, sin que esto interfiera con el delito penal que resolverá la Justicia porteña. Son dos cosas paralelas”, aseguró la fuente. Sin embargo, el jefe de Gabinete nacional insiste en que Armella “toma una medida (el desalojo) instruyendo a la Policía Federal y no tiene jurisdicción para hacerlo”. El funcionario explicó que “la Ciudad ha convenido manejar los desalojos, con lo cual debiera ser materia específica de la Policía Metropolitana”.

Mientras tanto, en el predio tomado, Marta, una de las ocupas, contó que siguen sin poder entrar frazadas y los pañales pasan a cuenta gotas. “No vino nadie a negociar, solo pasó Graciela Christe, de la Defensoría General porteña, para ofrecer ayuda en caso de un desalojo violento”, dijo Marta, quien pidió que el juez Armella se presente en la toma.