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La autopista Illia, hasta ahora la más cara del país y sobre la que en los últimos años llovieron más denuncias sobre irregularidades, dejó de ser privada. Tal como adelantó Página/12, el gobierno porteño resolvió rescindir el contrato de concesión a la empresa Covimet y decidió pasarla a manos de AUSA, una sociedad anónima con mayoría accionaria oficial, mediante un decreto firmado anoche por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. La toma de posesión se efectivizará hoy mismo, por lo que las autoridades advirtieron que en las primeras horas la autovía puede quedar cerrada al tránsito. A partir de la tarde, los usuarios podrán volver a utilizarla. Y con una buena novedad: el peaje volverá a costar 50 centavos.
Según explicó anoche a Página/12 el secretario de Obras y Servicios Públicos porteño, Abel Fatala, “se anuló la concesión por las gravísimas faltas e irregularidades encontradas desde el primer contrato firmado en 1981 y por los que la Municipalidad primero y el Gobierno de la Ciudad después pagaron unos 430 millones de dólares”. El decreto firmado anoche enumera además la ausencia de documentación y anexos en el convenio de 1998 y la omisión por parte de la empresa de declarar en sus ingresos un contrato firmado a espaldas del gobierno porteño con la empresa Shell para instalar una estación de servicio sobre la autopista por el que cobraron 10 millones de pesos por 20 años de concesión.
Entre las obras que debían hacerse pero que nunca se concretaron está la bajada de Pueyrredón, el ramal Callao, un rulo que debía hacerse alrededor de la Villa 31 y el corrimiento de las vías de tren.
“La investigación comenzó cuando en 2000 nos encontramos con que la empresa reclamaba el pago de 2,5 millones de pesos que descubrimos que ya habían sido pagados y cortamos los pagos”, explicó Fatala. La irregularidades detalladas en el decreto firmado por Ibarra incluyen el desembolso del Estado por 430 millones de dólares entre 1981 y 1999. La misma empresa es también concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata y de la Autovía 2, que va a Mar del Plata.
“Se pone a AUSA a cargo de la parte operativa por cinco años y hoy al mediodía se hace el desalojo administrativo por lo que por algunas horas va a estar cerrada la autovía”, explicó Fatala.
La decisión de rescindir el contrato de concesión a Covimet ya había sido anunciada a este diario en noviembre pasado por el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. Entre los varios reclamos que el Estado le hizo a la empresa estaba el de haber usado el dinero recaudado por el cobro de peaje –unos 600 mil pesos mensuales– para pagar un crédito bancario en lugar de realizar una serie de obras pendientes en la autopista.
La historia de la Illia se remonta a 1981, cuando el gobierno municipal de facto de Osvaldo Cacciatore otorgó a esa empresa la concesión para construir y explotar el enlace entre el trayecto final de la avenida Lugones y la 9 de Julio. Lo que en principio debía ser una inversión de riesgo se convirtió en una obra subsidiada por el Estado: el contrato fue renegociado 8 veces siempre bajo el mismo mecanismo, por el que la empresa detenía la construcción para exigir un desembolso de fondos del Estado.
El último contrato fue firmado en diciembre de 1998 por el entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa, flamante candidato a la Presidencia de la Nación. Ese contrato le reconocía a Covimet una deuda de 28 millones, que la empresa utilizó como garantía para obtener un crédito de 70 millones ante el Banco Ciudad. Por ese mismo decreto, el Ejecutivo porteño resolvió estirarle la concesión hasta el 2018 y autorizaba el aumento del peaje en un 100 por ciento, de 50 centavos a un peso. La supuesta deuda de 28 millones, que no estaba lo suficientemente acreditada en el expediente, ahora es reclamada por el Banco Ciudad al Estado porteño.
Junto a la firma de De la Rúa estaban las del entonces secretario de Producción y Servicios y tesorero de la campaña presidencial, Nicolás Gallo, y el secretario de Hacienda, Eduardo Delle Ville. Los tres, junto al entonces procurador de la ciudad, Ernesto Marcer, están imputados porel delito de estafa y fueron citados a declaración indagatoria por el juez de instrucción Mariano Bergés, junto a los entonces directivos de Covimet.