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“La Ley de Producción Pública de Medicamentos tiene un valor potente: admitir que la necesidad del medicamento está por encima de los criterios de mercado”: así lo destaca Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este organismo, que se ofreció para asesorar a los laboratorios públicos desde el origen de la red que los agrupa, nunca interrumpió su colaboración con ellos. En su diálogo con Página/12, Martínez –además de comentar la sólida experiencia brasileña en producción pública de medicamentos– ubicó la realidad argentina en los tres niveles que definió para la producción de fármacos. De su exposición, puede inferirse que la jerarquía tecnológica ya alcanzada por algunos laboratorios públicos argentinos llega a ser superior a la de la mayoría de las compañías farmacéuticas del país. Y el titular del INTI concluyó con una comprometedora pregunta: si todo quien se enferme debe tener derecho al medicamento, ¿qué pasa si alguien se enferma porque come mal? ¿La alimentación no debe ser también un derecho de todos?

–Cuando se constituyó la Red Nacional de Laboratorios Públicos, el INTI se ofreció y se mantiene como lugar de referencia para la organización de los procesos productivos y el control de calidad. Sin perjuicio del organismo regulador, que es la Anmat, debe haber un buen organismo asesor, y creemos que el INTI lo es –destacó Martínez.

–¿Qué importancia le otorga a la sanción de la Ley de Producción Pública de Medicamentos?

–En lo conceptual, es un tema muy potente: implica plantear que los medicamentos, la necesidad de consumirlos, debe estar quizá no por fuera pero sí por encima del mercado.

–¿Cómo se articula este concepto con el hecho de que la generación de nuevos medicamentos tiende a depender, en el mundo, de las compañías farmacéuticas privadas, con altos montos de inversión?

–Hay que distinguir tres niveles en la producción de medicamentos. La investigación para obtener nuevos medicamentos corresponde a un tercer nivel, el más elevado. Este nivel de producción prácticamente no existe en la Argentina, tampoco en las empresas farmacéuticas privadas. Es cierto que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha aprobado subsidios a consorcios público-privados para avanzar en el diseño de nuevos productos, especialmente en biotecnología, y en algunos de estos proyectos participa el INTI. Aquí sí se trata de la etapa final, ese tercer nivel donde ya hay innovación.

–Vamos a los dos primeros niveles.

–En general, en la Argentina, los laboratorios privados y también los públicos se ubican sólo en el primer nivel, que se refiere a medicamentos ya probados, cuya droga base no se elabora en el país: a partir de la droga importada, el laboratorio “formula” el medicamento, es decir, le agrega excipientes y elementos complementarios hasta llegar al producto que recibe el paciente. El formulado de un medicamento es, en definitiva, un cuidadoso mezclado de componentes. Farmanguinhos, el laboratorio estatal brasileño, hasta hace un tiempo no producía ni una droga base; pero formulaba una enorme cantidad de medicamentos, al punto de abastecer más del diez por ciento del total consumido en ese país. Y avanzaban, con mucha prudencia, en el proyecto de producir alguna droga base, que es el segundo nivel.

–Es lo que viene haciendo la India con los genéricos...

–Sí, la India o China están produciendo drogas base, que los laboratorios argentinos importan porque es más barata que la europea. Aunque se trate de reproducir drogas ya desarrolladas, este segundo nivel requiere una química orgánica compleja. En la Argentina hay alguna producción en este sentido, muy escasa. Entre los laboratorios públicos, el de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba trabaja efectivamente en este nivel y algo también está haciendo Laboratorios Puntanos de San Luis.

–Entonces, los tres niveles son:

–El primero, puedo hacer una aspirina comprando ácido acetilsalicílico y “formulándolo”, agregándole los elementos necesarios para que pueda conservarse en un envase e ingerirse. El segundo es producir el ácido acetilsalicílico, la droga base: elaborar un producto químico de valor medicinal. El tercero sería desarrollar un nuevo producto.

–¿Qué prevé en cuanto al impacto de la producción pública en la regulación del mercado de medicamentos?

–Permitiría evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga. La intervención del laboratorio público hace posible un poder regulatorio indiscutible: la reducción de la sobreganancia de un laboratorio no es algo que se pueda objetar. En Brasil, Farmanguinhos fue tenazmente criticado por el lobby farmacéutico; decían que iba a hacer quebrar los laboratorios. Pero el Estado brasileño sostuvo que, gracias a la producción pública, los pobres iban a tener acceso a los medicamentos y los laboratorios comerciales no serían afectados; al contrario, si los pobres aprendían el valor de tomar medicamentos, les iban a pedir a los médicos que les recetaran otros, procedentes de laboratorios privados. Y, efectivamente, el mercado privado no sólo no disminuyó, sino que aumentó. Es que antes, entre los pobres, había una cultura de no curarse.

–Parece utópico o mágico: una intervención del Estado en el mercado que, a la vez, resulta favorecer a las empresas privadas.

–Una analogía sería suponer que, si les damos de comer a los desnutridos, vamos a perjudicar a las empresas que venden alimentos. No es así, porque el desnutrido simplemente no comía: y, si empieza a comer y se hace más fuerte, a lo mejor le gusta de vez en cuando comprarse un yogurcito. Así pasó con los medicamentos.

–¿Cómo ha sido la relación del INTI con Farmanguinhos?

–Hace varios años hicimos un convenio de intercambio con Farmanguinhos, incluso enviamos gente para que se capacitara allí. Ese laboratorio es una apuesta grande del Estado brasileño, y va exactamente en la misma dirección que la nueva ley argentina. La diferencia es que, al ser claramente un organismo instalado y sostenido por el gobierno nacional, todas las compras de medicamentos con fines sociales se derivaron a ese laboratorio; y buena parte de esos medicamentos se distribuyen con carácter gratuito o a bajísimo costo.

–¿Cómo prevé la incidencia de los laboratorios públicos en la producción de medicamentos “huérfanos”, desestimados por las farmacéuticas privadas?

–Un ejemplo de lo que ya se ha logrado es la vacuna contra el “mal de los rastrojos”, la fiebre hemorrágica argentina, transmitida por ratones de campo en la zona maicera. Ningún laboratorio privado quiso desarrollar la vacuna porque la enfermedad no tenía suficiente dimensión económica. La solución fue provista por un organismo estatal, el Instituto Maiztegui de Pergamino, que desarrolló la vacuna. Entonces, se puede tener la esperanza de que, con el marco de la nueva ley, los laboratorios públicos puedan intervenir, por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos contra la enfermedad de Chagas.

–¿Cómo entiende la nueva ley en el orden más amplio de la relación entre el Estado y la actividad privada?

–Hay necesidades comunitarias que deben ser atendidas por un servicio público y otras que no. Esta ley se aprobó sobre la base de que la persona que se enferma tiene derecho a acceder al medicamento. Pero, ¿y si alguien se enferma porque come mal? El derecho a la alimentación, ¿no debería ascender también a la condición de servicio público? La cuestión es cuáles son las necesidades básicas que deben ser jerarquizadas hasta el punto de que deban estar a disposición de la gente aunque no tenga dinero. Esta es la lógica que se pone en juego con la nueva ley.