“¿Si la despenalización del consumo de drogas soluciona algo? La prohibición es la alquimia de convertir basura en oro”, dijo Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de la Nación. A su lado, el periodista Horacio Verbitsky había sintetizado las bases de una política de seguridad democrática. “El último año –dijo Verbitsky– tuvimos 17 muertos por violencia policial”, y mencionó los dos baleados por el policía de la Metropolitana en un colectivo, el lunes pasado. Ambos, Zaffaroni y Verbitsky, hicieron eje en la imperiosa necesidad de mantener el control político sobre las fuerzas de seguridad. Lo hicieron durante una conferencia realizada en la Facultad de Ciencias Sociales, en su sede de Santiago del Estero 1029, en el marco de un ciclo de encuentros sobre Seguridad en Democracia.

Durante una hora y media, ambos desarrollaron la lógica de la idea de inseguridad, el discurso punitivista de exclusión social, las bases para que la seguridad se sustente con argumentos propios de la democracia. En fin, ambos, cada uno a su manera, dedicaron una mención especial a la construcción mediática de los fantasmas de la inseguridad.

Verbitsky recordó que “de alguna manera, algunos de los temores que teníamos en aquella convocatoria (de Acuerdo de Seguridad en Democracia en 2009) se hicieron realidad al año siguiente”, dijo en referencia a la represión policial en el Parque Indoamericano. Precisamente el control político sobre las fuerzas de seguridad fue uno de los ejes de su mensaje.

Repasó las muertes de diciembre de 2001, las de Kosteki y Santillán en 2002, todas por violencia policial. Pasó por los avances logrados por Néstor Kirchner al decidir después de abrir al debate la no criminalización de la protesta, la no portación de armas por parte de la Federal en las manifestaciones. “Esto no fue nada fácil. En 2003, con los reclamos frente a la Legislatura porteña por el Código de Convivencia, mientras el gobierno nacional ordenaba (que la Federal no usara armas en el control de la protesta), el Gobierno de la Ciudad reclamaba represión y las fuerzas de seguridad se negaban a cumplir la orden”.

Pero también reconoció que, de alguna manera y por “el choque de concepciones diferentes tanto en la represión del delito como en la protesta social, la posición política del presidente Kirchner se ha relajado en algunas partes del país”. Así recordó el episodio ocurrido el lunes con un policía de la Metropolitana en un colectivo, los incidentes en Jujuy “con cuatro muertos en Ledesma”, los de la policía de Río Negro en Bariloche, “todos casos que dejan al Estado nacional como responsable ante los tribunales internacionales, lo que indica que el Estado nacional debería tener mayor participación en las decisiones sobre políticas de seguridad en todo el país”. Incluyó a la Justicia en el desborde policial: “En Jujuy fue la orden de desalojo de un juez provincial que después se fue de vacaciones y, en el Indoamericano, una jueza que ordenó a la policía el desalojo en términos del Código Penal, cuando en el lugar había cinco mil familias y era obvio que el problema era de resolución social”. Entonces, Verbitsky insistió en la propuesta de una ley que fijara un marco a la actuación policial, la conformación de una mesa para determinar los protocolos de actuación ante situaciones de crisis. Un parrafito dedicó a la “sensación de inseguridad amplificada por los grandes villanos a quienes no voy a mencionar, pero que todos conocen, que proclaman la disminución de los controles a las fuerzas de seguridad, la desconsideración de los derechos de las personas involucradas y de los propios integrantes de esas policías”.

Zaffaroni se explayó sobre su terminología de cuño propio, “la criminología mediática”, sostuvo que el problema de la construcción de la realidad mediática “es muy grave porque no es local, la discusión de la seguridad es un tema central en la política mundial”. “¿Cuál es la realidad del delito de la criminalidad? Es la realidad que construyen los medios”. Y agregó que esa construcción “requiere configurar enemigos y una realidad en la que se señale a un grupo”. Para el caso latinoamericano, los jóvenes de barrios pobres (léase villas, favelas y demás). Situó el origen discursivo en la confrontación entre dos modelos de Estado en Estados Unidos, el Welfare de Roosevelt y el Estado Gendarme de la dupla Reagan-Bush. Repasó los números escalofriantes de la tolerancia cero y las políticas carcelarias del país del Norte (200 mil millones de dólares anuales para el aparato carcelario, el país con mayor tasa de criminalización del mundo, más de dos millones de presos y uno de cada tres negros hombres en la cárcel). Sostuvo que para contener la política punitivista “lo primero es qué voy a prevenir si no sé qué nos pasa, y lo segundo es tomar medidas para controlar la autonomización de las fuerzas policiales. Nadie quiere que metamos la nariz en lo que hace ninguna agencia”.