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Por Irma Parentella *

El gobierno nacional ha decidido continuar y profundizar la línea de acción iniciada en el año 2000: facilitar e impulsar las estrategias de reducción de daños para, esencialmente, reducir la propagación del VIH y otras patologías de origen infeccioso en la población. Reducción de daños, en relación al consumo de drogas, significa que el objetivo principal deja de ser la cesación del consumo –que eventualmente podrá acontecer– para ser reemplazado por la prevención de algunas de las más graves consecuencias de ese consumo, en particular cuando se realiza mediante inyecciones intravenosas.
Hoy, por parte del Ministerio de Salud, parece haberse definido la paralizante y absurda polémica sobre si la distribución de jeringas a grupos de adictos es o no una especie de “incitación al consumo”. El abordaje de los problemas desde cerradas posiciones ideológicas limita el repertorio de opciones disponibles y en muchas ocasiones impide la solución de los mismos; en este caso con penosas consecuencias en términos de sufrimiento y muerte de personas jóvenes. Numerosas experiencias han demostrado que, al contrario de lo que los “alarmistas” sostienen, el acercamiento de estos grupos de adictos a los agentes de salud disminuye la transmisión de enfermedades infecciosas y abre posibilidades para reducir o suspender el consumo de drogas.
Celebro este triunfo de la racionalidad sobre los prejuicios. Simultáneamente, preocupan las trabas que encuentran los proyectos legislativos que se inscriben en la misma dirección, algunos de ellos presentados hace ya tres años, sin haber obtenido la sanción de las cámaras. Resulta llamativo que, en muchas ocasiones, lo que no apoya legislativamente, el mismo partido lo implementa a través de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Lo importante es que se haga, dirán algunos. Estoy de acuerdo, pero no podemos obviar que en las cuestiones relevantes la ley debe ser el marco normativo buscado.
Deseo que el empuje que hoy le da el Ministerio de Salud a este tema ayude para que se apruebe el proyecto de ley que, mediante la modificación de la Ley de Estupefacientes, permite a los profesionales de la salud impartir conocimientos para evitar daños mayores.
El objetivo prioritario es cuidar la salud de la población, obligación ética ineludible del Estado.
* Diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires - ARI
Vicepresidenta 2ª de la Comisión de Drogadicción.