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Preocupados por el estado actual y el futuro inmediato de los derechos humanos en el país, miembros de Amnistía Internacional visitan Buenos Aires desde el domingo en una misión oficial. Con una investigación previa en la que relevaron no sólo la represión desatada contra los manifestantes de diciembre, sino también el peligro que por la posible aplicación de ciertos planes económicos corren los derechos a la salud, la educación y el trabajo de los argentinos, la organización pretende entrevistarse con el presidente Eduardo Duhalde. Pero Duhalde no piensa recibirlos. Ya respondió que no tiene espacio en su agenda para entrevistarse con los recién llegados desde la sede central de la organización en Londres. “Esperemos que esto no signifique que se niega a hablar de temas de derechos humanos en un momento tan difícil como el que atraviesa el país”, le dijo ayer en una entrevista exclusiva con Página/12 el español Esteban Beltrán, director de la sección española y jefe de la delegación de Amnistía, que hacía cuatro años no enviaba una “misión” a la Argentina.
–Hace diez días Amnistía organizó un acto en La Haya, frente a la embajada argentina, y allí el discurso –a propósito del caso Zorreguieta– fue en torno de la impunidad, pero relacionada a la última dictadura. ¿Cuáles son las nuevas cuestiones que plantean ahora?
–Amnistía ha trabajado en Argentina y seguido la situación de los derechos humanos en el país desde siempre. Hablaba hoy con un familiar de desaparecido que me decía “25 años después Amnistía regresa”. Lo cierto es que ésta es la primera misión en los últimos cuatro años. Venimos en un momento muy difícil en el que persisten problemas que vienen desde la dictadura y nuevos problemas que tienen que ver con las torturas y malos tratos, la represión en manifestaciones y las discusiones de leyes como la obediencia debida y el punto final. Pero también la crisis se da en relación con el derecho a la salud, la educación o el trabajo, que siempre estuvieron en una situación difícil, pero actualmente mucho más compleja. La visita se da además en un contexto en que hubo un uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones, con asesinatos, y en que se discute un nuevo plan económico y una serie de relaciones con el Fondo Monetario Internacional.
–Todo esto es lo que querrían hablar con Eduardo Duhalde.
–Nosotros queremos plantear en general cuatro cuestiones básicas. Una es que hay un nuevo gobierno y por eso es sumamente importante entablar un diálogo con el presidente. Nosotros hace tiempo que pedimos una entrevista con él porque vamos a presentar una serie de documentos, recomendaciones y sugerencias con la esperanza de que exista una agenda de derechos humanos. –Tengo entendido que el Presidente manifestó que no contaba con el tiempo en su agenda para recibir a la misión.
–Efectivamente ha dicho que no, pero nosotros seguimos insistiendo. El ha indicado que hay otras entrevistas con el Ministerio de Justicia, con el de Relaciones Exteriores. Pero lo importante sería conversar esa nueva agenda con el Presidente en persona por la importancia que esto tiene.
–¿Cuál es la experiencia que tienen en otras misiones? ¿Los presidentes suelen recibirlos?
–Habitualmente sí. Hablamos con todo tipo de presidentes. Hemos sido recibidos por Ricardo Lagos, de Chile; por Vicente Fox, en México. Es normal que nos reciban.
–¿Qué significa para ustedes que un presidente se niegue a recibir a los enviados de la organización?
–Nosotros esperemos que esto no signifique que se niega a hablar de temas de derechos humanos. Para nosotros, un punto esencial en esta discusión es que estamos hablando no de una cuestión de política económica, ni de asistencia social, sino de una cuestión de derechos ampliados, de derecho a no ser torturado, pero también del derecho a la salud, la educación, el trabajo que pueden ser socavados. Por lo tantoesperamos que el máximo mandatario del gobierno comparta esta opinión con nosotros y podamos entablar un diálogo. Es un nuevo gobierno, por tanto es la oportunidad de hacerlo sin ningún tipo de temor por la crítica de Amnistía, porque pretendemos un diálogo constructivo. Nos inquieta que si no recibe a Amnistía Internacional esté enviando algún tipo de señal de que no le preocupan como derechos estos temas que planteamos.
–¿De acuerdo con la visión de Amnistía, qué pasó el 20 de diciembre?
–Estamos en la investigación y pendientes del proceso abierto por las violaciones cometidas. Fue un caso serio de violación de los derechos humanos. Pero queremos obtener información no sólo de lo que ocurrió el 20 de diciembre, sino de lo que ocurrió en el resto del país, en las represiones que hubo antes de esa fecha, en las que también se violaron derechos fundamentales. Estamos aún investigando, estamos hablando con gente, reuniendo información, constatando sobre el terreno, pero independientemente de lo que Amnistía pueda confirmar, lo importante es que la investigación judicial se lleve a cabo, que se encuentre a los responsables. Es esencial porque además existe un amplio movimiento de manifestaciones en todo el país que se prolonga y es esencial que no vuelva a ocurrir eso.
–¿Cree que es una posibilidad?
–Por eso la investigación judicial, la presencia de Amnistía y las recomendaciones y la vigilancia de la comunidad internacional sobre lo que ocurrió en diciembre debe ayudar a todos a prevenir que vuelvan a ocurrir estos sucesos. Junto con el primer objetivo de refrescar las violaciones del pasado, y rever las torturas, los malos tratos, el fusilamiento de menores, las condiciones inhumanas de detención, evitar nuevas represiones salvajes es el segundo objetivo de la visita. El tercer punto es la importancia de poner los derechos en la discusión de las políticas económicas que en estos momentos el Gobierno negocia.
–¿Esta concepción ampliada de los derechos es una novedad en el reclamo de Amnistía?
–Amnistía considera cada vez más en su acción que todos los derechos humanos son indivisibles. No hay derechos de primera y segunda categoría. Hay derechos humanos que la gente merece y que los gobiernos deben respetar. En la Argentina, en este momento existe una discusión en torno al plan económico con el FMI y hay varios requisitos que a nuestro criterio se deben cumplir antes de decidir aplicar un programa económico. Existe un Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del que Argentina es Estado parte. Esto significa que debe respetar y garantizar el derecho a la salud, cuando existe una crisis de medicamentos y peligra ese derecho; cuando hablamos de una situación difícil de la educación porque cada vez se le destinan menos recursos. Si el Estado pretende delegar en las provincias la garantía del derecho a la salud, significa que la gente está en peligro. Para nosotros esto no puede soslayarse. Y al mismo tiempo las instituciones financieras internacionales deben ser conscientes de que cualquier plan que apoyen debe tener un respeto a estos derechos. Que quede claro que no hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos.