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El ex presidente Fernando de la Rúa fue procesado anoche por “defraudación” en la renegociación del contrato de concesión de la Autopista Illia, que lo tuvo como protagonista cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la Rúa está acusado de firmar un decreto que reconoció una deuda de 28 millones de pesos, no acreditada en forma suficiente, a la empresa Covimet, y de autorizar el pago de parte de esa suma a la misma compañía. Lo hizo en diciembre de 1998, cuando ya estaba en plena campaña hacia la Presidencia. La medida fue adoptada por el juez de instrucción Mariano Bergés, en el último día en el que estuvo a cargo, como subrogante, del Juzgado de Instrucción Nº 43, que quedó vacante justamente durante la presidencia de De la Rúa, cuando comenzó la investigación. En la misma causa están investigados quienes fueran secretarios de la gestión De la Rúa, Nicolás Gallo, que ayer no se presentó a declarar, y Eduardo Delle Ville, el ex procurador de la Ciudad, Ernesto Marcer, y seis directivos de la empresa Covimet.
Bergés hizo lugar al pedido que formuló hace más de un año y medio el fiscal Alejandro Molina Pico. Como adelantó en ese momento Página/12, en exclusiva, la denuncia había sido presentada por un particular, Marcelo Gey, concejal del Partido Demócrata en la ciudad entre 1973 y 1976, y asesor ad honorem del propio De la Rúa al comienzo de su gestión como jefe de Gobierno.
Desde que fue iniciada, el 3 de octubre de 2000, la causa pasó por las manos de siete jueces hasta que llegó al escritorio de Bergés, el único magistrado que le dio un impulso y citó a declaración indagatoria a los imputados. De la Rúa faltó a tres citaciones, pero debió presentarse al fin ante la advertencia de que podría ser llevado por la fuerza pública. El 20 de marzo último fue a Tribunales pero se negó a declarar y sus abogados pidieron ante la Cámara de Casación la nulidad de lo actuado por Bergés.
Gey descubrió que la empresa Covimet, concesionaria de la autopista, ofreció como garantía para obtener un crédito de 14 millones de pesos del Banco Provincia, la recaudación del peaje de la Autopista Illia, que cobraba “por cuenta y orden de la ciudad”. Al tomar contacto con el expediente, Gey descubrió una serie de irregularidades en el decreto 3135/98, firmado por De la Rúa y Gallo, que le reconocía a la empresa una deuda por parte del Estado porteño de 28 millones de pesos, prolongaba la concesión por 20 años más, hasta el 2018, y aumentaba el precio del peaje de 50 centavos a un peso. En los primeros días de enero de 1999, se autorizó el pago a Covimet de 2,5 millones de pesos, como parte de esa deuda.
El fiscal Alejandro Molina Pico, a cargo de la causa, pudo comprobar que el anexo del decreto donde se detallaba la presunta deuda del Estado con la empresa era una fotocopia sin membrete ni firma de autoridad alguna, con datos de entradas y salidas de dinero entre 1993 y 1998. Como para completar el escándalo, tiempo después Covimet presentó como garantía ante el Banco Ciudad, para obtener un nuevo crédito, la presunta deuda que le acreditó De la Rúa, una suma que ahora el Banco le reclama a la ciudad. El caso desnuda un sistema de contratación de obras públicas que se presentan como inversiones de riesgo pero se convierten, después de sucesivas negociaciones con los gobiernos de turno, en obras subsidiadas por el Estado. En efecto, no fue De la Rúa el único que renegoció el contrato con Covimet: lo habían hecho casi todos sus antecesores. Resultado: de acuerdo con una pericia del Centro Argentino de Ingenieros, la ciudad pagó 225 millones de pesos por apenas tres kilómetros de autovía, sin contar lo que abonaron los usuarios desde su habilitación, hace más de siete años.
Ante las irregularidades detectadas, el Ejecutivo porteño resolvió rescindir el contrato con Covimet. Lo hizo a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, el 26 de febrero último. El paso siguiente fue entregar en concesión la autopista a la empresa AUSA –una sociedad con mayoría del Estado porteño– y bajar la tarifa del peaje a 50 centavos.
El gobierno porteño argumentó que hubo “grave incumplimiento” del contrato por parte de la empresa. Es que en la última renegociación, Covimet se había comprometido a realizar obras pendientes como las bajadas en las avenidas Callao y Pueyrredón, y en Retiro, y con ese fin se le concedió el aumento de tarifa. Otro de los argumentos que esgrimió el gobierno es que la empresa le alquiló un espacio a la empresa Shell para la instalación de una estación de servicio, por el que habría cobrado 10 millones de pesos.
La historia de la autopista comenzó en 1981, cuando el gobierno municipal de facto de Osvaldo Cacciatore otorgó a Covimet la concesión para construir y explotar por peaje un viaducto para enlazar la Avenida 9 de Julio con la Lugones, a la altura de Aeroparque. El contrato fue renegociado en ocho oportunidades, en una suerte de círculo vicioso mediante el cual la empresa presionaba paralizando las obras para exigir desembolsos de fondos del Estado. La última concesión fue el decreto firmado el 23 de diciembre de 1998, cuando De la Rúa ya era candidato a la presidencia tras imponerse en las internas abiertas de la Alianza y se aprestaba a afrontar una costosa campaña publicitaria.
También firmaron el decreto el entonces secretario de Producción y Servicios, Nicolás Gallo, quien era el tesorero de la campaña electoral de De la Rúa y fue ministro de Infraestructura de la Nación; y Eduardo Delle Ville, secretario de Hacienda porteño. Molina Pico también pidió el procesamiento de Luis Alberto Aragón y Roberto Servente, entre otros directivos de Covimet.
De la Rúa tiene otras dos cuentas pendientes con la Justicia: una, por su responsabilidad en la represión del 20 de diciembre en los alrededores de Plaza de Mayo, que provocó 6 muertes; la otra, por la contratación de ñoquis en la Legislatura porteña.