Culminó ayer la jornada de protesta contra la SOPA (Stop Online Piracy Act) y la PIPA (Protect Internet Protocol Act), los dos proyectos de ley que, desde Estados Unidos, apuntan a castigar a los sitios web que, en el mundo entero, pudieran vincularse con downloads que infringieran la legislación de ese país sobre propiedad intelectual. Anoche se estimaba probable que ambos proyectos se frenen, no exactamente por la protesta –cuya expresión más fuerte fue el cierre temporario de Wikipedia en inglés–, sino por las prevenciones que manifestó la Casa Blanca y por la oposición de gigantes como Google, Facebook y Twitter. Subyace al conflicto la cuestión de qué diablos hacer con los derechos de propiedad intelectual en un mundo donde toda creación, desde la novela más laboriosa hasta la película más producida, puede copiarse casi sin costo. A los impulsores de la ley –básicamente las grandes empresas de cine y TV–, se los acusa de buscar respuestas sólo represivas. Pero un investigador argentino advirtió que “en este debate entre usuarios y grandes empresas, falta incluir los derechos de un actor central: los trabajadores de la cultura”.

También la organización Reporteros sin Fronteras cerró ayer durante 24 horas su versión en inglés como “protesta en nombre de la libertad de expresión en línea”. El mes pasado, los fundadores de eBay, Facebook, Google, Twitter, Yahoo y Wikipedia, en un documento conjunto, afirmaron que la legislación propuesta “permitiría al gobierno de Estados Unidos usar procedimientos similares a los empleados por China, Malasia e Irán”. La entidad NY Tech Meetup, que reúne a 20.000 profesionales vinculados con Internet, fue más allá de lo virtual y efectuó ayer una movilización en Manhattan. La administración Obama había declarado que “la piratería en Internet es un grave problema que necesita una respuesta legislativa seria, pero no apoyaremos una legislación que reduzca la libertad de expresión, aumente los riesgos para la seguridad cibernética y erosione el dinamismo y el carácter innovador de Internet”. En la Argentina, el sitio Cuevana cerró ayer en adhesión a la protesta.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Motion Picture Association of America –que agrupa a las productoras de cine, tele y video– apoyan los proyectos, en contra de “los sitios web extranjeros que efectúan ventas ilegales y permiten ver y bajar música y video sin cargo. El senador Patrick J. Leahy, autor de la PIPA, acusó a quienes protestaron de “proteger a delincuentes extranjeros, en lugar de proteger la propiedad intelectual de los norteamericanos, que así perderán puestos de trabajo”. También el magnate mediático Rupert Murdoch apoya estas leyes.

Uno de los aspectos más controvertidos es el Sistema de Bloqueo de Nombres de dominio, que impediría el acceso desde Estados Unidos a sitios donde se albergaran contenidos que no respetan los derechos de autor. Además, estas leyes prohibirían a buscadores como Google incluir en sus resultados sitios que permitieran acceso, aun indirecto y ocasional, a contenidos con copyright.

–Entonces, ¿Estados Unidos puede dictar leyes que bloqueen páginas web en cualquier país del mundo? –se sorprendió Página/12.

–Los bloquearía para su acceso desde Estados Unidos, pero, en la práctica, la mayor parte de esos sitios quedarían bloqueados en el mundo –contestó Patricio Lorente, titular del capítulo argentino de Wikipedia–. Parte de la infraestructura de los nombres de dominio está en ese país y, por ejemplo, muchos servidores de sitios web argentinos están en Estados Unidos.

Lorente aclaró que “si bien es norma innegociable de Wikipedia no aceptar contenidos en infracción con los derechos de autor, nos oponemos a esta legislación porque obligaría a filtros y mecanismos de censura previa: Wikipedia dejaría de ser abierta y no podría mantener sus actuales mecanismos de edición”.

“Por otra parte –continuó Lorente–, toda la normativa de derechos de autor está en crisis desde que las obras pueden copiarse y distribuirse prácticamente sin costo. La única respuesta de la industria del entretenimiento es pedir más penalidades y aumentar los plazos de protección, que ya son irrazonables: un programa de software está protegido por 70 años, lo cual en la práctica es un monopolio eterno.”

Pero Damián Loreti, titular de la cátedra de Derecho a la Información en la UBA, advirtió que “cuando se discuten los temas de propiedad intelectual, suele faltar un actor: los propios trabajadores de la cultura. En la pelea entre usuarios y las grandes compañías dueñas de la propiedad intelectual, rara vez se escucha a los trabajadores. Los contenidos son reclamados por las casas editoras en nombre de la protección de los derechos de los artistas, pero éstos ni se acercan al reparto de lo acumulado, y éste es un dato central”.