El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, salió a respaldar fuertemente el pedido de aborto no punible de la nena entrerriana de once años. “Tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal”, afirmó Mouratian. El funcionario consideró, además, que “un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”. Desde el Inadi se afirmó que el caso no tendría que haber llegado a la Justicia, y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud. Al mismo tiempo, el organismo nacional reclamó “una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”. Se espera que el juez de Familia de Concordia, Raúl Tomaselli, que tiene el caso en sus manos, se pronuncie antes del fin de semana. La abogada que representa a la madre de la nena, Susana Benítez, pidió al magistrado que la niña sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar el impacto en su salud mental de la gestación forzada, luego de que un polémico informe médico del Hospital Masvernat, de Concordia, concluyera que puede llevar a término el embarazo sin riesgos.

El interventor del Inadi se pronunció sobre el caso a través de un comunicado de prensa y rompió así el silencio que venían manteniendo en torno del drama de la niña desde el gobierno nacional. Puntualmente, el ministro de Salud, Juan Manzur, ordenó a los funcionarios de su cartera que no opinen en los medios sobre el tema ni intervengan de otra forma para allanar el reclamo de la familia. De hecho, en otro caso similar que ocurrió en 2010 en Chubut, el de una adolescente violada en Comodoro Rivadavia, identificada como A.G., el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se presentó como “amicus curiae” acompañando aquel pedido de aborto no punible, pero en esta oportunidad todavía no dio ningún paso en ese sentido.

“Ante el grave hecho de violencia hacia una niña de 11 años de la localidad de General Campos, provincia de Entre Ríos, que fue abusada sexualmente y como consecuencia está embarazada, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo impulsa una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”, dice el texto publicado ayer en el sitio web del organismo. “Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar el derecho del/a niño/a a ser protegido/a contra toda forma de abuso físico y mental (artículos 19, 32, 34, 35 y 39), el derecho a la salud (artículo 24) y el derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que lo/a afecten, teniendo en cuenta debidamente sus opiniones (artículo 12)”, recordó el Inadi.

En el Juzgado de Familia de Concordia había ayer mucho malestar contra el ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, por su decisión de difundir el día anterior a través de los medios de comunicación los resultados de un dictamen médico antes de que fueran entregados al tribunal, que los había solicitado, y a donde llegaron a última hora del martes. “Piden celeridad en la resolución y demoran en enviar las pericias”, se quejó una fuente judicial. Cettour estuvo dando entrevistas el martes desde muy temprano a diversas radios, sentando además su posición contraria a la realización del aborto por considerar que el embarazo no afecta la salud de la niña.

Las pericias se hicieron en el Hospital Masvernat, de Concordia y determinaron que su cuerpo puede soportar el embarazo hasta el final. Expertos de distintos ámbitos salieron a cuestionarlas, por considerar que dada la edad de la niña se trataría de una gestación de “alto riesgo” y porque no se tomó en cuenta el impacto psíquico de la gestación en la menor, al provenir de un abuso sexual y, sobre todo, porque la niña ha expresado que la quiere interrumpir.

En la audiencia informativa convocada por el juez, el martes por la noche, en la que participaron la mamá de la niña y la propia niña, su abogada particular, Susana Benítez, requirió al magistrado que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas. Los estudios estarían a cargo de un equipo de profesionales del tribunal. La abogada encuadró el caso como un aborto terapéutico. Pero también podría solicitarse la interrupción del embarazo por tratarse de una gestación que proviene de un abuso sexual. Tras las repercusiones que generaron las declaraciones del ministro Cettour, el gobierno provincial emitió ayer un comunicado sobre el caso. “El gobierno expresa públicamente que no es de su competencia abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición respecto del complejo suceso y a lo que indica la ley vigente”, dice. Y agrega: “Por todo ello es el Poder Judicial el que debe valorar y expedirse sobre la existencia del delito de violación, como requisito esencial previo que dispararía sí el procedimiento terapéutico previsto claramente por la ley”. Mientras tanto, la niña de 11 años y su humilde familia esperan.