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“La minería a cielo abierto es la más segura que hay” y “el impacto ambiental puede preverse y remediarse”, sostiene Hugo Nielson, integrante del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Afirma también que “un gran proyecto de minería a cielo abierto no consume más agua que un cultivo de uva de 70 hectáreas” y que “la minería no contamina con cianuro, ya que este insumo se recicla y los restos se degradan naturalmente”. También sostiene que “contra lo que suele decirse, la Argentina es uno de los países donde la minería paga más impuestos” aunque “deberían ser redistribuidos para que beneficien a las poblaciones directamente involucradas”. Estima que “las empresas mineras pueden ser controladas, incluso con participación comunitaria” y que “la minería en la Argentina todavía tiene que obtener la ‘licencia social’ de las comunidades, para lo cual es esencial la acción reaseguradora del Estado”. En cuanto a Famatina, “la gente toma partido como si fuera River-Boca, pero el debate sólo tendrá sustento cuando llegue el tiempo del informe de impacto ambiental del proyecto”.

Nielson es secretario general del Olami, “organización integrada por organismos gubernamentales, universidades, las cámaras de empresas mineras, entidades profesionales y de trabajadores”, detalló. También es profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de San Martín: “La Argentina es uno de los países donde la minería paga más impuestos, comparando mineral por mineral: así lo indica un informe que elaboró la consultora Ernst & Young para el gobierno de Brasil. En la década de 1990, una ley otorgó a proyectos mineros estabilidad fiscal durante 30 años: esto no es exención impositiva sino la garantía de que no se añadirán nuevos impuestos a los ya existentes. De todos modos, en el marco del repunte de algunos metales en el mercado internacional, se podría aumentar la presión impositiva, y, sobre todo, redistribuirla: los impuestos a la minería van mayormente a la Nación, y una mayor proporción debiera beneficiar a las zonas donde están radicados los proyectos”.

“En cuanto al uso de agua, se desarrolló una imaginería sin fundamento: gran parte del agua utilizada se recicla, y una explotación puede usar una cantidad similar a la que requieren 70 hectáreas de cultivo de uva. Los proyectos mineros que funcionan en San Juan, entre todos, no llegan al uno por ciento del total de agua utilizada para usos agrícolas e industriales, según estudios del Departamento de Hidráulica provincial. En Chile, la minería coexiste con la agricultura desde hace siglos: ese país produce vinos de altísima calidad, aguas abajo de emprendimientos mineros que son la principal fuente de ingresos de su economía.

Respecto de la contaminación, “las empresas reutilizan el cianuro, porque es mejor negocio que volver a comprarlo; si algo se emite, se degrada naturalmente: no sobrevive por siglos, como las bolsas de plástico, se degrada en horas o días por la acción de la atmósfera”.

“Que la minería se desarrolle a cielo abierto o subterránea no es decisión arbitraria, sino técnica –destacó Nielson–. La minería a cielo abierto tiene mucho menos riesgo de generar derrumbes, como el que se produjo en la mina subterránea chilena de Copiapó (donde quedaron atrapados 33 trabajadores), o los que causaron víctimas en la Argentina en Río Turbio. Una explotación a cielo abierto ocupa el área de un estadio de fútbol, que en la extensión de la cordillera no es nada: el impacto paisajístico es menor y se puede remediar. El informe de impacto ambiental incluye cómo repondrán las especies vegetales que puedan dañarse y cómo se efectuará en su momento el cierre de la mina.”

En el caso de Famatina, “la gente ha tomado partido como si fuera River-Boca, pero el proyecto está en la fase de exploración, en la que se busca un mineral determinado; cuando se lo encuentra, se declara el yacimiento y, previo a empezar la explotación, la empresa debe elaborar y abrir a discusión un informe de impacto ambiental. Cualquier explotación minera se puede hacer con los estándares más altos de seguridad, sin contaminar. Las normativas en distintos países son bastante similares a la que existe en la Argentina, pero es claro que el Estado no debe aflojar los controles. Chile y Perú los efectúan con solvencia. También se puede desarrollar controles participativos, con representantes de la comunidad. Lo que todavía no está muy desarrollado en ningún país es lo que se llama la licencia social: por más que se cumplan todas las normativas, es necesario explicarle a la gente del lugar cuáles serán las perspectivas, y hacerlo sin exagerar: una empresa minera no puede resolver los problemas de diez mil habitantes. Y en la obtención de la licencia social, el Estado debería ser el actor principal, debe estar presente para otorgarle a la gente confianza en que habrá control. Pero –insistió Nielson– no hay que prohibir”.