El ministro de Salud pampeano, Mario González, anunció ayer que esa provincia no acatará el fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible, que estableció que todas las mujeres violadas tienen derecho a abortar sin necesidad de una autorización judicial, y en el que reafirmó que los médicos que realicen estas prácticas no pueden ser sancionados. El titular de la cartera sanitaria pampeana aclaró que actuó acorde con lo que “piensa” el gobernador Oscar Jorge. Desde el gobierno provincial se emitió un comunicado que señala que una “asesoría letrada” se encuentra evaluando cómo aplicar el veredicto.

“Si una mujer es violada y concurre al Hospital Lucio Molas, ubicado en Santa Rosa (capital provincial), no se le practicará un aborto. Para eso deberá tener autorización del juez”, graficó González en declaraciones a la prensa, y despertó el rechazo de agrupaciones que abogan por la igualdad de género y la consternación de la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabet Rossi, quien señaló que hace tiempo busca reunirse con el ministro, sin resultados.

González utilizó el mismo argumento que los gobernadores kirchneristas de Salta y Mendoza, Juan Manuel Urtubey y Francisco Pérez (aunque el primero luego modificó su posición). Afirmó que el fallo “es sobre un caso puntual. No es para aplicar en casos similares, los asesores legales nos han dicho que no se puede aplicar en otros casos”. Y agregó que “lo mismo piensa el gobernador (Oscar Jorge) sobre el tema”, en referencia a la decisión del mandatario con la medida.

Jorge es conocido en la provincia por su férrea oposición al avance en la aplicación de medidas para la interrupción del embarazo. “Su primera medida de gobierno, cuando asumió en 2007, fue vetar el protocolo de aborto no punible que acabábamos de sancionar en la Legislatura provincial”, señaló a este diario Mirta Fiorucci, integrante de la ONG Mujeres por la Solidaridad.

“Es totalmente inaceptable que surjan estas declaraciones –destacó la activista–. El fallo de la Corte es muy claro en que todos los Estados tienen que garantizar la realización de los abortos no punibles en casos de violaciones, sin discriminación sobre las capacidades de quien lo requiera. Por lo tanto, lo que está haciendo Jorge, influenciado por la Iglesia, es ejercer violencia institucional hacia las mujeres.”

Mónica Molina, periodista y ex subdirectora de Género de Santa Rosa, sostuvo que no está sorprendida por la decisión del gobierno de desacatar el fallo de la Corte: “Obedece a un pensamiento retrógrado, consecuente con los dogmas de la Iglesia Católica, con respecto a un derecho tan caro para la vida de las mujeres”.

Quien sí se sorprendió fue María Laura Iglesias, referente de la Secretaría de la Mujer del Partido Socialista local. Es que el ministro González admitió –“con total indiferencia”, según Iglesias– que no conocía la resolución del máximo tribunal, ni las guías elaboradas para la práctica.

“No conozco sobre los protocolos que se deben implementar en las provincias, ni leí el fallo de la Corte. Yo no soy abogado, lo que sé me lo dijeron los asesores legales del gobierno”, dijo ayer González.

Desde el gobierno provincial, sin embargo, alegan que la citada Asesoría Legal de gobierno “se encuentra desde el conocimiento de dicho pronunciamiento (el de la Corte) en el análisis del fallo”, y que “de igual forma se están realizando gestiones a nivel nacional con la intención de adoptar una opinión unificada”.

Según el documento, como el tema genera la “mayor sensibilidad”, el gobierno adoptará las medidas “una vez evaluado en profundidad el tema”.

Informe: Rocío Magnani.