El plan económico de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) tuvo por objetivo la destrucción del entramado productivo del país y la concentración de la riqueza. Sus ideólogos y ejecutores aplicaron un plan sistemático de represión con fines económicos. El Estado está investigando 604 liquidaciones de compañías –siderúrgicas, textiles, bancos, entre otras–, donde se aplicó una misma metodología: sus dueños fueron obligados a vender o transferir acciones, e incluso llevarlas a la quiebra por presión, bajo tortura. Eduardo Saiegh, dueño del Banco Latinoamericano (BLA), fue secuestrado el 31 de octubre de 1981. Durante la semana que duró su cautiverio fue obligado a liquidar su banco. Según la denuncia del propio Saiegh, avalada por la Secretaría de Derechos Humanos –también querellante en la causa penal–, el responsable de esa maniobra fue el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, junto al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Una vez que se logró la liquidación del Latinoamericano, Reynal renunció al Central y fundó su propio banco, el Merchant Bankers Asociados (MBA), actualmente en actividad. Desde el MBA, Reynal asesoró a distintas entidades para que vendieran su capital a bancos extranjeros.

“Fui secuestrado por una comisión policial paramilitar y durante siete días fui salvajemente torturado para que confesara delitos inexistentes. Toda la maniobra fue planeada con el objetivo de desapoderarme de mi empresa y hacer desaparecer del tesoro del BLA las acciones de Makin SA, controlante de Austral Líneas Aéreas, y los comprobantes de su deuda con la entidad por más de 7 millones de dólares”, narró Saiegh a Página/12.

Según la denuncia penal, en manos del juez Norberto Oyarbide (primero pasó por el juzgado de Daniel Rafecas), el Estado argentino quería hacerse de la empresa Austral, cuyo principal acreedor era el Banco Latinoamericano. Esta entidad le había otorgado préstamos por 7 millones de dólares, y como garantía, los accionistas privados, entre ellos William Reynal –primo del entonces vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal–, entregaron en caución los títulos de la empresa. “Los militares necesitaban sí o sí estos comprobantes para poder transferirle al Estado las acciones y el pasivo de la compañía y estatizar la misma por decreto”, explicó Saiegh. Los militares, con la complicidad del Ministerio de Economía, primero decretaron la estatización de Austral –firmada en septiembre de 1980–, pero como el BLA era acreedor y tenía en su poder las acciones, prepararon el terreno para que Saiegh “autoliquidase” su banco. Para lograr ese objetivo, primero tuvieron que secuestrarlo y torturarlo.

El grupo de tareas que se encargaba de presionar a los bancos y empresas funcionaba en la División Bancos de la Policía Federal, que tenía su sede central en el Banco Nación. El comisario responsable era Angel Iannibelli y su segundo, Héctor Edgardo Cereda. “El modus operandi era el siguiente: primero se fabricaba una denuncia anónima dirigida al Banco Central, sobre alguna irregularidad inexistente. Eso generaba un despliegue de la División Bancos de la Policía Federal, supervisada por Harguindeguy y comandada por el comisario Iannibelli. Era un grupo de tareas especializado y utilizado sobre el final de 1980 para este tipo de prácticas ilegales”, indicó a este diario Alejandro Rúa, abogado querellante.

Antes de su secuestro, Saiegh estaba en negociaciones para vender su banco al Crédit Lyonnais. Pero, durante su cautiverio, la entidad francesa fue desviada para comprar el Tornquist, propiedad de Francisco Capozzolo, amigo de Albano Harguindeguy. “Fue un operativo tijera: me secuestraron, luego me dejaron sin comprador y desviaron a los inversores franceses para salvar a Capozzolo, y después me empujaron para que me autoliquidara”, agregó Saiegh. Uno de sus torturadores, el subjefe de la División Bancos de la Federal (Cereda), recibió un premio del Banco Tornquist, para la misma fecha del secuestro de Saiegh. Así consta en su legajo al que tuvo acceso este diario.

“La dictadura fue cívico-militar y, como ellos decían, también resultó ser un proceso de reorganización nacional. Querían reorientar el Estado de acuerdo con sus intereses económicos, concentrando la economía y el poder. Y para eso necesitaban infundir terror”, dijo a este diario Luis Alem, subsecretario de Derechos Humanos.

El Banco Latinoamericano terminó de ser “liquidado” en enero de 1981. Dos meses después, Reynal dejó la vicepresidencia del Banco Central para abrir su propia entidad financiera: MBA (Merchant Bankers Asociados), que sigue vigente hasta el momento. La hipótesis de Saiegh es que el cierre del BLA le sirvió a Reynal para llevarse la cartera de clientes e iniciar su propio emprendimiento financiero. “Desempeñé funciones de carácter técnico y jamás tuve participación ni directa ni indirecta en los repudiables hechos de negación de los derechos humanos cometidos antes, durante o después de ese período”, afirmó Reynal, por medio de un correo electrónico enviado a través de su agencia de prensa.

La investigación de los responsables civiles de los delitos de lesa humanidad tiene una doble importancia: por un lado, completar el círculo de justicia alrededor del plan sistemático de represión y, segundo, señalar que muchos de los actores denunciados siguen ejerciendo algún tipo de poder.

Durante la dictadura se cerraron más de sesenta entidades financieras. En un artículo publicado por este diario el 25 de septiembre de 1999, el periodista Julio Nudler escribió una columna con algunas reflexiones hechas por el propio Reynal. “El proceso de depuración y saneamiento del sistema bancario comenzó en 1980 y todavía sigue”, había dicho el ex vicepresidente del BCRA. El ex funcionario de la dictadura, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como el caso del Río y el Francés. El ingreso de bancos privados también estuvo sustentado en la ley de entidades financieras, actualmente en vigencia. Reynal también fue socio de Nicholas Brady, el creador del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo durante la primera etapa del menemismo.

Como hombre de negocios, el ex vicepresidente del BCRA también se dedicó al arte. En 2007 fue nombrado por la Fundación arteBA para conducir dicho emprendimiento pero, al poco tiempo, tuvo que renunciar, debido a las múltiples denuncias formuladas por la comunidad artística relacionadas a su vínculo con la dictadura. Actualmente ocupa la vicepresidencia del MBA Lazard Banco de Inversiones.

“El Estado es querellante porque Saiegh fue secuestrado y torturado en el Departamento de Policía. Y lo de Reynal fue una acción extorsiva en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época. El objeto de esas torturas fue quedarse con el banco y las acciones de la empresa Austral, que estaban bajo caución en la bóveda de la entidad. Fue el comienzo de un modelo económico que terminó de concretarse con las privatizaciones de Menem –concluyó Alem–. Primero aparecieron las responsabilidades de los militares y ahora las de los civiles, que fueron tan responsables como los militares.”