A comienzos de marzo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un crítico informe sobre las políticas públicas en el territorio bonaerense para asistir a víctimas de violencia de género. El diagnóstico fue elaborado por el Observatorio de Violencia de Género del organismo, que coordina la abogada Laurana Malacalza, y presentado en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Puntualmente, el informe denunció que no hay políticas articuladas y las medidas implementadas tienen “partida presupuestaria, recursos profesionales y materiales insuficientes”. Entre otros cuestionamientos, señala que las acciones se centran básicamente en la recepción de denuncias –a través del 911 o de las comisarías de la Mujer y la Familia– y en la atención de la “urgencia”, pero no hay asistencia y seguimiento a las mujeres que piden ayuda. En el caso de 9 de Julio ni siquiera se resuelve la urgencia, según surge del expediente judicial.

El informe de la Defensoría dice además que la intervención judicial es muy deficiente. No existen estadísticas judiciales que permitan tener una magnitud de la violencia de género: ni siquiera se puede determinar del total de homicidios, violaciones y lesiones, cuántas víctimas han sido mujeres. “Los centros de recepción de denuncias especializados (en el ámbito judicial) no han sido creados. Se observa la inexistencia de estrategias de intervención para casos de violencia que tengan en cuenta la especificidad en la recopilación y valoración de la prueba. No existen criterios comunes entre los fiscales respecto del modo de instruir causas de violencia intrafamiliar u otros tipos de violencia en los que resultaren víctimas una mujer o una niña. Existen importantes falencias en el modo en el que se tramitan las denuncias por hechos de violencia. Se observa una gran cantidad de causas archivadas por hechos de violencia que este defensor entiende que correspondería ser analizado. Asimismo, son significativas las falencias en el control del dictado de medidas preventivas por parte de los operadores judiciales y funcionarios públicos”, enumera el informe, firmado por el defensor y ex diputado Carlos Eduardo Bonicatto.