“El caso de la mujer de 9 de Julio muestra las inconsistencias del Estado y los funcionarios intervinientes para cumplir con su obligación en relación con la prevención y protección de las mujeres frente a la violencia”, señaló la diputada nacional y abogada especializada en el tema, Marcela Rodríguez, al ser consultada por este diario. “Violan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia hacia las mujeres conocida como de Belem do Pará, la ley nacional de protección integral, la provincial de violencia doméstica y los deberes de funcionario público”, observó Rodríguez, pionera en el armado de un espacio municipal para asistir a víctimas de violencia machista, en el partido bonaerense de Vicente López, hace casi dos décadas, que fue premiado en 1998 por las Naciones Unidas por su gestión en defensa de los derechos de las mujeres. “El dato de que hayan estado 21 años casados y la separación sea ahora es un indicador de riesgo elevado para la mujer en este contexto, que en general no se tiene en cuenta”, apuntó la diputada. La diputada Rodríguez puntualizó que “los operadores judiciales deberían citar al agresor por los distintos delitos que se han denunciado, tales como amenazas, la desobediencia, la posesión de armas y tomar medidas como enviar peritos al domicilio de C. A. A. después de la invasión de la morada, para tomar rastros de huellas y sangre si es que rompió el vaso. Por otra parte, deberían llamar a declarar a testigos, incautar el arma blanca (si es que no lo hicieron), entre otras medidas de prueba, y ofrecerle un sitio donde poder ir como un refugio”.