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El fiscal general Marcelo Solimine y el abogado querellante Nicolás Tauber pidieron ayer la declaración indagatoria de 33 oficiales de la Policía Metropolitana y 12 de la Policía Federal por los dos crímenes cometidos durante el desalojo del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. El planteo fue realizado ante la Cámara del Crimen en una audiencia que duró cinco horas. Allí, fiscal y querellante pidieron que se revoquen los sobreseimientos que beneficiaron a los policías y que se profundice la investigación.

El juez de instrucción Eliseo Otero había sobreseído en febrero pasado a los policías tras rechazar los pedidos de indagatoria que había solicitado el fiscal Sandro Abraldes, quien los acusó de haber disparado sobre el sector del Indoamericano en el que el 7 diciembre fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña.

Tauber, abogado que representante a la familia de Salgueiro, también pidió en la audiencia que el juez Otero sea apartado de la causa.

El fiscal Abraldes había solicitado además la indagatoria de la jueza porteña Cristina Nazar, quien había ordenado el desalojo del predio, pero Solimine desistió de acusarla al considerar que actuó en el marco de sus competencias.

Ahora los jueces de la Sala I de la Cámara, Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch, deberán resolver si confirman los sobreseimientos u ordenan que siga la investigación.

El Indoamericano fue tomado la noche del 6 de diciembre del 2010 y al día siguiente la Justicia ordenó su desalojo. En el operativo, en el que participaron la Federal y la Metropolitana, fueron asesinados Salgueiro y Chura Puña, crímenes por los que no hay detenidos ni procesados.

En cambio, en la causa por la ocupación del parque, están procesados dos militantes sociales, Diosnel Pérez Ojeda y Antonio Nardulli, quienes están a un paso de ser llevados a juicio oral, acusados por el delitos de usurpación agravada, por estar considerados organizadores de la toma. Otros dos militantes sociales, Alejandro Salvatierra y Mónica Ruejas, llegaron a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad y deberán hacer trabajos sociales, como consecuencia de un juicio abreviado, mientras que otros dos dirigentes, Antonio Chancalay y Berta Revilla, resultaron absueltos.

Pérez Ojeda, delegado de la Villa 20 y militante del Frente Darío Santillán, y Nardulli, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, sostienen que no organizaron una usurpación sino una protesta contra el gobierno porteño por la falta de viviendas.