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Mil ciento sesenta niños, niñas y adolescentes viven separados de sus familias al encontrarse –por disposición de la Ciudad– alojados en lugares de internación situados, “casi la mitad de ellos”, fuera del territorio porteño, resalta el informe anual de gestión 2011 que presentó ayer la Asesoría General Tutelar (AGT) en la Legislatura porteña. El documento señaló que los niños y niñas están alojados en 94 dispositivos de albergue, que en su gran mayoría se encuentran tercerizados en organismos no gubernamentales. Además, el relevamiento indica que 157 niños y adolescentes recibieron asistencia letrada por parte del equipo público de abogados del niño –que comenzó a funcionar en febrero–. En 99 casos se trata de niños internados en hospitales monovalentes por razones de salud mental, mientras que los otros 58 casos cuentan con una medida de separación familiar y se encuentran institucionalizados.

“La presentación de este informe refleja el estado de incumplimiento de los derechos de la infancia en la ciudad”, señaló a Página/12 Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar. Destacó la importancia de este informe de gestión al afirmar que “en primer lugar, la Asesoría es una agencia judicial y no de asistencialismo” y que han tomado “distancia de los modelos de intervención de carácter tutelar que correspondían al viejo paradigma”, regulado por la vieja ley de patronato, superada en 2006 con la promulgación de la Ley 26.061, denominada Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“El espíritu de esta ley es que el niño es sujeto de derecho y ser oído es uno de sus derechos fundamentales”, explicó Musa. “El abogado del niño es el único que puede garantizar que esa escucha sea real”, añadió.

La AGT también difundió que “256 niños y niñas fueron internados el año pasado por razones de salud mental. El 80 por ciento de esas internaciones se concretó en hospitales monovalentes y sólo en ocho casos intervino un abogado”. Además, el informe apuntó que “en 65 por ciento de los casos no se registró una notificación al juzgado correspondiente”.

El relevamiento también indica que 2011 fue el primer año de vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y que la AGT brindó apoyo técnico a la Campaña Piloto por el Derecho a Votar de Personas Usuarias de Servicios de Salud Mental para dar difusión y garantizar que las personas internadas ejerzan este derecho, amparado en el Código Electoral Nacional.