“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.

Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.

Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.

También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.

En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.

Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.

Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.

La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.

A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.

En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).

La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.

El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.

“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.