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Mediante un documento titulado “Despenalización ¿sí o no?” la Comisión de Pastoral Social del Episcopado católico, a través de la Pastoral de Drogadependencia, se pronunció en contra de la despenalización del consumo de drogas porque “no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes”. La Comisión de Pastoral Social está presidida por el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, quien también encabeza la Pastoral de Drogadependencia, un organismo integrado por religiosos y laicos expertos en el tema, varones y mujeres.

El texto se presenta como “algunas reflexiones (...) ante los proyectos de ley sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal” y afirma estar inspirado “en los testimonios y preocupaciones que recogemos a diario en los distintos ámbitos de la Iglesia en todo nuestro país”. Dice la jerarquía de la Iglesia que frente a esta situación “no podemos callar” y señala el deseo de que sus aportes, “enriquecidos por la experiencia de la Iglesia en todo el mundo”, se interpreten “como una contribución para encontrar caminos de comunión superadores de una realidad que nos angustia”.

La Conferencia Episcopal desestima que “despenalizar” sea una buena medida para solucionar el problema de la droga porque, “como ya ocurrió en otros países, esto favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener sustancias y por tanto aumentar de esa manera el consumo, más que disminuirlo”. El documento recoge opiniones anteriores (2009) del Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencia, que ya sostuvo que “la droga está despenalizada de hecho” y que “la despenalización –decían los curas– a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”.

En el texto, asumiendo también lo señalado por los curas villeros, se asegura que “vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda, con el Estado, es la Justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud”.

Los obispos proponen buscar caminos de solución del problema a través del diálogo, porque “de ninguna manera debiéramos mirar al que piensa distinto como un enemigo reprochable con el que ni siquiera hay que hablar”. Llaman a respetar “profundamente los distintos puntos de vista”, pero, dicen, “queremos recoger y expresar la voz de los más pobres”, porque “un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte”. Y sostienen que “en este momento, en el que la pobreza y la exclusión persisten en buena parte de nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social”.

Sostiene la Conferencia Episcopal que “las políticas públicas deberían orientar sin lugar a dudas a desalentar el consumo de drogas”, razón por la que “es de la mayor importancia contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud”.

Denuncia también el Episcopado católico que “en los últimos años carteles extranjeros se han instalado entre nosotros” y que esa presencia va acompañada de “corrupción, impunidad, violencia y muerte, sobornos y extorsiones, miedo y repliegue de la sociedad, que ya no sabe en quién confiar”. Y sostiene que “semejante crecimiento no pudo desplegarse sin complicidades de diverso orden en la sociedad y el Estado”.