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El juez federal Claudio Bonadío ordenó ayer la detención de Claudio Cirigliano –dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA)– y de otros tres directivos de la empresa por “obstrucción” de la investigación del choque de Once el 22 de febrero pasado. Las detenciones se concretaron al anochecer y Cirigliano fue alojado en una dependencia de la Gendarmería. Cuando el Poder Ejecutivo le quitó la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, TBA tuvo que entregar las oficinas de Retiro. En la mudanza, retiraron toda la documentación de la empresa, llevándose a los estudios de abogados y contadores el material que sirve de base para la pericia contable sobre los subsidios que pagó el Estado durante todos estos años. El retiro se realizó sin permiso del juez, quien consideró el hecho como una maniobra para sustraer documentos de la investigación, mientras que TBA argumenta que lo hizo para preservar los documentos. Cirigliano, los demás directivos de TBA; funcionarios del Estado y el maquinista Marcos Antonio Córdoba están siendo investigados por su responsabilidad en la tragedia. Hoy está convocado a declarar el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

La detención ordenada incluyó a Cirigliano, a Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA; a Daniel Rubio, ex gerente de Administración y Finanzas, y Darío Tempone, gerente de Operaciones. Las detenciones no son por el choque en sí mismo, aunque el juez podría hacer una relación entre ambos hechos.

TBA entregó el edificio de Retiro en el fin de semana del 25 de mayo. El 24 y el mismo 25 se vaciaron las oficinas y la documentación se llevó a los domicilios de los estudios de abogados y contadores de la empresa. El lunes 28 se presentó en Retiro el perito oficial que realiza la pericia contable ordenada por el juez y que tiene el objetivo de determinar qué hizo TBA con los subsidios pagados por el Estado. Básicamente se trata de saber si el dinero se utilizó en el pago de sueldos y en el mantenimiento o si se desvió hacia otras inversiones. Cuando llegó el perito contador se encontró con que ya la documentación no estaba, por lo que informó al juez. Este ordenó el allanamiento del edificio de Retiro y constató que las oficinas estaban vacías.

Cuando TBA le informó que los documentos se trasladaron, Bonadío dispuso nuevos allanamientos en los que se secuestró la documentación hallada en los estudios y se reenvió a Retiro, donde quedó depositada en una bóveda del tercer piso. En forma paralela, el juez ordenó las detenciones por obstrucción de justicia, ya que el magistrado consideró que, antes de realizar cualquier traslado de documentación tan importante para la pesquisa, debieron pedir su autorización.

Como delito en sí mismo, la ocultación de pruebas no es tan grave, con penas que van de seis meses a cuatro años. A primera vista parece excarcelable. Para los detenidos el problema surge si Bonadío vincula el hecho de haber sacado los documentos con el choque de Once. El juez formuló hasta ahora una imputación más bien general, que es la de formar parte “de un grupo de personas que realizó una utilización impropia de la infraestructura, el material rodante, el personal y los fondos que el Estado Nacional puso a su disposición para ofrecer un mejor servicio de transporte ferroviario, que a la vez sea confiable, seguro y eficiente”. Claudio Cirigliano está convocado a declarar este jueves. Bonadío podría procesar a los ejecutivos por algún delito referido al choque y sostener que no se les concede la excarcelación porque obstruyeron la Justicia.

Los abogados de TBA presentarán inmediatos pedidos de libertad de los funcionarios de la empresa. Argumentan que la documentación estuvo en su poder durante tres meses sin ningún control –no había policía de custodia– y que, si ésa hubiese sido su intención, podrían haberse llevado los papeles durante ese lapso. La prueba está –dicen los letrados de TBA– en que pudieron hacer la mudanza sin que ningún policía u oficial de Justicia se lo impidiera. El juez, en cambio, considera que la documentación se hizo desaparecer sin su autorización y que tuvo que hacer varios procedimientos para dar con esos papeles. Incluso menciona que buena parte se encontró en un depósito.

La causa judicial gira en torno de una acusación cruzada. TBA y los funcionarios del Gobierno ponen la responsabilidad del accidente principalmente en cabeza del conductor del tren, Marcos Antonio Córdoba, porque no accionó los principales mecanismos de frenos y anuló un mecanismo de emergencia conocido como “hombre muerto”. Su hipótesis es que Córdoba se durmió o sufrió un desmayo o tuvo un ataque de epilepsia. Se basan en que las pericias mecánicas indican que los frenos del tren funcionaban. Bonadío –y sobre todo el fiscal Federico Delgado– consideran que, además, hubo problemas de mantenimiento y de manejo de los talleres –algo también afirmado por las pericias– y que la organización del servicio en su conjunto llevó a que hubiera más muertos y heridos. Por ahora, el juez no definió los delitos que le imputará a cada uno de los indagados.

Ayer declaró el gerente de Material Rodante de TBA, Roque Cirigliano, quien no tiene ningún parentesco con los hermanos que son dueños de la empresa. Roque está en el ferrocarril desde hace 13 años. Como los demás ejecutivos y gerentes, sostuvo que los frenos andaban y que “el accidente se debió a una falla humana del motorman. No puede concluirse más que que el que estaba a cargo de la formación debió accionar los frenos y no lo hizo” (ver aparte). Ayer también declaró el ex titular de la Comisión Nacional del Transporte (CNRT), que también argumentó que no tuvo relación con la tragedia y que cumplió con sus funciones de control. Hoy será el turno de quien era el secretario de Transportes al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi. Según se dice, desde su renuncia al cargo, el ex funcionario está dedicado al estudio del expediente y a preparar su defensa.