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La Sala I de la Cámara del Crimen rechazó un recurso presentado por el jefe de Gobierno porteño contra el fallo que anuló su sobreseimiento en la causa que lo investiga por presuntos malos tratos contra personas en situación de calle por parte de la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP). La decisión fue tomada por dos de los camaristas que integran el tribunal, Jorge Rimondi y Luis Bunge, que también resolvieron denunciar al tercer miembro de la Cámara, Alfredo Barbarosch, por demorar esa causa y la de los crímenes en el Parque Indoamericano.

Rimondi y Bunge Campos –con la disidencia de Barbarosch– rechazaron in limine (sin mayores consideraciones) la presentación de los abogados de Macri y reafirmaron la decisión tomada en abril último. Los magistrados explicaron que el fallo que cuestionaban los abogados Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez no es una “sentencia definitiva o equivalente”, tal como lo requiere el Código de Procedimientos para dejar expedita la posibilidad de recurrir a la Cámara de Casación.

El jefe de Gobierno había sido sobreseído en diciembre del año pasado por la jueza María Fontbona de Pombo, después de que aquél postergara y se ausentara varias veces a la declaración indagatoria, y que luego se rehusara a contestar preguntas, salvo por escrito. Ese sobreseimiento fue apelado por el abogado Luis Albor, patrocinante de una de las víctimas de la ex UCEP, y hace dos meses los magistrados de la Sala I de la Cámara del Crimen revocaron el fallo judicial.

Ayer, los jueces Bunge Campos y Rimondi ratificaron esa decisión y denunciaron a su colega en el tribunal ante el presidente de la Cámara, Gustavo Bruzzone, que lo envió al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de investigar a los jueces, donde Barbarosch suma varias denuncias. En su denuncia, argumentaron que Barbarosch causó “un perjuicio para las partes, al demorar innecesariamente el trámite del proceso”. Señalan que tardó “25 días hábiles” en emitir su voto en la causa de la ex UCEP y “18 días hábiles” en la del Parque Indoamericano, por lo que quintuplicó y cuadruplicó, respectivamente, los plazos que establece el Código Procesal Penal.

La causa investiga la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por diecisiete hechos de violencia denunciados a la Justicia. Uno de ellos es del 7 de octubre de 2008, cuando entre 15 y 20 personas de la UCEP le patearon la casilla a Angel Cánepa, que vivía debajo de la Autopista 25 de Mayo, en Constitución, y lo amenazaron con cortarle el cuello si no se iba en 48 horas. En otro hecho, el 10 de octubre de 2009, en Pasco al 1300, integrantes de la UCEP despertaron a cinco personas, entre ellas una mujer embarazada de cuatro meses y medio, de quien abusaron entre unas diez personas, luego de que les pidiera que contemplaran la salud de su hijo en gestación.

Cuando el 27 de abril último la Cámara revocó la resolución dictada en diciembre pasado, los jueces especificaron que el sobreseimiento de Macri no superaba “el control negativo de razonabilidad y logicidad”, por lo que no podía “ser considerado un acto jurisdiccional válido”. Aunque el fallo fue unánime, los jueces argumentaron por separado. Los camaristas Rimondi y Bunge Campos consideraron que debe investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, como organismo fuera de nivel dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.