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Opinión

Sería necesario, en el marco de la discusión abierta sobre la despenalización de drogas en el país, comprender la complejidad que tiene el fenómeno del uso problemático de sustancias psicoactivas y estupefacientes, esto es, poder pensar en las diferentes situaciones y condiciones en las que este proceso se manifiesta; según las personas involucradas sean adolescentes, jóvenes o adultos; sean de clases medias, altas o vulnerables; según las motivaciones que iniciaron y continuaron siendo el sostén del consumo-abuso; según drogas; según lugares. Es importante comprender que cuando nos referimos al problema de las drogas, consideramos situaciones de consumo disímiles en términos socioambientales y de acceso a la salud, que requieren respuestas diferenciadas. Por lo tanto, para hablar de un tema en el que “no se debe pegar por debajo del cinturón”, es necesario ser precisos y hacer afirmaciones sustentables por evidencias comprobables. Si no lo hacemos, gastaremos mal el dinero público y nos alejaremos de los efectos sobre la realidad perseguidos.

Una consigna que pareciera dividir aguas y que se presenta como un diagnóstico per se, por quienes lo declaman como una denuncia pública, es sostener que Argentina es un país de consumo. Todos los países del mundo son países de consumo. No existe sociedad en la cual no esté presente el consumo de sustancias psicoactivas, porque el consumo de elementos naturales o sintéticos, de producción farmacológica o de elaboración ilícita, que modifican el sistema nervioso central, ya sea para estimularlo, deprimirlo, tranquilizarlo o alucinarlo, se ha presentado perennemente. Lo que van cambiando son las sustancias, los modos de usos y las dificultades que conllevan.

El tema –entonces– y tomándolo con responsabilidad, es saber cuáles son los problemas que nuestro país tiene respecto del consumo y abuso por un lado, y cuáles son los problemas que se vinculan con el tráfico ilícito de drogas, y al desvío de precursores y actividades conexas. Qué le corresponde al derecho penal y qué al derecho no penal. Cuándo es un tema sanitario, de promoción de estilos de vida saludables y de prevención o de asistencia a las adicciones, o de reducción de daños. Cuándo lo es de las fuerzas policiales o de seguridad, de medidas de control. Los problemas derivados de la demanda y de la oferta ilícita de drogas conforman un mundo en el que no hay lugar para el voluntarismo, para el lenguaje aproximativo ni para la manipulación. Un mundo trágico y punzante. Ningún consumo abusivo es motivo de celebración, como no lo es un laboratorio clandestino de elaboración de cocaína o de éxtasis. Dicho lo que antecede, un mínimo respeto por la materia obliga a no combinar peras con días jueves como si se tratara de entidades comparables.

Debatir públicamente la descriminalización de la tenencia para consumo personal de determinadas cantidades de estupefacientes, sin que ello implique daños a terceros, que la Corte ha declarado compatible con la Constitución, no autoriza a emplear erróneamente datos inexactos para fundar el criterio penalizador.

Se suele afirmar que “... según las Naciones Unidas, el 2,8 por ciento de las personas adultas en la Argentina consume cocaína con regularidad (aproximadamente 1 millón de personas) y más del 8 por ciento consume marihuana, niveles de prevalencia líderes en la región y similares a los de Estados Unidos y España”. Es necesario aclarar que, en el Informe mencionado, la cifra del consumo de cocaína es del 2,6 por ciento, que equivale a unas 444 mil personas y del 7,2 por ciento de marihuana. Por añadidura, esas cifras son del año 2006, siendo que el país ya le había informado al Organismo los datos del año 2008, que ubica el consumo de cocaína alrededor del 1 por ciento, magnitud confirmada en la estimación del 2010.

No es cierto, por consiguiente, que “el narcotráfico hizo de la Argentina el primer consumidor de cocaína y marihuana por habitante de América latina”, tal como se escribe, dice y repite. Habiendo precisado lo que antecede, estamos muy lejos de negar la existencia de un problema serio, y no estamos cómodos frente a los niveles de consumo alcanzados. Es nuestra obligación denunciar la utilización de cifras inexactas, cuando la actitud responsable es no llevar el miedo hasta la frontera de la ignorancia para transformarlo en el terror que, con tanta asiduidad, prefiere las soluciones institucionales duras por sobre las correctas. Se ha dicho en Uruguay: “La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una respuesta intempestiva a éste”. Acordamos y promovemos que la despenalización, cuando llegue, debe ser acompañada por una mayor energía en materia penal contra el delito económico del narcotráfico, pero no contra el eslabón menos relevante (que de todos modos permite cumplir con la estadística policial) de la cadena. Las leyes no deben promover que a los que deben instar su aplicación les alcance con lo más cómodo (cuando no lo ilícito, pero redituable) por sobre lo más efectivo.

Es también cotidiano asociar cierto tipo de sustancias con la violencia e inseguridad. Así, se alimentan con más bambolla que evidencia empírica los estereotipos que enlazan a los pobres con el paco, al paco con el delito y a los perjudicados con las clases medias. Pobreza, crimen y droga, el nuevo esperpento goyesco de este siglo; “feos, sucios y malos”, como el título de aquella película neorrealista de Ettore Scola. Los datos disponibles indican que no todos los delitos son atribuibles al abuso de drogas, menos aún los homicidios. Al respecto se informa que no existen estudios que permitan evaluar la influencia del uso indebido de sustancias en el incremento del delito común y en su agresividad. Sin embargo, es posible informar acerca de los resultados del Estudio Nacional en Población Privada de Libertad en recintos penitenciarios provinciales del país que esta Secretaría de Estado realizó en el año 2009. Esos datos estarían indicando que los delitos que se cometieron están mayormente asociados con el alcohol y con las pastillas.

Nos encontramos entonces con una realidad que nos muestra concomitantemente a adolescentes de clases medias que abusan de alcohol, que mezclan con bebidas energizantes y pastillas tipo éxtasis, accidentes de autos y motos, muertes prematuras, intoxicaciones alcohólicas, sobredosis en los espacios donde debieron divertirse y enamorarse (espacios públicos que junto con el barrio son un factor clave de socialización). Adultos que consumen cocaína o benzodiacepinas para sostener la performance social de alta exigencia, el éxito laboral y familiar. Adultos y jóvenes deprimidos, sin horizonte y con sus vidas a cuestas. Adultos y jóvenes que consumen ocasionalmente, como complemento de espacios recreativos, creativos, lúdicos. Marihuana, cocaína, alcohol eventualmente acompañan estos espacios. Pero donde aparece el paco como marca de agua, esa que atraviesa todos los relatos de una historia, el consumo siempre es una síntesis feroz de todos los fracasos, de todos los abandonos y las malas praxis.

La oficinesca y apoltronada propuesta de sancionar pecuniariamente por la vía administrativa a cada uno de estos sujetos, ¿cómo se cristaliza? ¿Cómo volver semejante lo que intrínsecamente es diverso? No se trata de obligar a iniciar un tratamiento o a pagar multas, porque no siempre hay un sujeto. No es volición, es posibilidad. La desazón más grande de la adicción es la negación consciente o inconsciente de “formar parte”, de “estar” en determinadas condiciones. Es una fisura, que atraviesa lo personal y lo social. Todas las ideas son bienvenidas, pero en esta materia no lo son tanto las que se sabe impracticables e inconducentes. Esta es una materia cuya dinámica obliga al Estado muchas veces a correr el fenómeno desde atrás; nada hace aconsejable considerar una buena estrategia ceder la iniciativa a lo que debemos afrontar y enfrentar.

La especificación de las cantidades de drogas a partir de las cuales se define la tenencia para consumo o para tráfico es un aspecto que no tiene soluciones únicas (es una lástima, porque si lo tuviera todo sería más fácil) ni consenso internacional. En Portugal, por ejemplo, la definición se establece a partir de la cantidad por tipo de sustancia que la persona necesitaría para consumir durante diez días. Los especialistas reconocen la relativa utilidad de estas convenciones, que varían según países, porque siempre la evaluación de la cantidad que una persona tenga o porte, no puede estar disociada de información de contexto en cada hecho puntual.

Para finalizar, en Villa Palito (La Matanza) un acreditado referente social relata que una madre, frente al féretro de su hijo muerto en forma violenta, consumidor consumado y consumido, le gritaba, pasándole la mano por el rostro: “¡¿No te alcanzó con mi amor?!”. En ese instante llegó el papá al velatorio, separado de la mamá, consumidor a su vez. La mujer, mutilada en sus sentimientos, le aferró la mano y la restregó sobre el rostro del hijo muerto de ambos: “¡Esto era todo lo que te pedía, una caricia, eso era todo!”. También en La Matanza, preguntada para que manifieste cuál era a su juicio el elemento donde comienza el consumo abusivo, una operadora territorial contesta: “El mismo donde termina: el amor. Cuando falta sucede lo que sucede, cuando aparece, las cosas empiezan a cambiar para mejor”. Sabiéndolo de primera mano, no hay excusas para mezclar los planos político partidarios con la tragedia, ni tampoco para amaestrar ideología con datos empíricos no validables.

* Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).