Un tribunal de Lomas de Zamora condenó ayer a penas de entre 18 y 20 años de cárcel a los tres acusados del homicidio y desaparición en 2009 de Roxana Núñez. Según se conoció durante el juicio oral y público, los condenados creyeron que la víctima, una artesana de 28 años, residente en España, que estaba de visita en el partido de Ezeiza hacía tres meses, trataba de infiltrarse entre ellos para obtener información sobre su vinculación con la venta de drogas. El fallo judicial es el sexto en el país que llega a una condena pese a la ausencia del cuerpo de la víctima.

La última audiencia encontró en la misma sala a los familiares de Núñez con el círculo de allegados de los acusados. Insultos, amenazas, bronca contenida durante los más de tres años que la mujer lleva desaparecida y un juicio que, aunque deja una condena “justa” –según la querella–, concluyó sin más noticias sobre el paradero de la víctima. “Fue una sentencia ejemplar, porque a pesar de que no encontramos el cuerpo de Roxana, los jueces tuvieron las pruebas necesarias para condenarlos”, opinó en diálogo con Página/12 Adriana Núñez, la hermana de la joven asesinada.

En línea con la pena exigida por el fiscal José Luis Michelini, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 condenó como coautores del delito de “homicidio simple” a Juan Carlos Zárate (34) a la pena de 20 años de prisión, mientras que, bajo el mismo cargo, dispuso 18 años de reclusión para Néstor Javier Leguiza (29) y para su pareja, Alejandra Danza (29). La familia, confiesa Adriana, tenía “la pequeña esperanza” de que alguno de los acusados confesara qué hicieron con el cadáver, “pero ellos creían que sin el cuerpo no iban a terminar presos y se dedicaron a acusarse” entre sí por el homicidio. Las pruebas, no obstante, fueron contundentes.

Un testigo contó a los jueces Rodolfo Lanza, Guillermo Alejandro Rolón y Fernando Bueno que vio a Zárate prender un fuego en el patio de su casa y luego sintió mucho olor “como a perro muerto”. Otros testimonios señalaban que, luego de cremados, los restos de la mujer fueron arrojados a la basura. Leguiza incluso reconoció en una de las audiencias que habían quemado el cuerpo y que lo había esparcido por toda la localidad de Tristán Suárez.

Sin embargo, la instancia decisiva fue la confesión del móvil por parte de Zárate, que presuntamente era pareja de la víctima. “Dijo que Leguiza, que se dedicaba al tráfico de drogas, había confundido a Roxana con una policía infiltrada”, detalló la hermana de la joven. Roxana fue vista por última vez la madrugada del 1º de marzo de 2009, en la casa de sus padres, en Tristán Suárez, donde se realizaba una fiesta de cumpleaños. En el marco de la investigación por “averiguación de paradero” se realizaron excavaciones en la casa de sus padres, se allanaron distintos domicilios, y se especuló que podría haber sido víctima de una red de trata de personas.

“A este juicio llegamos con el elemento atípico de la desaparición del cuerpo”, indica el abogado de los Núñez, Marcelo Angel Biondi. “En la mayoría de los casos, la causa comienza con el hallazgo del cadáver de la víctima, básicamente porque no es tan fácil esconder un cuerpo. Hoy, a diferencia de hace unas décadas, se puede demostrar la culpabilidad mediante pruebas directas que acrediten el asesinato, y la autoría de los responsables. Eso es posible gracias a que la doctrina del derecho penal ha cambiado y a que los juicios a los genocidas de dictadura militar están dejando su impronta.”

Sólo se conocen cinco antecedentes al fallo Núñez de condenas por homicidio con el cadáver desaparecido. El primero fue el del estudiante de periodismo Miguel Bru, visto por última vez en 1993 en La Plata, hecho por el que los policías Justo López y Walter Abrigo fueron condenados en 1999 a prisión perpetua. “Lamentablemente –aporta el letrado– todavía hay casos como el de Luciano Arruga (de Lomas del Mirador, desaparecido desde enero de 2009), en que la falta del cuerpo permite que se demoren investigaciones. Hoy, los ocho policías sospechados siguen en sus funciones.”

En los mismos tribunales donde tuvo lugar el juicio por el crimen de Núñez, cayó el caso de Erica Soriano, la joven embarazada que desapareció en 2009 de Lanús, por la que está preso desde julio quien fuera su pareja, Daniel Lagostena. “Hay algunas similitudes entre los dos casos: los sospechados son las parejas, se creyó que podían ser víctimas de trata y el cuerpo permanece desaparecido. Puede que el fallo por Roxana marque un precedente, pero todo depende de los resultados de la investigación”, remarcó Biondi.

Informe: Rocío Magnani.