El corte selectivo realizado en Cerro Negro, Catamarca, por asambleístas que protestan contra la megaminería a cielo abierto fue levantado ayer, tras una orden de desalojo de una fiscalía provincial, pese a estar situado en el cruce de dos rutas nacionales. “La orden estaba firmada por la fiscal Silvia Alvarez y no por un juez federal, como corresponde. Cuando nos pasamos al costado de la ruta, una patota de los que se dicen promineros comenzaron a atacar al campamento y por presiones de la policía provincial y la Gendarmería tuvimos que irnos de ahí también”, relató a este diario Daniela Ramos, del Frente Darío Santillán. Anoche, los activistas intentaban reacomodarse a cinco kilómetros del corte del cruce de las rutas 40 y 60 y denunciaron la persecución de compañeros por parte de ambas fuerzas de seguridad.

Según explicó a Página/12 Mauro Santucho, del Movimiento de Liberación de La Plata, alrededor de las 14.45, la fiscal se acercó hasta Cerro Negro y les comunicó la orden, acompañada por la Infantería provincial y la Gendarmería. “El acampe está desde el 9 de julio y el 16 comenzó el bloqueo y en total frenamos cinco camiones de la Minera La Alumbrera, el resto de los autos pasan y reciben información”, comentó. Ayer, un grupo prominero volvió a desplegarse cerca del lugar, como lo había hecho la semana pasada, con el fin de intimidar a los ambientalistas.

“Pero esta vez la patota de promineros vino más violenta. Era un grupo de 80 personas, que vinieron en 20 autos, algunas eran camionetas de lujo y también un micro con una hinchada de fútbol de Tucumán. Primero se comieron un asado al costado de la ruta y después, cuando la policía nos corrió y fuimos al acampe, comenzaron a tirar piedras, petardos, bombas molotov”, relató Matías Busso, otro integrante del Movimiento. En ese momento, agregó Santucho, se estaba realizando una asamblea de 120 personas de diversas organizaciones nacionales y provinciales.

Según comentaron los activistas, la policía acordonó el lugar para separar a un grupo de otro y luego intimó a los asambleístas para que fueran a otro lugar. “En vez de protegerlos y echar a los agresores, decidieron expulsar a los agredidos. Esta patota actúa en complicidad con la policía provincial y el gobierno de Catamarca”, afirmó la abogada Fernanda Pereira, de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). “Una vez que se fueron del acampe en la rutas 40 y 60, la patota entró y destrozó todo lo que dejaron los asambleístas”, agregó.

La protesta, pacífica, se realizaba a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta y buscaba que La Alumbrera, un yacimiento del que desde hace quince años se extrae oro y plata, sea cerrado adecuadamente, ya que le queda una vida útil de entre cinco y diez años. La otra preocupación tiene relación con un emprendimiento nuevo y más ambicioso, llamado Agua Rica, que se ubica a 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, en el nacimiento de los ríos vitales para la región. Mañana se festeja el Día Internacional de la Lucha contra la Megaminería y el plan original de los asambleístas era celebrarlo en el corte de Cerro Negro.

“Ahora estamos en un micro con 50 personas. Insisten en que volvamos a Catamarca, cuando en verdad queremos ir hasta La Rioja para reunirnos con otros compañeros. En el medio, golpearon a algunos compañeros cuando intentaron bajar del micro para debatir los pasos a seguir”, contó anoche Santucho, mientras proliferaban los comunicados en repudio al accionar del Grupo Kuntur, una unidad especial antimotines que escoltaba a ese micro junto a la policía. “Según versión de la Infantería, los están llevando hacia Córdoba, donde serían ‘liberados’”, advirtieron desde la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, al cierre de esta edición.

El resto de las personas que acampaban logró reunirse en un paraje riojano, a 5 kilómetros de Cerro Negro, donde planteaban volver a cortar selectivamente la ruta 40. En un momento, desde algunas organizaciones se señaló que había 8 personas detenidas, como consecuencia del desalojo, pero más tarde fuentes de las mismas organizaciones aclararon que hubo una negociación para liberarlos antes de que se los traslade a una comisaría.

“Todavía estamos viendo cómo volver a juntar a todos los asambleístas”, comentó Ramos.