Dos ginecólogas de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que depende del gobierno tucumano y se encuentra en la capital provincial, fueron denunciadas por violar el secreto médico y perpetrar violencia obstétrica, psicológica e institucional contra una paciente, de 26 años y madre de tres niños, que llegó con un aborto en curso para ser atendida. Las dos médicas, una de ellas jefa de guardia, llamaron a la policía para denunciar a la mujer ante la sospecha de que se había hecho un aborto, y dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos uniformados para tomarle declaración mientras permanecía internada, acostada en una cama del hospital. Pero antes la sometieron a un interrogatorio cargado de maltrato y le practicaron un legrado sin anestesia, según denunció la paciente. Y a continuación hicieron “ingresar nuevamente a mi pareja con el objeto de mostrarle al feto que se me acusaba de haber abortado. La madrugada fue para mí insoportable no sólo por los dolores físicos, sino por el maltrato psicológico”, describió la mujer. Las médicas “llegaron a decirme en presencia de mi pareja que por lo que había hecho ‘él ni siquiera flores me iba a llevar a la tumba si yo me moría de una infección’”.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la VII Nominación de Tucumán, a cargo de Arnoldo Suasnabar. El mismo fiscal entiende en la causa que se abrió contra la mujer por el delito de aborto. A diferencia de lo que ocurrió recientemente en Neuquén, el fiscal Suasnabar no archivó todavía la causa por aborto. La mujer está imputada por ese delito.

Para preservar su intimidad, la paciente será identificada con el nombre ficticio de “María Magdalena”. Es de condición muy humilde y extrema vulnerabilidad, contó a Página/12 su abogada, Soledad Deza. El hecho que disparó la denuncia contra las dos médicas ocurrió en el verano. María Magdalena ingresó a la guardia de la Maternidad en la madrugada del 12 de enero con fuertes dolores abdominales. La acompañaban su pareja y su madre. “Luego de maniobras ginecológicas de exploración, se me acusa de haberme provocado un aborto”, contó en la denuncia, que realizó con el patrocinio de Deza, integrante de la Alianza de Abogad@s por los derechos humanos de las mujeres, que agrupa a más de un centenar de profesionales de distintos puntos del país. La mujer negó haberse sometido a un aborto y contó que estaba bajo tratamiento por una patología biliar y que utilizaba un método anticonceptivo inyectable. Ambos tratamientos le fueron proporcionados en el CAPS (Centro de Asistencia Primaria de Salud) de la zona donde vive, en el departamento tucumano de Cruz Alta. María Magdalena negó además conocer que estaba embarazada, incluso detalló que en diciembre –es decir, un mes antes– le hicieron una ecografía abdominal donde no le informaron de ninguna gestación en curso.

Pero las médicas en la guardia, Claudia Callejas y Alejandra Berenguer, una, jefa y la otra, residente, la interrogaron en un contexto de profundo maltrato, según denunció. “El acoso del personal médico fue de tal magnitud que mi madre se vio presa de un ataque de nervios y mi pareja se vio fuertemente consternada no sólo con la sorpresa del embarazo que – reitero– desconocíamos, sino además con el trato que se me proporcionaba: altamente violento, hostigador y acusador, lo cual me llevó a permanecer casi todo el tiempo en estado de llanto”, detalló en la presentación judicial. “Luego se me hizo un legrado, sin recibir anestesia, y se hizo ingresar nuevamente a mi pareja con el objeto de mostrarle el feto que se me acusaba de haber abortado. La madrugada fue para mí insoportable, no sólo por los dolores físicos sino por el maltrato psicológico. En todo momento se me agredía verbalmente y las médicas que me atendían en ese momento emitían juicios de valor sobre mi conducta, que ya habían juzgado como delictiva y cruel. Llegaron a decirme en presencia de mi pareja que por lo que había hecho “él ni siquiera flores me iba a llevar a la tumba si yo me moría de una infección”. Aclaro que es el padre de mis tres hijos y estamos juntos desde hace más de 10 años, pese a mis cortos 26 años de vida”, detalló María Magdalena en la denuncia.

Las médicas llamaron a la policía y denunciaron a la mujer por la supuesta realización de un aborto. Cuando los uniformados ingresaron a la sala de internación comunitaria, interrogaron a María Magdalena, con el consentimiento de las dos ginecólogas. La mujer negó en todo momento haber interrumpido un embarazo. “Sin embargo, las acusaciones del personal médico eran permanentes y de viva voz, con lo cual recibí también la censura de las demás parturientas, lo cual agravaba aún más mi desazón al ver que las mismas personas que me acusaban y maltrataban eran de las cuales dependía mi salud. Por la mañana ingresó una psicóloga donde yo estaba internada y al constatar que me rodeaban dos policías uniformados y uno de seguridad privada en el lecho de convalecencia, quienes además me hacían preguntas sobre la denuncia formulada por mis médicas tratantes, ordenó se retiraran de inmediato, me llevaran a un lugar donde dispusiera de privacidad y dijo expresamente que se estaba violando mi intimidad”, siguió María Magdalena en su denuncia. Esa psicóloga y otras dos más que vieron la escena dejaron constancia de la violación del secreto profesional, de la intimidad y de la violencia obstétrica contra la paciente. Según pudo saber la abogada de la paciente, las psicólogas presentaron una nota a la subdirectora de la Maternidad, María Inés Martinini, y al jefe de Partos, dando cuenta de la violación de los derechos de la paciente, pero luego de una investigación interna las autoridades hospitalarias resolvieron archivar el caso.