“Este informe no trae buenas noticias. Por el contrario, es una nueva luz de alerta que se enciende frente a las graves violaciones de los derechos humanos que se registran en los lugares de detención y a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, dando el tono de los datos que aporta el demoledor informe de la Comisión Provincial por la Memoria, “El Sistema de la Crueldad VII”. El eje central del informe fue el de la tortura y su persistencia en cárceles y comisarías: la CPM denunció ante la Justicia 7089 hechos de torturas y malos tratos. El informe sostiene que en 2011 se registraron 10.458 hechos violentos en penitenciarías bonaerenses, a razón de 30 por día; y que el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención siguen sin modificación. En el acto, realizado en el pasaje Dardo Rocha, de La Plata, colmado de espectadores, estuvo presente el vicegoberandor Gabriel Mariotto, quien reconoció como ciertas las denuncias del informe. Una semana antes, había sido entregado en mano al gobernador Daniel Scioli, responsable de las políticas de seguridad y carcelarias de la provincia.

Como señaló Cipriano, las 350 páginas del informe de la CPM son un golpe tras otro a la incredulidad y el silencio frente a las políticas de mano dura aplicadas en territorio bonaerense. Dividido en tres capítulos temáticos, Políticas Penitenciarias, de Seguridad y de la Infancia, el trabajo es resultado de entrevistas a 14 mil personas detenidas en la provincia, prácticamente la mitad del universo carcelario bonaerense. El libro señala que se registraron 10.458 hechos violentos “informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense”. La cifra da casi 30 situaciones de violencia por día, lo que representa un incremento del 31 por ciento respecto del año anterior. Es curioso, por no caracterizarlo como absurdo, que el SPB “no contempla la participación de los agentes penitenciarios en los casos informados de violencia”.

También agrega que en el año 2011 se produjeron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del SPB, “lo que representa un promedio de diez personas cada mes. El SPB clasificó 47 de ellas como muertes traumáticas y 72 como no traumáticas. De estas últimas, 18 fueron por VIH-sida, 4 no especifican causal y en 25 casos sólo se consignó paro no traumático sin especificar las causales de base ni las mediatas”.

Pero las cifras destacan que las muertes traumáticas “se incrementaron de 38 en 2010 a 47 en 2011”, lo que representa un 30 por ciento. Los suicidios aumentaron de 15 a 18 de un año al otro. “También –señala el informe– se incrementaron las muertes por herida de arma blanca de 23 a 25. Respecto de las muertes, denuncia que “la investigación de las muertes es deficiente tanto judicial como administrativamente. A modo de ejemplo, sobre 54 muertes ocurridas en cárceles del Departamento Judicial La Plata, solamente se iniciaron 34 investigaciones en las fiscalías en turno, quedando un total de 20 muertes sin abrirse una causa penal. Los fiscales platenses durante el 2010 no investigaron un 25 por ciento de las muertes ocurridas en las unidades penitenciarias, porcentaje que se eleva al 37 por ciento en 2011”.

Pero el eje del informe consistió en situar públicamente la tortura y los malos tratos como una práctica habitual y generalizada. La CPM realizó 7089 denuncias por casos de torturas y malos tratos en 2011. Esto representa un incremento del 31 por ciento respecto de 2010. “De estos hechos, 2093 fueron de represión con armas de fuego con postas de goma. En 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos”, detallan.

Sobre el hacinamiento sostiene que “más del 45 por ciento de la población encarcelada en Argentina se aloja en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la provincia de Buenos Aires”. Es decir que en las 18.640 plazas con las que cuenta el SPB se alojan 27.991 detenidos. “Desde la CPM creemos –dice el informe– que la solución no pasa por la construcción de más cárceles, sino por modificar radicalmente el paradigma punitivo con la consecuente transformación de a quiénes se persigue y por qué delitos se castiga.”

Tal como se pregunta en las primeras páginas del libro, “¿quiénes son los torturados en las cárceles?, ¿a qué segmentos social pertenecen?, ¿quiénes son las víctimas del gatillo fácil?, ¿quiénes son las niñas y los niños que sufren la violencia institucional en los centros de detención?, ¿quiénes son los amenazados, represaliados, reclutados por los policías?, ¿quiénes son los secuestrados, torturados y/o desaparecidos como Luciano Arruga?”.

La característica particular del evento de ayer fue la presencia del vicegobernador y presidente del Senado provincial, Gabriel Mariotto, y de los presidentes de bloques de la Legislatura bonaerense, del FAP, UCR, EDE y FpV. El auditorio del Pasaje Dardo Rocha, en pleno centro platense, estaba completamente lleno. Se encontraban todos los integrantes de la CPM, además de Alfredo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes de la Comisión Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la misma, y Cipriano García, director del CCT (CPM), que oficiaron de presentadores del informe.

Presentes en el acto estuvieron también el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto; la directora del SPB, Florencia Piermarini; Francisco Mugnolo, procurador penitenciario nacional, y una nutrida cantidad de funcionarios judiciales, municipales, universitarios y gremiales.

La CPM hizo especial hincapié en que no puede tolerarse la tortura en una democracia madura, pidió la pronta aprobación del proyecto de Policía Judicial y tomó el caso de Luciano Arruga como paradigma de la arbitrariedad policial y la inacción judicial, políticas tendientes a su prevención, asistencia o protección. “Este cuadro –acusa el informe– se reproduce por la inactividad y escaso compromiso de los funcionarios judiciales que, en su indiferencia, desatención o complicidad con los torturadores consagran la impunidad.”

“Cada frase que niega la tortura o la naturaliza –dijo a su turno Cipriano García–, cada reclamo de la sociedad de más atrocidades hacia los otros seres humanos nos lleva en una pendiente hacia la barbarie. En Argentina ninguna cárcel sigue el ejemplo del respeto por los derechos humanos. Ningún servicio penitenciario es modelo a seguir ni respeta la ley.”

Poco antes, Pérez Esquivel había señalado que le “preocupa el día después de la presentación del informe. No es una presentación más de un libro: es algo que hace a toda la sociedad, a la conciencia colectiva y a la responsabilidad de las autoridades de la provincia, de la Nación. Porque los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles: si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan”.

Cuando Mariotto recibió el informe se mostró impactado por los datos aportados. Antes, Mosquera se refirió a las propuestas de la CPM para modificar las políticas penitenciaria y de seguridad (ver aparte).

Al cierre, Cañón, dijo que “la tortura es cruel, inhumana y humillante. Es una actividad sistémica, corporativa, realizada por un aparato de poder dentro del Estado. ¿Pero cuánta autonomía tienen estos aparatos de poder? ¿Hasta dónde se admite que esa autonomía exista? ¿Hay pactos de gobernabilidad que consienten que la tortura exista?”.

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