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En la ciudad brasileña de Porto Alegre, las mujeres que son violadas tienen garantizado el acceso a un aborto gratuito en una red de hospitales. La iniciativa debió sortear la resistencia de los médicos que temían que los tildaran de “aborteros” y es parte de un amplio programa de atención a las víctimas de violencia sexual que lleva adelante el municipio. “En lugar de centrar nuestra estrategia en la interrupción de la gestación, pusimos el acento en la prevención de los embarazos no deseados. Así los profesionales quedaron fortalecidos”, destacó Elisabeth Wartchow, titular del programa y directora general del Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre. En una entrevista con Página/12, Wartchow detalló los alcances del programa y reveló cómo lograron implementar la práctica del aborto legal en Brasil a pesar de la oposición de la Iglesia Católica.
–¿Cómo se crearon los servicios de aborto legal en Porto Alegre?
–El proceso comenzó en 1996 cuando un diputado local del PT presentó en la Legislatura un proyecto de ley para obligar al municipio a garantizar el acceso a través del sistema único de salud a la interrupción legal del embarazo que está previsto para todas las mujeres que tengan riesgo de vida o hayan sido víctimas de violación. La ley fue aprobada en el ‘96 y a partir de su sanción se creó en el gobierno municipal un Programa de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.
Por entonces, Wartchow ingresó a la Secretaría de Salud de Porto Alegre para coordinar las políticas de Mujer, Niñez y Adolescencia. Desde ahí se encargó de buscar consensos entre clínicas y maternidades privadas y médicos del sector público para llevar adelante la práctica del aborto legal. “Había un mito muy grande entre los profesionales de la salud de que en el momento en que se implementase la ley todas las mujeres irían a abortar. Temían que los llamaran aborteros”, recordó Wartchow. Al principio aceptaron incorporarse al programa cuatro hospitales del sector público y privado. Actualmente son ocho. “En lugar de centrar nuestra estrategia en la interrupción de la gestación, pusimos el acento en la prevención de los embarazos no deseados. Así, todos los profesionales de la salud quedaron más fortalecidos: ya no estaban trabajando en la cuestión del aborto sino en prevención de los embarazos no deseados”, destacó la brasileña.
Wartchow estuvo de visita en Buenos Aires para exponer en el Seminario Regional sobre Monitoreo de la Atención de las Complicaciones Postaborto en Hospitales Públicos, organizado por el Foro por los Derechos Reproductivos. Participaron de la reunión representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. En el encuentro se concluyó que, aunque varios de los países de la región tienen legislaciones que contemplan situaciones de aborto no punible, como Argentina, sólo en Brasil las mujeres tienen garantizado el acceso a la interrupción del embarazo en esos casos.
En Brasil hay 82 hospitales que brindan servicios de aborto legal. La mayoría de las principales ciudades ofrece esa posibilidad a las mujeres que sufren una violación o a aquéllas cuya vida está en riesgo por la continuidad de un embarazo, las dos causales en las cuales no es punible el aborto. Porto Alegre fue uno de los municipios pioneros en la materia. El Programa de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual empezó a funcionar el 13 de mayo de 1998, justo el Día de la Liberación de la Esclavitud en Brasil. “Como en el movimiento feminista hay muchas mujeres negras militando fue un hecho muy emblemático”, recordó Wartchow.
El programa no se limita al acceso al aborto legal. Las mujeres víctimas de violación reciben anticoncepción de emergencia (si concurren dentro de las 72 horas del ataque sexual) y quimioprofilaxis en enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B y VIH/sida. “Estamos capacitando aprofesionales de 23 unidades de atención primaria para que ellos hagan la primera atención de las víctimas de violencia sexual.
–¿Cómo es el procedimiento por el cual una mujer violada que quedó embarazada puede abortar?
–En 1998 se estableció colocar a las mujeres en un protocolo de atención porque los médicos tenían miedo de que mintieran al solicitar el aborto. Como requisitos se exige que hagan la denuncia del hecho en la delegación municipal de la mujer o en la policía y un examen de un perito médico. Si hicieron la denuncia policial, la traen, si no, tienen que llenar un papel en el que declaran decir la verdad, que quieren una interrupción del embarazo por haber sido violadas. Firma como testigo una persona que no sea del hospital y se la interna. En Porto Alegre hacemos interrupción del embarazo de hasta 20 semanas.
–¿Hubo oposición de la Iglesia Católica al programa?
–Cuando implantamos el programa, hubo una movilización muy grande de la Iglesia Católica. Pero después de ese momento no volvieron a presionar en contra.
–¿Cuántos abortos por violación se realizan anualmente?
–Son menos de los esperados. Cuando el programa fue implementado los médicos estimaban que se iban a atender dos casos por mes en cada hospital. Pero al trabajar también con anticoncepción de emergencia se evitan muchos embarazos no deseados y los números son menores. En 2001 tuvimos 16 interrupciones en Porto Alegre. En 2002, 6. Este año ya hubo 5, tres en el hospital que dirijo.
–¿Está contemplada la objeción de conciencia?
–Hay dos hospitales católicos que no quisieron entrar en el programa. Pero todos los demás que participan de la propuesta asumieron el compromiso de que algún profesional se hará cargo de la operación.
En 2001 el Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que dirige Wartchow, se convirtió en centro de referencia para la atención de menores víctimas de violencia sexual. “Acabamos de hacer un convenio con el departamento médico legal para que las pericias tanto en casos de mayores como de niños y adolescentes se hagan dentro del hospital. Hoy se hacen en el Palacio de Justicia. Además agregamos un equipo jurídico para que en el mismo hospital reciban asesoramiento legal”.
–¿Qué sucede en Porto Alegre con los casos de aborto por riesgo materno?
–Estos casos no traen muchos problemas en los hospitales. Son resueltos por los equipos de las maternidades donde son atendidos. Sólo es necesario que dos médicos certifiquen que la situación es de riesgo y la interrupción es realizada. Normalmente, en Porto Alegre los servicios que más se ocupan de estos casos son los que hacen medicina fetal.
–¿En los casos de malformaciones fetales también está contemplado el aborto?
–La semana pasada iniciamos una discusión con el Ministerio Público para normatizar ese tipo de casos. Se hizo una audiencia pública para discutir esta cuestión en la que participaron todas las maternidades de Porto Alegre, la Secretaría municipal de Salud y la estadual, funcionarios del Ministerio de Salud de Brasil, jueces, fiscales, representantes de todas las iglesias (católicas, evangélicas, islámica, judía), el Consejo Municipal de la Mujer, el Consejo de los Derechos de la Mujer y varias organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la mujer. Como la palabra aborto sigue siendo tabú y es un crimen en Brasil, se propuso que en las situaciones de malformación no se hable de aborto o interrupción de la gestación sino de la anticipación de parto. Es una cuestión semántica. Para los médicos es una manera de protegerse con palabras de que no están haciendo algo criminal.
–¿En casos de anencefalia, por ejemplo, es posible pedir el adelantamiento de parto? –Sí. La verdad es que esa audiencia pública pretende crear una doctrina única en el Ministerio Público porque actualmente depende del criterio de los jueces, que es variable, igual que el tiempo que demoran en resolver. Algunos tardan 48 horas, otros una semana, otros meses y otros ni siquiera contestan. La idea es que a partir de la discusión abierta por la audiencia pública se pueda crear un protocolo para esas situaciones y haya más agilidad en las autorizaciones. El Ministerio Público de Rio Grande Do Sul pretende hacer una discusión mayor y encaminar propuestas a nivel federal. No sé en qué quedarán. Recién estamos empezando.
–¿En qué situación está el debate nacional sobre la despenalización del aborto?
–La discusión se inició en 1991 con un proyecto de ley al que se le han ido haciendo sucesivas modificaciones. Ahora está esperando aprobación de la Comisión de los Derechos de la Familia. Pero hay varios parlamentarios que están en contra. No obstante, existe una gran movilización del movimiento feminista en torno de este tema. Yo soy muy optimista porque asumió en el Ministerio de Salud una gran feminista, María José Araujo, que está a cargo de la coordinación de las políticas de la mujer a nivel federal. Imagino que las mujeres tendrán con ella un apoyo mayor dentro del ministerio en este debate.