Dos reconocidos juristas reclamaron ayer que se abriera el debate en el Congreso por el aborto y se avanzara con la despenalización de esa práctica. Así se pronunciaron los abogados Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), y Nelly Minyersky, directora de la Maestría Interdisciplinaria de Problemáticas Infanto-Juveniles de la Facultad de Derecho de la UBA. Ambos enfatizaron que la Corte Suprema, en su fallo sobre aborto no punible del 13 de marzo, fue más allá de los casos contemplados en el Código Penal y dio argumentos jurídicos de derecho constitucional e internacional para legalizar la interrupción voluntaria de embarazo. Abramovich y Minyersky participaron de una mesa redonda organizada en la Biblioteca del Congreso, en el marco de las acciones por el Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe, que se conmemora hoy.

La actividad fue organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputados y diputadas firmantes del proyecto de ley Interrupción Legal del Embarazo (IVE), que se encuentra silenciado en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. Entre el público, estuvieron varias de las diputadas que impulsan la iniciativa, entre ellas, Juliana Di Tullio, vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria, y Adela Segarra, de esa bancada; María Luisa Storani, del radicalismo; Victoria Donda, del FAP; Virginia Linares, del GEN. Hoy, entre las 16 y las 20, organizaciones que forman parte de la campaña se concentrarán con sus pañuelos verdes frente al Congreso para reclamar también el tratamiento del proyecto.

Ayer, Amnistía Internacional también se pronunció con una exhortación para que el país despenalice el aborto. “Argentina aún adeuda una discusión profunda y seria respecto de la despenalización del aborto. Un fallo reciente de la Corte Suprema sobre aborto no punible significó un paso adelante sumamente relevante, pero aún no es suficiente”, señaló AI, en un comunicado de prensa (ver aparte).

La charla en la Biblioteca del Congreso fue convocada bajo el título: “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Implicancias jurídicas y de salud. Relación con el nuevo Código Civil”. Además de Abramovich y Minyersky, formó parte del panel el cirujano Germán Cardoso, fundador del Movimiento de Médicos Argentinos por el Derecho a Decidir.

Abramovich, quien fue relator especial sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y director ejecutivo del CELS, fue el primer expositor. El del aborto, dijo, “es un debate que trasciende los partidos políticos, que tiene que ver con los derechos humanos, la salud y la justicia social, y la igualdad”. El jurista, especialista en derechos humanos, apuntó que en la sentencia sobre aborto no punible, la Corte debilitó los argumentos jurídicos de los grupos antiderechos, que defienden la criminalización del aborto, como el derecho a la vida, “en general” contenido en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “No establece un derecho absoluto de la vida. No implica un mandato de penalización del aborto”, aclaró. Además, explicó, el máximo tribunal “avanza y dice que ciertos supuestos de criminalización del aborto afectan derechos consagrados en tratados internacionales, en especial el derecho a la igualdad, la autonomía y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y remarcó que “para avanzar en el debate constitucional en la Argentina es interesante ver cómo la Corte Suprema analiza las consecuencias sociales de determinadas regulaciones jurídicas, en condiciones de igualdad de género y de igualdad social. El dato social nos está demostrando que la penalización del aborto no sólo es inefectiva en términos de prohibición, sino que tiene consecuencias perjudiciales, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad materna, la situación de violencia institucional por el sometimiento a las burocracias médicas para acceder a abortos, incluso en los supuestos que la ley establece, más las condiciones derivadas de la clandestinidad del aborto fruto de la prohibición. Estamos en un momento de avances en términos de derechos civiles y sociales y es el momento de generar la discusión sobre la despenalización del aborto en Argentina”, afirmó.

Minyersky consideró que “el derecho es un instrumento que usan todos los sectores misóginos para estratificar y someter a las mujeres a una posición de inferioridad; parece que fuera el último bastión que hay que recuperar frente a un crecimiento en la igualdad de derechos”. La abogada opinó que el aborto “es un problema bioético que debería estar resuelto a favor de la mujer” y destacó que “tenemos un marco legal que nos habilita” a despenalizar y legalizar la práctica.

Cardoso, fundador del Movimiento Argentino de Médicos Argentinos por el Derecho a Decidir, describió la realidad de las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado y que se ven forzadas a interrumpirlo en la clandestinidad. “Las que más sobrellevan la injusticia social y el maltrato son las de los sectores vulnerables.” “El aborto –agregó– es una realidad cotidiana e inevitable, ya que ningún método anticonceptivo es completamente infalible.” Y consideró que el debate en torno del tema “se aleja de la realidad de las mujeres. Se invocan criterios morales y jurídicos mientras la vida de las mujeres pasa a segundo plano”. “Hay que despenalizar el aborto porque las cifras son alarmantes”, siguió. Y recordó algunos datos estadísticos. “En la Argentina hay más de 500.000 abortos clandestinos al año. El 37 por ciento de los embarazos termina en aborto. Estos abortos son la principal causa de mortalidad materna”, enumeró. “El aborto clandestino muestra la inequidad en salud según los estratos sociales, es por eso que debe considerarse la despenalización. Los embarazos no deseados y las muertes por aborto clandestino son una deuda social del Estado con los sectores menos favorecidos de esta sociedad, una deuda que el Estado debe saldar cuanto antes.” Cardoso indicó que, cuando se despenaliza, disminuye la tasa de aborto. En Latinoamérica –precisó–, donde el aborto está penalizado, se realizan 39 abortos cada mil mujeres; en países donde está despenalizado, en cambio, diez cada mil.